discurso de plutarco elias calles

Discurso de Plutarco Elías Calles al abrir las sesiones ordinarias del Congreso. 1 de septiembre de 1925. 

1 de septiembre de 1925. 

Discurso del Gral. Plutarco Elías Calles, al abrir las sesiones ordinarias el Congreso, el 1 de septiembre de 1925.

Ciudadanos Diputados: 

Ciudadanos Senadores: 

El representante del Ejecutivo de la Unión tiene hoy la alta honra de venir a informaros, por primera vez durante su gestión gubernamental, del estado que guarda la Administración pública, acatando así un precepto de nuestra Constitución política; y se complace en aseguraros, que al cumplir éste su más grato deber de dar cuenta del encauzamiento e inicial desarrollo del programa que se ha trazado en el puesto que le confirió el voto del pueblo, no tiene otra norma de conducta que sujetarse estrictamente a la verdad, única base para que podáis apreciar la situación real del país y conocer los más importantes problemas de índole social, económica y política, estrechamente vinculados con la prosperidad nacional, cuya acertada resolución está encomendada a vuestra ilustración y patriotismo.

Servirá de necesario complemento a este Informe, la memoria pormenorizada de las labores que, en el mismo período, han desarrollado las diversas Secretarías de Estado y los Departamentos administrativos, la cual será remitida oportunamente a las Cámaras colegisladoras, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 de la misma ley fundamental.

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Las relaciones del Ejecutivo con el Congreso de la Unión y con la Suprema Corte de Justicia, han continuado desarrollándose en un ambiente de franca cordialidad, que ha permitido mantener entre los tres poderes federales, la cabal inteligencia y la estrecha cooperación indispensables para que puedan llenar debidamente las funciones que les están encomendadas dentro de nuestra organización política.

En igual ambiente de cordialidad se han mantenido las relaciones de la Federación con los Estados, no obstante que los conflictos políticos que con cierta frecuencia han surgido en algunas Entidades federativas con motivo de la renovación de sus poderes, han puesto al Ejecutivo federal, en el caso de investigar y estudiar detenidamente las circunstancias en que se han efectuado las elecciones, a fin de poder cumplir la obligación ineludible que le impone la Constitución general, de respetar y hacer que se respete, por cuantos medios estén a su alcance, la soberanía del pueblo, manifestada legalmente por medio del sufragio libre.

En efecto: los defectuosos sistemas electorales adoptados en algunas entidades federativas, la ambición de las nacientes agrupaciones políticas para controlar la cosa pública, la falta de leyes sobre responsabilidad de funcionarios y muchas otras causas que toca a los legisladores investigar, determinan frecuentemente que se atribuyan el triunfo simultáneamente los diversos candidatos contendientes, haciendo aparecer dos o más presuntos poderes legislativos y ejecutivos. 

Y entonces surge el problema para el Ejecutivo de la Unión, acerca de a cuál de esos grupos que se llaman legislaturas, a cuál de esos ciudadanos que se dicen gobernadores, debe reconocer, para entablar las relaciones que entre el Gobierno federal y el de los Estados forzosamente presupone el régimen federal; relaciones que le corresponde establecer y conservar, de acuerdo con lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Secretarías de Estado, en relación con el