sábado, 10 de noviembre de 2012

porfirio daz y gustavo diaz


PORFIRIO DIAZ Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ
La historia es una abstracción. No narra todo lo que acontece en la vida humana, sino únicamente los hechos más importantes, por eso la dificultad principal del historiador consiste en usar los criterios adecuados para esta tarea colectiva, dificultad que se complica aun más cuando se hace historia del presente.
Suele argumentarse que los acontecimientos tienen que alejarse en el pasado para que se pueda comprender su importancia, que si se tiene un panorama suficientemente amplio se puede percibir como unos sucesos influyen sobre otros y como lo que aprecio fundamental en una época determinada pierde importancia en el despliegue del tiempo. Y al revés, lo que en un momento pareció insignificante se vuelve trascendente en perspectiva histórica.
Podríamos tipificar el lapso 1946-1982 como el de la posrevolución. La retórica oficial sigue sosteniendo la vigencia de una revolución cuasi permanente, pero esta posición, de fondo, quiere decir que a partir del alemanismo se ha identificado a la revolución con la modernización y a esta con el desarrollo industrial, lo cual incluso ha llegado a plantear un antagonismo entre industrialización y justicia social.
Antes del alemanismo la revolución era, en el discurso oficial, un equivalente de justicia social. Por otra parte, los problemas que aparecen en el lapso que se menciona, no son ya los del porfirismo sino los originados en las soluciones de la propia revolución: el aumento de la longevidad y el cese de las luchas internas provoca el problema del crecimiento demográfico; la industrialización determina el crecimiento desmesurado de las ciudades; el aumento en el nivel educacional y cultural suscita una opinión publica que demanda perentoriamente mayor democracia política; el desarrollo de las comunicaciones favorece la penetración de los modos de vida norteamericanos, los cuales, a su vez, por contraste, suscitan diversas formas de nacionalismo.
Vale la pena subrayar que en todo este proceso se puede advertir que los factores económicos, políticos, sociales y culturales están inextricablemente unidos y se determinan mutuamente: un fenómeno educativo y cultural como el crecimiento acelerado de las universidades condiciona un acontecimiento político como el del 1968. El proceso de modernización de México durante la época porfiriana tuvo como principales características la negociación de la deuda publica, la captación de capitales extranjeros, el desarrollo de las comunicaciones: de las vías férreas, telegráficas, telefónicas, las mejoras en los puertos; la política de deslinde y colonización de tierras baldías; la organización y crecimiento del sistema bancario, el equilibrio hacendario, la abolición de las alcabalas; la ampliación de la planta industrial; la negociación diplomática para consolidar los límites fronterizos del país, la dotación de servicios y construcción de edificios públicos; la creación de instituciones educativas, científicas y culturales, fueron las tareas fundamentales que asumió el régimen porfiriano.
Ahora bien, ese proceso de modernización, en su conjunto, se dio en el contexto de una poderosa expansión del capitalismo mundial. La dependiente economía mexicana creció mucho, pero de una manera desequilibrada, con costos sociopolíticos negativos.
Se instauró definitivamente la preeminencia del poder ejecutivo; el capital extranjero tomo el control de la economía; se crearon enormes latifundios que expoliaron tierras de pueblos y de campesinos; se reprimió violentamente a las comunidades indígenas que se defendieron de la sustracción; las organizaciones obreras no contaron con un respaldo jurídico que les garantizara, ni en mínima escala, la salvaguarda de sus derechos.
La participación política se fue estrechando paulatinamente, y la habilidad negociadora del gobierno porfirista no impidió la crudeza de la persecución a los opositores políticos. Las constantes reelecciones de Díaz se correspondieron con el crecimiento de un estado oligárquico que no fue capaz de adecuarse a las necesidades sociales y políticas que su proyecto de desarrollo había producido. Las clases medias y la burguesía nacionalista exigían una participación en la conducción del estado.
El aniquilamiento formal del estado porfiriano provocó un vuelco profundo de la sociedad mexicana. La violencia fue la única vía para modificar los mecanismos estatales que sacrificaron la actividad democrática al progreso económico. Así como la reelección se volvió "forzosa" -expresión de Justo Sierra-, la revolución se hizo inevitable.
"Héroe epónimo", "tirano", "César zapoteca", "el dictador más absoluto de su tiempo", "constructor del México moderno", son epítetos aplicados a Porfirio Díaz, algunos de los cuales han demonizado su tránsito por la historia mexicana.
"Apóstol de la democracia", "nuevo Juárez", "revolucionario incorruptible", "reformador burgués", son calificativos asignados a Francisco I. Madero.
Pero la historia no admite cortes arbitrarios que separen radicalmente la continuidad de su acontecer. De esa sociedad y de ese proyecto de desarrollo porfirianos nacieron la sociedad y el proyecto revolucionarios.
En pleno ascenso del capitalismo financiero internacional, en la época de un implacable imperialismo europeo que se apoyaba en estados nacionales centralizados, en los que el "antiguo ideal federal había caído en descrédito y una revolución técnica estaba transformando los fundamentos económicos de la sociedad europea y norteamericana", el "orden y el progreso" mexicanos respondían a la inevitable modernización del país que había de llevarse a cabo de acuerdo a las onerosas condiciones que el gran capital y tecnología extranjeros habrían de imponer; condiciones que la clase gobernante no podía evitar sin su proyecto económico, liberal y oligárquico, que haría entrar a México en el "concierto de las naciones civilizadas Pero no sólo intentaba el gobierno nacional terminar con los "facinerosos" sino prácticamente con toda oposición política. El plan tuxtepecano que en 1876 había apelado a las libertades democráticas, al sufragio, a la acción en las cámaras, al apoyo de la prensa oposicionista, a la formación de clubes y grupos políticos, había agotado su utilidad. Para enfrentarse al estado nacional presidido por Juárez y Lerdo, los tuxtepecanos participaron forzosamente del fortalecimiento de las oligarquías locales; por ello Díaz no se pudo imponer en 1880 y se vio obligado a auspiciar la sucesión de Manuel González. No obstante, ya en 1888, podía reelegirse por segunda vez y hacerlo como candidato único. El ejecutivo federal ahora amenazaba, negociaba, triunfaba con el apoyo de los beneficiarios de los primeros doce años de Porfiriato.
En 1886 habían sido aplastados los levantamientos del general Miguel Negrete y el del general Trinidad García de la Cadena, en Zacatecas. La muerte de este renombrado militar fue seguida de muchos fusilamientos y persecuciones. "Después de la hecatombe de Zacatecas quedó hundida la República en una especie de sopor o indiferencia" -dice Ricardo García Granados- espléndido historiador del Porfiriato.
La tranquilidad política que reinaba en 1887 había sido impuesta, entre otros medios, por una buena dosis de terror, pese a que en ese año Díaz había declarado que no inauguraría una época de intolerancia y persecución.
Porfirio Díaz se pronunciaba por la paz y el trabajo, ante los manifestantes que desplegaban su repudio a la reelección. Cuando Porfirio Díaz, Don Pérfido, de 58 años de edad, se entronizaba por tercera vez en la presidencia y tenía a su favor una obra política y económica de gran dimensión: Se instauraba la era del gobierno personal, personalísimo del general Díaz. Ya habían aparecido en escena los agentes del financiamiento director del capital extranjero y la inversión adicional para maniobrar y colocarse por encima de los intereses regionales.
La inversión directa norteamericana crecía en México y las importaciones de ese país hacían lo mismo. En 1877 representaban el 25% del total importado y en 1888 el 50%.
El gobierno porfirista estaba consciente de la necesidad de apelar a los intereses económicos europeos para contrapesar la influencia dominadora del expansionismo norteamericano. Entonces los representantes de las finanzas públicas mexicanas hacían gestiones en Alemania, pues ciertamente un acontecimiento relevante, acaecido entre 1867 y 1881 en Europa, había sido el surgimiento de Alemania como centro militar hegemónico, de tal suerte que Berlín quitó a París el foro de las grandes decisiones diplomáticas.
Comenzó a lo grande la fundación de compañías, como la de Corral y Torres, mineras; como las deslindadoras y colonizadoras, como las constructoras de ferrocarriles, como las de telégrafos y otras.
El imperio del trust, de las grandes compañías de responsabilidad limitada, se hallaba en pleno crecimiento. Estas organizaciones ejemplificaban el proceso técnico industrial que había desplazado la vieja empresa de "tipo familiar", mediante la reunión de cientos de accionistas en una gerencia centralizada que podía alcanzar capacidad de decisión sobre regiones muy distintas de su casa matriz. No es fortuito, pues, que en México, en 1888, se haya expedido la Ley de Sociedades Anónimas.
En ese año se constituyeron en Londres las compañías Interoceanic Railway of México Ltd. y la Mexican Southern Railway Ltd. para explotar las concesiones financieras que el grupo norteamericano Grant y War había dejado inactivas.
También se firmó un contrato para la construcción de un ferrocarril que debía correr entre Oaxaca y Tuxtepec y para tal efecto se pidió un empréstito de 2 millones 700 mil libras esterlinas.
Despuntaba el mes de marzo cuando quedó abierta al público la línea del Ferrocarril Internacional que corrió de Piedras Negras a Torreón, y entroncó con la del Central, lo cual hizo cambiar todo el sistema postal de Nuevo León y Coahuila.
La organización del correo en México comenzaba a dar generosos frutos.
Díaz pudo afirmar en 88 que la red ferroviaria nacional contaba con 7,500 kilómetros y que 950 kilómetros se habían agregado a la red telegráfica que, a la sazón, tenía ya 18,000 kilómetros.
Para mejorar la comunicación por mar, se celebró un convenio con John C. Furman, que pretendía establecer una línea de vapores que haría dos viajes redondos mensualmente de Nueva York a Progreso, pudiendo tocar Veracruz.
Se estableció el cobro del 2% sobre derechos de importación en todas las aduanas marítimas y fronterizas para mejorar los puertos.
El gobierno se preocupó por enviar un representante a la Conferencia Internacional de Bruselas sobre tarifas aduanales. Los derechos de importación eran materia delicada y el gobierno debía establecer su estrategia arancelaria tomando en cuenta que la economía del país dependía del capital y la maquinaria extranjera.
Se firmaron entonces los tratados de amistad, comercio y navegación con Inglaterra y Ecuador.
Proteccionismo y librecambismo polemizaron en el marco de una economía que crecía desequilibrada y dependiente.
Campesinos y ganaderos en muchas ocasiones contrapuntearon sus intereses, según la región, según su capital y vínculos económicos. La aprobación de los impuestos a las importaciones no convenía a los trabajadores urbanos que resentían la inflación en los precios, provocada por la prohibición de importar libremente productos de consumo básico.
Las exportaciones mexicanas habían aumentado de 1887 a 1888 de 40 a 67 millones de pesos y las importaciones de 49 a 76 millones.
En el mismo lapso la producción agrícola exportada había duplicado su valor; de 10 a 20 millones de pesos. Sin embargo, la producción de básicos, maíz, frijol, trigo y chile había permanecido estancada por un decenio.
Al mismo tiempo y en estrecha relación con la diversificación de tipos de producción agrícola, se llevaba a cabo una profunda y antipopular transformación de la tenencia de la tierra. Una verdadera reforma agraria se practicaba con base en la Ley sobre deslinde y colonización de terrenos baldíos, cuya aplicación llevó a la formación de grandes latifundios y a la expoliación de pueblos y pequeños propietarios. Se intentaban determinar los límites de los terrenos baldíos o nacionales: medirlos, deslindarlos, fraccionarlos y valuarlos para establecer en ellos comunidades de colonos.
Esta política presuponía la confianza de la clase gobernante en que la "raza" mejoraría a través de un nuevo mestizaje cultural y, en el mejor de los casos, de sangre.
Para hacer operativa esta Ley expedida en 1883 y obra del ministro de Fomento, Carlos Pacheco, se formaron comisiones de ingenieros que bajo la modalidad de "compañías deslindadoras" resultaron en la mayoría de los casos, consorcios acaparadores de tierra en la que un insignificante porcentaje de colonos se asentó.
La Ley estipulaba que las fracciones de tierra no debían exceder en ningún caso a las dos mil quinientas hectáreas, siendo ésta la mayor extensión que podría adjudicarse a un solo individuo mayor de edad y con capacidad legal para contratar.
Las siguientes cláusulas definieron las condiciones en las que los terrenos aludidos podían ser cedidos a los inmigrantes extranjeros y a los nacionales que quisieran establecerse en ellos como colonos:
I. En venta, al precio del avalúo, hecho por los ingenieros y aprobado por la Secretaría de Fomento, en abonos pagaderos en diez años, comenzando desde el segundo año de establecido el colono.
II. En venta, haciéndose la exhibición del precio al contado, o en plazos menores que los de la fracción anterior. lll. A título gratuito, cuando lo solicitare el colono: pero en este caso la extensión no podrá exceder a cien hectáreas, ni obtendrá el título de propiedad sino cuando justifique que lo ha conservado en su poder y lo ha cultivado en todo o en una extensión que no baje de la décima parte durante cinco años consecutivos".
Se estipuló que los colonos que se establecieran en la República gozarían por diez años, contados desde la fecha de su asentamiento, de los siguientes privilegios:
I. Exención de servicio militar.
II. Exención de toda clase de contribuciones excepto las municipales.
Ill. Exención de los derechos de importación e interiores a los enseres, donde no los hubiere, instrumentos de labranza, herramientas, máquinas, materiales de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales de cría o de raza, con destino a las colonias.
IV. Exención personal e intransmisible de los derechos de exportación a los frutos que cosechan.
V. Premios por trabajos notables, y primas y protección especial para la introducción de un nuevo cultivo o industria.
Vl. Exención de los derechos de legalización de firmas y expendio de pasaportes que los agentes consulares otorguen a los individuos que vengan a la república con destino a la colonización, en virtud de contratos celebrados por el gobierno con alguna empresa. También estableció esta Ley los beneficios que obtendrían las compañías que contrataran con el gobierno el transporte a la República y el establecimiento en ella de colonos extranjeros:
I. Venta a largo plazo y módico precio de terrenos baldíos o propiedad nacional, con el exclusivo objeto de colonizarlos.
II. Exención de contribuciones, excepto la del timbre, a los capitales destinados a la empresa.
Ill. Exención de derechos de puerto, excepto los establecidos para mejoras; en los mismos puertos a los buques que por cuenta de las compañías conduzcan diez familias, por lo menos, de colonos a la republica.
IV. Exención de derechos de importación a las herramientas, maquinas, material de construcción y animales de trabajo y de cría, destinado todo exclusivamente para una colonia agrícola, minera o industrial, cuya formación haya autorizado el ejecutivo.
V. Prima por familia establecida y otra menor por familia desembarcada; prima por familia mexicana establecida en colonia de extranjeros.
Vl. Transporte de los colonos, por cuenta del gobierno, en las líneas de vapores y de ferrocarriles subvencionadas".
Finalmente, al igual que para el caso de las compañías ferrocarrileras, se estableció que las compañías extranjeras de colonización se considerarían siempre como mexicanas. Así se expresaba la convicción de que la gran riqueza natural del país, aunada a la inversión del capital y a la inmigración extranjeras y al mantenimiento del "orden" a toda costa, llevarían irremediablemente a la prosperidad nacional.
Pero si, como la historia demostró, la política de colonización del porfiriato fue un fracaso, lo que sí se consiguió fue agudizar el proceso de desnacionalización de la economía.
Ya en 1888 daban voces los críticos de las concesiones a extranjeros y señalaban que era escandalosa la otorgada en tierras bajacalifornianas al "aventurero" Luis Huller. Un año después otros se indignaban por el contrato establecido por el gobierno federal con Jorge T. Walker para fundar tres colonias industriales con el objeto de fabricar lo necesario para la construcción de vías férreas. El gobierno quedaba "obligado a vender hasta siete sitios de ganado mayor de los terrenos baldíos que se deslindaran en los estados de Sinaloa y Durango". Se concedía al contratante exención de impuestos directos e indirectos al capital invertido por 20 años y de derechos de portazgo.
A muy alto precio el estado porfiriano pretendía desarticular lo que del orden agrario colonial había subsistido a las medidas liberales. También fue en 1888 cuando el general Carlos Pacheco dispuso que los jefes de Hacienda promovieran el reparto de los ejidos y los terrenos de común repartimiento entre los vecinos de los pueblos.
A luchar por la subsistencia de sus comunidades se orilló a algunos de éstos.
En cuanto a los indígenas, lo que el régimen pensaba no era distinto de lo que el general Cervantes escribía a Porfirio Díaz después de hacer un reconocimiento de los pueblos yaquis: "Los indios en general, y muy especialmente los yaquis son por el carácter étnico de raza, refractarios a todo progreso, y este defecto se acentúa mas ahora que, vencidos, tienen la creencia de que el gobierno al hacerles la guerra, cedió al deseo de expropiarles sus terrenos..."
Tras este juicio el mismo general recomendaba convertir la zona yaqui en colonia militar y fijar las garantías y franquicias para que la "gente de razón" convirtiera esas "regiones eriales y desiertas en fuente de riqueza".
Esta política de colonización no difería demasiado de la seguida en ese tiempo por los europeos quienes, en casi todas las zonas africanas de las que se apoderaron, intentaron terminar con los alzamientos de tribus, mejorar las comunicaciones y servicios e implantar medidas de salubridad.
Por ejemplo, el proyecto de Cervantes consideraba que se debía dar a cada "colono de razón o indio que se establezca en ese perímetro del pueblo con sus tres hectáreas, sin perjuicio de concederles fuera de este perímetro igual y aún mayor cantidad, según sus elementos y hasta fuera del proyecto de irrigación de los canales, algunas posesiones especiales, siempre que el terreno sea nacional; pero como premio a los colonos que además de tener elementos sean trabajadores y den toda seguridad para que puedan vivir aislados [...]"
Asimismo señalaba la conveniencia de instituir un financiamiento apropiado para los colonos, de tal suerte que éstos fuesen quienes de manera sustancial hicieran su propia defensa militar:
"La dotación de 50 centavos por jefe de familia, y por espacio solo de un año, nos daría por 500 familias, un costo de $250 diarios, o sean $91,250 al año; es decir menos de lo que costarían 500 soldados vestidos y sin otro objeto que estar en los cuarteles para pelear con un enemigo que no se presenta [...] Si pensamos que por espacio de un año también se socorre a 2,000 familias de indios a razón de 30 centavos diarios, tendremos $600 diarios o sean $219,000 al año, que unidos a $91,250 de las 500 familias, forman un total hasta aquí de $310,250.
Debemos tomar en consideración para llegar al máximo de los gastos extraordinarios que indica el memorandum del señor general Cervantes aumentar $100,000 que aproximadamente podrán importar los teléfonos, telégrafos, toma de agua y acueductos [...]
El gobierno procedía con los yaquis a base de negociación y guerra de exterminio según lo exigiera la defensa bélica que los indígenas pudieran poner en ejercicio para salvaguardar su territorio: "sería bueno uncir a la energía de las operaciones militares cierta política y benevolencia", recomendaba Romero Rubio; pero una y otra vez los yaquis fueron hostigados.
En 1888 la modernización alcanzó a trazar y fraccionar los pueblos de Torin, Cócorit y Bácum.
Al finalizar el segundo periodo presidencial de Porfirio Díaz se habían extremado las medidas para reprimir indios y remisos y castigar a los perturbadores de la paz. La campaña de Yucatán contra los indígenas mayas estaba en pleno vigor.
No sólo bandoleros, como ya se ha dicho, no sólo indios levantiscos había que someter: hasta las corridas de toros y las peleas de gallos fueron prohibidas en varios estados de la República para evitar disturbios.
Mas si los espectáculos populares se cancelaban, a cambio se abrían las sucursales del Banco Nacional de México en Oaxaca y Veracruz y se creaba el Banco de Chihuahua. A la vez se establecía un contrato para establecer en Orizaba un Banco Agrícola, Industrial y Minero que debía denominarse Banco de Veracruz Limitado. También se hace un contrato para fundar el Banco Yucateco.
El sistema Bancario se transformaba y ampliaba. En el 88 el Banco Hipotecario Mexicano fue adquirido por las casas norteamericanas H. B. Hollins y Robert Colgate y se convirtió en el Banco Internacional e Hipotecario de México. El Nacional de México había nacido ese mismo año de la reorganización que sufriera el Banco de Londres, México y Sudamérica y había aumentado su capital en un millón de pesos.
La reelección del presidente de la República tuvo su correspondencia política regional en la reelección de gobernadores y diputados. De éstos últimos muchos fueron reinstalados en su curul, pero por un distrito diferente al que antes habían representado.
La imposición de tan dudosos representantes populares y de burócratas no oriundos de la región donde operaban provocó frecuentes descontentos.
En 1888 se suscitó un motín en Pochutla, Oaxaca, como protesta contra la imposición de empleados federales y locales en el distrito.
Los jefes políticos fueron, en general, una instancia gubernamental odiada popularmente.
Emilio Rabasa describe en su novela La guerra de tres años, algunas de las características más representativas de un jefe político, quien creía que el distrito era suyo y que nadie podía desobedecerlo. Además muchos de estos jefes odiaban "a los alzados del pueblo que le negaban facultades omnímodas; y como liberales aborrecían al cura, a la iglesia y a los beatos de la "vela perpetua". Narra que el juez del pueblo andaba de acuerdo con el jefe; que "el Ayuntamiento era todo hechura del jefe, el agente de Correos y del Timbre procuraban no meterse con nadie y el pueblo era rojo el 5 de mayo y muy religioso el viernes santo".
Como es sabido, los jefes políticos eran pieza fundamental del mecanismo que permitía al poder ejecutivo federal ejercer control no sólo sobre la población de las entidades federativas sino sobre los gobernadores, quienes en muchas ocasiones tenían que vérselas con verdaderos enemigos que fungían como jefes.
Las tensiones entre estos funcionarios públicos podían llegar a ser insoportables. Tal fue el caso de la sonada riña entre el gobernador de Zacatecas y un jefe del mismo lugar, entablada durante el banquete oficial para conmemorar el 5 de Mayo. Las diferencias fueron dirimidas a golpes, con el consecuente escándalo de prensa.
Pero no todo era violencia, con afán civilizador se expidió el 25 de mayo de ese año la Ley Sobre Instrucción Primaria Obligatoria en el Distrito Federal y en los Territorios de Baja California y Tepic.
También se reconoció la necesidad de reformar el sistema de preparación de profesores, por lo cual se pidió a los gobiernos de los estados que enviaran alumnos a la Escuela Normal.
La tendencia liberal jacobina del estado se iba debilitando y el positivismo evolucionista de finales de los 80 del siglo pasado en México ya no pretendía entablar un combate encendido contra la Iglesia. La evolución política había entregado el cetro a la evolución económica, como bien justifica históricamente Juan Felipe Leal.
Diez días antes de haberse expedido la citada Ley, el Papa León Xll, al despedir a la comisión mexicana que lo había visitado en Roma con ocasión de las bodas de oro del pontífice, hizo votos por el pronto restablecimiento de las relaciones entre México y el Vaticano.
Ninguna declaración hizo al respecto el gobierno liberal mexicano y pronto conoció la celebración del arzobispo de Guadalajara y el edicto que en el mes de julio expidió el arzobispo de México, en el cual convocaba a una misa solemne para expiación de las almas del purgatorio. Más tarde, en el mes de agosto, el obispo de Querétaro escribió una pastoral sobre la santificación de las fiestas y la necesidad de extender la enseñanza de la doctrina cristiana.
Negociación entre Iglesia y Estado era la consigna, lo cual tenía su lógica, pues la política de León Xlll representaba una apertura a la cultura contemporánea y un reconocimiento a los problemas sociales de su tiempo. En sentido inverso a los efectos de la Encíclica Syllabus, obra del Papa Pío IX, que provocó que los católicos liberales de la Alemania de Bismarck se rebelaran al Papa, la aparición de la Rerum Novarum permitió una reconciliación entre quienes preferían una alianza con el Vaticano con la finalidad, entre otras, de frenar el proceso político socialista.
El Papa León Xlll abrió los archivos del Vaticano a especialistas reconocidos en la convicción de que un análisis más hondo lograría "reducir las discrepancias religiosas y racionalistas de la historia".
Paralelamente a este fenómeno se editó la espléndida obra México a través de los siglos, paradigma de trabajo histórico y de conciliación ideológica. Vicente Riva Palacio, el destacado liberal, reivindicaba la historia colonial y la obra en su conjunto integraba la historia de México en una explicación comprensiva.
En ese año Emilio Rabasa publicó las novelas El cuarto poder y Moneda falsa, mientras Agustín de la Rosa sacaba a la luz La instrucción en México durante su dependencia de España, y Rafael Reyes Espíndola ponía a la venta el primer número del importante y conservador diario El Universal.
En el mismo año de 1888 se creó en México el Instituto Antirrábico y el Médico Nacional. Los representantes del país asistieron a la Asamblea Geodésica Internacional y la Comisión Geográfica Exploradora preparaba la Carta General de la República.
Se fundó la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; se creó la Academia Náhuatl, la de Jurisprudencia y Legislación. Se instituyó una inspectoría para monumentos arqueológicos.
Se recibieron invitaciones para conmemorar el Cuarto Centenario del descubrimiento de América y para asistir, en 1889, a la Exposición Internacional en París.
Los obreros se organizaban: estalló una huelga que duró 18 días del mes de julio, en la fábrica de casimires "La Victoria" porque se les habían rebajado los salarios a los trabajadores.
Por esas mismas fechas se fundó la Suprema Orden de Empleados del Ferrocarril Mexicano y el gobierno ofreció protección especial a la Escuela Nocturna de Obreros.
Se dio impulso a las obras del desagüe del Valle de México; se aumentó la planta de aduanas marítimas y se concluyeron los edificios principales de la Aduana de Santiago Tlatelolco.
El sistema aduanal y la fijación de límites provocaba problemas fronterizos con los dos países vecinos. Se intentaba llegar a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para impedir el paso de tropas que supuestamente perseguían forajidos y al revés, para impedir que éstos fueran protegidos a uno u otro lado de la frontera norte.
Las pretensiones anexionistas norteamericanas no estaban totalmente muertas, de tal suerte que el cuidado de la frontera era prioridad nacional, toda vez que para lograr el reconocimiento del gobierno norteamericano, el de México hubo de autorizar la adquisición de bienes en la zona fronteriza a particulares norteamericanos.
Por ello, con cierta urgencia y desconfianza, se tramitaba la aportación económica correspondiente al gobierno norteamericano para que, por partes iguales, los dos países financiaran el restablecimiento de los monumentos que marcaban la línea divisoria.
También se planeaba una convención para controlar el paso de ganados a ambos lados de la frontera y se promovía la revisión del Tratado de Extradición, firmado entre México y Estados Unidos en 1887.
A mediados de la década de los 80, ese país tenía una población de más de 50 millones, mayor que cualquier potencia, salvo Rusia. Era también uno de los tres principales exportadores de maquinaria, pese a que el vigor de su aparato industrial le permitía dejar en casa buena parte de la producción. Gran exportador de granos, acumulaba oro cuando la plata era desplazada como patrón del sistema monetario internacional.
Además, la distensión de los conflictos europeos a partir de 1878 y hasta principio del siglo XX, permitió una penetración capitalista ágil en Asia y Africa, lo que no limitó su acción en Latinoamérica. En 1888 México contaba con 11,490,830 habitantes y con un incipiente desarrollo industrial que dependía de bienes de capital y financiamiento directo.
La frontera sur también causaba problemas y se negociaba para llegar a un acuerdo definitivo en cuanto a los límites con Guatemala.
Acotar los límites geopolíticos del país era esencial para el gobierno nacional en el entendimiento de que estos límites estaban vinculados a un proceso económico mundial.
Durante el año fiscal 1887-88 la Tesorería General recibió 23,349,028.79 pesos y la existencia de numerarios al 30 de junio del 88 era de $202,492.90. Pero los ferrocarriles seguían construyéndose: "El Central abrió al servicio público el tramo de Irapuato a Guadalajara: el Nacional Mexicano continuaba sus trabajos por ambos extremos de la línea que debía unir Saltillo con San Miguel de Allende; en breve comenzarían los trabajos del ferrocarril de Colima; se recomenzaron los trabajos del Ferrocarril Interoceánico de Yautepec, rumbo al estado de Guerrero hasta llegar a Acapulco; la misma Compañía continuaría la línea de México a Puebla y el ramal de Cuernavaca. Los ramales de Hidalgo, Yucatán y otros habían adelantado.
A las 10 horas de la mañana del 1 de diciembre de 1888 Porfirio Díaz protestó por tercera vez como Presidente de la República.
Su gabinete no sufrió modificaciones. La cartera de Relaciones la ocupó el Lic. Ignacio Mariscal; la de Gobernación, Manuel Romero Rubio; la de Justicia, el Lic. Joaquín Baranda; la de Fomento, el general Carlos Pacheco; la de Hacienda, el Lic. Manuel Dublán y la de Guerra, el general Pedro Hinojosa.
1888 dejó marcada la ruta fundamental que el porfiriato había de seguir. La dictadura del poder ejecutivo se había consolidado. Tiempo políticamente autoritario que oscilaba entre la negociación paternalista y la represión, que no obstante toleraba ocasionalmente la critica política y la disensión. Tiempo de gran transformación socioeconómica y progresiva inamovilidad política. El formal respeto por la Ley no obstaculizaba su violación consuetudinaria.
El poder delegado y concentrado en la voluntad del estadista Porfirio Díaz, lo hizo parecer insustituible. En Palacio Nacional se jugaban por igual el destino del estado mexicano, las más humildes demandas de un campesino anónimo y la alternativa, constantemente frustrada, de democratización del País.
En 1888 hubo inundaciones en León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, Aguascalientes y Lagos. Cayó una manga de agua en Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo; otra de langosta cayó en el Distrito de la Unión, Guerrero. Se anegó la ciudad de México, y el ciclón que llegó a Veracruz en septiembre cubrió de agua Tlacotalpán, Coatzacoalcos y Medellín.
Pero pasadas las no tan fuertes tempestades políticas que suscitó la posiblemente indefinida reelección de Díaz, diciembre cerró con un crepúsculo queretano notable por su belleza y raro por haberse verificado durante el rigor del invierno y bajo una agradable y tibia temperatura".
Tranquilo y bello se veía el valle de México, visto desde el Olivar; quieto para siempre en la tela que pintó José María Velasco en 1888.
En la década de los 60 se advierte un abandono de las posiciones nacionalistas y un prurito de sustentar un cosmopolitismo e insertar la cultura mexicana en el ámbito internacional.
Sin que nadie lo advirtiera de manera expresa, a mediados de la década de los sesenta, los intelectuales llegaron a constituir un grupo de poder, pues usufructuaban los medios de información, escribían en los suplementos y revistas culturales, manejaban Radio Universidad, que era casi única en su género, estaban insertos en las editoriales y eran protagonistas del renacimiento teatral. Pero sobre todo, muchos eran profesores universitarios con disposición para formar la opinión de los jóvenes profesionistas.
Esta dosis de poder estaba complementada por el crecimiento espectacular de la población en los niveles de la enseñanza superior. La población de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llegó a crecer a principios de la década de los setenta hasta los 300 mil alumnos, contando a los de bachillerato. No en tan extraordinaria cantidad pero sí también de manera apreciable en el Instituto Politécnico Nacional con nuevas instalaciones en Zacatenco, la Escuela Nacional de Maestros y aun las universidades privadas participaron en este proceso expansivo sin que se le sumaran todavía de manera apreciable las instituciones de provincia. Pero en conjunto sí constituían para esa fecha cerca de un millón de alumnos.
Semidesintegrados los partidos de oposición, desactivado el movimiento obrero por el control gubernativo de las centrales y por el sistema de palo y torta, era este el momento de los grupos de presión, y correspondió a los intelectuales, los profesionistas y los estudiantes plantear los más álgidos problemas políticos del sexenio diazordacista.
Desde los primeros días de su gobierno el presidente Gustavo Díaz Ordaz se enfrentó a un movimiento laboral de los médicos internos del ISSSTE. En él, hubo demandas de aguinaldo y otras prestaciones, despidos masivos, paros, solidaridad de otras instituciones de salud, formación de una Asociación Mexicana de Médicos Residentes, AMMRI, gremio que proclamó su independencia en relación a la central de trabajadores del Estado, FSTSE. Es decir, por un lado demandas laborales y por otro independencia sindical. El gobierno ejerció presiones en forma de despidos y persecución de algunas personalidades médicas que apoyaron el movimiento. Fracasó una huelga y se reestableció la disciplina, firmándose los contratos de trabajo con la FSTSE. El movimiento tuvo una peculiaridad que se repitió después con consecuencias funestas: como el gobierno no le dio una pronta solución, se prolongó desde diciembre de 1964 hasta junio de 1965. Había un adagio irónico respecto de la política que se atribuía a Ruiz Cortines: “los problemas viejos no se resuelven y los nuevos se dejan envejecer”. La poca celeridad de este gobierno en la solución de los conflictos políticos fue uno de los factores determinantes de la crisis de 68.
En este mismo primer semestre de 65 se planteó otro problema con los intelectuales. La benemérita editorial Fondo de Cultura Económica publicó la traducción de un libro del antropólogo norteamericano Oscar Lewis titulado Los hijos de Sánchez, que era una variante de la antropología de la pobreza, género entonces muy en boga. Era una investigación sobre algunas familias pobres de la ciudad de México, emigradas de Tepotzotlán. Más que de una elaboración teórica se trataba de testimonios minuciosamente recogidos.
El gobierno consideró que el libro desprestigiaba a México y se valió de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que lo consignó a la Procuraduría General de la República. Naturalmente no había ninguna base jurídica para hacerlo y así lo dictaminó la Procuraduría. Sin embargo, Arnaldo Orfila Reynal fue removido de su puesto como director de la editorial, la cual vendió los derechos de edición de la obra a la Editorial Joaquín Mortiz. Por lo demás, el libro circuló libremente, pero el mal ya estaba hecho.
El Fondo de Cultura Económica gozaba de un prestigio internacional y la remoción no sólo de Orfila sino de los miembros de su equipo produjo una pésima impresión en los países latinoamericanos, pues se dijo con razón que en México se perseguían las ideas. Por su parte los intelectuales mexicanos se reagruparon y fundaron la Editorial Siglo XXI, a la cabeza de la cual se nombró a Orfila. Esta editorial funcionaría con igual éxito, se dedicó a publicar sobre todo libros contestatarios.
En 1966 hubo un conflicto universitario de grandes proporciones. El rector Ignacio Chávez, que había transformado la UNAM para adaptarla a las nuevas circunstancias, y que había salido vencedor de muchas crisis, fue vejado junto con los directores de facultades y escuelas por un grupo de huelguistas de la Facultad de Derecho que se apoderaron por la fuerza del edificio de la rectoría.
Se hablaba de instigación proveniente del gobierno porque, estando cerrado el plantel de Derecho de Ciudad Universitaria, Chávez había intentado reabrirlo en uno de los antiguos edificios del centro de la ciudad, pero no recibió el apoyo de la fuerza pública. El rector había expulsado al grupo de huelguistas encabezado por el estudiante Sánchez Duarte, hijo de un connotado político; después de la vejación Chávez renunció y las autoridades siguientes levantaron las expulsiones. El triunfo de los huelguistas con apoyos políticos sobre la personalidad intelectual y moral del doctor Chávez hizo pensar que el gobierno no era ajeno a ello y significó un grave quebrantamiento de la disciplina.
Apenas un año y medio después, en julio de 1968, hubo otro conflicto más grave todavía por las proporciones que adquirió y porque tuvo lugar la víspera de la celebración de los juegos de la XIX Olimpiada, cuya sede había ganado el gobierno de López Mateos para México. Por primera vez este evento se realizaría en un país de América Latina.
El 26 de julio de ese año, con motivo de la conmemoración de la Revolución Cubana, hubo algunas algaradas callejeras en las que participaron varios estudiantes, muchos de los cuales no eran de la UNAM sino de preparatorias privadas situadas en el centro de la ciudad, así como de las vocacionales del Politécnico. Algunos sujetos no identificados quemaron unos camiones y finalmente los revoltosos se refugiaron en el plantel número uno de la Escuela Nacional Preparatoria, situado en la calle de San lldefonso. Allí, sitiados por la policía y el ejército, la maciza puerta colonial del edificio fue derribada con un tiro de bazuka. La Universidad alegó violación de la autonomía y los estudiantes suspendieron labores.
El rector Javier Barros Sierra encabezó una gigantesca manifestación de protesta y el paro cundió en los más importantes centros de enseñanza superior, el Politécnico, la Normal de Maestros y hasta en universidades privadas como la Iberoamericana. El movimiento se prolongó porque el presidente Díaz Ordaz no asumió ninguna medida para dar satisfacción a la protesta y en su informe anual del primero de septiembre lanzó un severo regaño contra los estudiantes.
Estos se organizaron en un Consejo Nacional de Huelga (CNH) y realizaron varias manifestaciones multitudinarias en el centro de la ciudad; se dijo que alguna había reunido más de un millón de personas. También organizaron brigadas que visitaban las fábricas y centros de trabajo para incitar a los trabajadores a que se les unieran, lo que no ocurrió en la mayor parte de los casos. Los profesores también organizaron una Coalición encabezada por el ingeniero Heberto Castillo y el filósofo Eli de Gortari. José Revueltas se incorporó al Comité de Lucha de la Facultad de Filosofía y Letras. En realidad los profesores apoyaron el movimiento y muchos participaron en las manifestaciones.
La represión no se hizo esperar, las brigadas eran arrestadas e incluso se detenía a cualquier joven que usara barba. En septiembre el ejército ocupó los planteles de la Universidad y del Politécnico efectuando cientos de arrestos, incluyendo el de una directora de facultad, que presidía un examen profesional. Pero la ocupación militar no pudo descabezar el movimiento porque el CNH no pudo ser arrestado y continuó sus actividades esparcido por toda la ciudad. Después de doce días el ejército desocupó los planteles, lapso en el que la Junta de Gobierno se había negado a aceptar la renuncia del rector, en la que éste denunciaba la ocupación ilegal.
Posteriormente el movimiento entró en su recta final porque en octubre se iniciaban los Juegos Olímpicos. El 2 de octubre el Comité Nacional de Huelga convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en presencia de todos los enviados de la prensa internacional que habían venido a cubrir la Olimpiada. El ejército, la policía y una corporación especializada denominada "Batallón Olimpia" irrumpieron en la escena y se suscitó una balacera contra uno de los edificios de ese centro habitacional.
Aunque los estudiantes no iban armados, la balacera duró dos o tres horas y hubo cientos de heridos y muertos, cantidad que tampoco se ha querido precisar nunca. Asimismo se arrestó a cientos de personas; aparte de los estudiantes entre los heridos estaba un general, algunos policías y soldados.
Después el silencio. Las actividades escolares continuaron suspendidas hasta después de las Olimpiadas, que se iniciaron el 12 de octubre. Tras una urgente exhortación del rector Barros Sierra, los estudiantes volvieron a las aulas. Cientos de estudiantes y profesores permanecieron en prisión durante dos años y medio.
El movimiento había durado prácticamente de julio a noviembre de ese año. Entre sus peculiaridades se contaba que no tenía cabeza visible, porque el CNH tenía muchos compromisos. No estaba dirigido por los profesores aunque Castillo, De Gortari, Revueltas -que no lo era- y otros más fueron a dar a la cárcel. Se concretaron las demandas en un pliego petitorio muy general para que recibiera el consenso mayoritario. Este pliego constaba de seis puntos: se pedía la dimisión del jefe de la Policía, la supresión de cuerpos policiacos represivos como los granaderos, la libertad de los presos políticos, entre ellos la de Demetrio Vallejo, la supresión del artículo del Código Penal referente al delito de disolución social. Aparte de esto había entre los estudiantes diversas tendencias ideológicas, pero no eran mayoritarias; lo que sí era compartido por todos era la indignación y el ímpetu de rebeldía. Algunos sindicatos de izquierda se unieron a los estudiantes pero la mayoría del movimiento obrero organizado permaneció al margen. En cambio los intelectuales sí lo apoyaron casi unánimemente con algunas excepciones notables como Agustín Yáñez, secretario de Educación que permaneció mudo y Salvador Novo, que escribió en contra.
Por su parte el gobierno se caracterizó por la lentitud en sus decisiones, lo que hizo posible que el movimiento se prolongara desde julio hasta las Olimpiadas en octubre, por su incapacidad general de negociación; por su adhesión a las medidas violentas que llegaron hasta el extremo relatado cuando perdió totalmente el control de la situación y dio el zarpazo, como había ocurrido diez años antes en el caso de Vallejo. Cuando el movimiento se complicó, todas las fuerzas políticas metieron la mano: presidenciables, Iglesias, embajadas, grupos paramilitares. Por su parte, el Presidente se apoyó principalmente en el ejército, que lo sostuvo con firmeza. Públicamente Díaz Ordaz exculpó al ejército y se declaró responsable único de las medidas gubernativas, entre otras razones porque el Presidente es jefe nato del ejército.
Otra característica importante del fenómeno fue que, a pesar de la enérgica represión, la prensa publicó varias noticias adversas al gobierno. Algunos editorialistas criticaron las acciones del Presidente, cosa que casi no ocurría desde la época de Cárdenas; los más notables fueron Daniel Cosío Villegas, Manuel Moreno Sánchez y Leopoldo Zea.
¿Cuál era el fondo ideológico del movimiento estudiantil? En general, el sustentado por el pliego petitorio, pero en algunos grupos dirigentes se transparentaba una ideología que, aunque un tanto fragmentaria y desarticulada, se podía resumir en la tesis de que la Universidad, y en general los institutos de enseñanza superior, debían transformarse en barricadas o baluartes desde los cuales se provocaría el incendio de la revolución social.
El CNH declaraba: "El conflicto estudiantil se debe a que el estudiantado, en estos momentos, es la conciencia más activa del país y, en esta conciencia repercuten todos los males que aquejan al cuerpo de la nación". Vanguardia de conciencia, vanguardia política que lo mismo se preocupaba por la violación de la autonomía, el injusto reparto de la riqueza o por la existencia de presos políticos.
Sin embargo al propio tiempo el movimiento no fue seguido por no encontrar eco en el movimiento obrero o porque su lenguaje, lleno de términos como lucha de clases, bienes de producción en manos de la burguesía y "otras madres", como declaró un estudiante, no era comprendido por la ciudadanía. Los dividían también dos ideas acerca del procedimiento: unos discutían los lineamientos maoístas y stalinistas y otros se preocupaban por cosas más prácticas como la organización de brigadas y manifestaciones. Tenían inspiraciones también en la Revolución Cubana, lo cual fue aprovechado por el gobierno para acusarlos de extranjerizantes y de no respetar ni los héroes ni los símbolos patrios. De esta manera, el gobierno manipulaba un nacionalismo que ya era motejado de oficialista.
Por su parte, el gobierno se planteó la cuestión de hasta dónde llegaba la autonomía universitaria; este problema era parcial porque no era sólo un movimiento de la Universidad Nacional. Sin embargo, se preguntó si la autonomía implicaba un estar fuera de las leyes nacionales. En su informe del primero de septiembre el Presidente admitió que los estudiantes y los profesores tenían derecho a participar en política pero que "la Universidad en cuanto institución, no puede participar en política militante, partidista o de grupo". No tuvo inconveniente en afirmar que el Estado mexicano podía y debía velar por la autonomía universitaria, pero que cuando los estudiantes se dedicaban a violar sistemáticamente el orden jurídico, la obligación del Estado radicaba en defenderlo.
Díaz Ordaz invocó los artículos constitucionales que facultan al presidente para disponer de las fuerzas armadas. Culpó a la filosofía y a la politología de caminar rezagadas respecto a la ciencia y a la tecnología y de no explicar los modernos "porqués" a los Jóvenes.
Reconoció que los jóvenes podían proponerse cambiar la sociedad, pero que nada se ganaba con rebelarse alocadamente y que "no es sin estudio, sin preparación, sin disciplina, sin ideales y menos con desordenes o violencia" como iban a mejorar el mundo.
EI ingeniero Heberto Castillo le contestó reiterando la misión social y política del estudiantado:
"No coincidimos con usted en la idea de que los movimientos estudiantiles de nuestro tiempo porten solo banderas escolares. los centros de educación superior no pueden, aunque quisieran hacerlo, vivir aislados de los problemas políticos, económicos, sociales de nuestro tiempo... lo que ocurre es que los estudiantes son, en México y en otros países del mundo, las cajas receptoras más sensibles a los problemas fundamentales de nuestro tiempo. en este mundo, los intereses económicos hacen que los hombres pierdan sensibilidad en la medida en que crecen dichos intereses..."
La posición de Revueltas estaba en la misma línea. Quedaba claro que si bien las autoridades del país aceptaban la crítica estudiantil, la querían dentro de los lineamientos políticos del Estado, mientras que, en un momento dado, esa crítica impugnaba las bases mismas de la política nacional y pasaba de meras formas de conciencia y de expresión, al terreno de los hechos. Los críticos del movimiento decían que se trataba de una imitación del mayo parisiense de ese mismo año. Pero sometidas las corporaciones laborales, sólo los grupos de presión podían encarnar la rebeldía nacional, y de qué manera esta rebeldía correspondió al desarrollo de los ambientes académicos y al creciente poder de los profesionistas.
A pesar de las fuertes críticas del exterior las Olimpiadas se realizaron puntual y brillantemente, pero se podía advertir un trasfondo de malestar porque el encuentro había sido posible pagando el precio de la matanza juvenil. Esto demeritó por completo la imagen pública de Díaz Ordaz, a pesar de que otros renglones de su gobierno tenía signo positivo. Ya no le fue posible efectuar una conversión semejante a la de López Mateos y quedó marcado hasta el fin de sus días.
La razón más importante de la derrota del movimiento estudiantil fue el que no recibió el apoyo masivo de las organizaciones laborales. Ello se debió al control que se ejerce desde las centrales, pero también al hecho de que el proceso de aumento de la riqueza no se interrumpió. Aunque el reparto no era proporcional a ese aumento, sí funcionó como un estabilizador. Lorenzo Meyer calcula que al principio del presente siglo, lo que podríamos llamar las clases altas comprendían entre el 0.5 y el 1.5 por ciento de la población, que la clase media no llegaba al 8% y las clases bajas constituían el 90. La Revolución funcionó como un movimiento estimulador del crecimiento de la clase media. En la década de los 60 llegó a crecer entre un 20 y un 30 por ciento. Las altas continuaron en la misma proporción y las bajas habían retrocedido hacia el 70.
Cita otras cifras de la Secretaría del Trabajo y del Banco Mundial. Según la primera, al iniciarse la década del 70, el 42 por ciento de la población económicamente activa tenía ingresos mensuales inferiores a 500 pesos, mientras que sólo el 2 por ciento recibía 5,000 pesos o más. Porque cabe hacer notar una vez más que lo que se llama clase alta está, a su vez, constituida por una pirámide cuya cúspide acapara un volumen notable de riqueza. De acuerdo con el Banco Mundial, al iniciarse la década de los 60 el 3 por ciento de la población mexicana acaparó la mitad de la riqueza nacional.
Estas generalizaciones sin duda deben matizarse. Probablemente la estabilidad se debió a que aunque los porcentajes del reparto eran y son muy injustos, se refieren a un volumen creciente de riqueza. Probablemente el índice más importante de este progreso se muestra en el acelerado aumento demográfico que se genera no porque nazcan más mexicanos -las antiguas familias eran enormes, de once o doce hijos- sino porque mueren menos.
En la primera década del siglo la edad promedio de vida era de 35 años y en la década a que nos referimos alcanza a los 60 ó 65. Esto ayuda a explicar porqué la población laboral no se movió.
Muchos trabajadores sentían el status de estudiante de enseñanza superior como privilegiado y no alcanzaban a explicarse por qué se suspendían labores en centros que le costaban tanto al pueblo. Además, Díaz Ordaz no suspendió la reforma agraria y repartió once millones de hectáreas de tierra para fines ejidales. Constituyó empresas tan importantes como la Empresa Mexicana del Cobre, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas y el Consorcio Minero de Peña Colorada. Al finalizar el régimen funcionaban 217 plantas petroquímicas, 157 de las cuales pertenecían al sector privado. En fin, la tasa media de incremento anual del Producto Interno Bruto fue del 7 por ciento, uno de los más altos de la historia mexicana.
Lo que ocurrió fue que el movimiento de 68 tuvo un carácter primordialmente político; aunque los estudiantes fueron muy conscientes de las carencias del pueblo, sus demandas inmediatas eran políticas y sí lograron una cierta apertura. Sin embargo, esta apertura se canalizó por la desorganizada oposición política y se pulverizó en muy variadas manifestaciones: la prensa tuvo un mayor margen de libertad de crítica y aparecieron guerrillas urbanas y rurales, algunas de las cuales estaban constituidas por jóvenes veteranos del 68.
Al tomar posesión de la presidencia Luis Echeverría en 1970, intenta recuperar el equilibrio político que había perdido su antecesor y busca a toda costa congraciarse con los gremios estudiantiles e intelectuales. En el fondo se trata de controlarlos ofreciéndoles una participación en la vida política. Para ello pone en libertad a los presos políticos, Vallejo sale de su larga prisión acompañado de Castillo, Revueltas, De Gortari, Marcué Pardiñas, González de Alba y otros. Sin embargo, el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, una manifestación estudiantil fue salvajemente reprimida por un grupo paramilitar conocido con el nombre de los Halcones, el cual había sido organizado en 1968.
Nuevamente el número de heridos y muertos fue ocultado a la opinión pública. Pero como el grupo represivo había actuado bajo la tolerancia de la policía, el presidente Echeverría hizo renunciar al regente de la ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez. Las circunstancias del hecho jamás se aclararon y a pesar de las repetidas promesas los responsables permanecieron en el anonimato. La opinión pública siempre sospechó que se trataba de un ajuste de cuentas entre los 

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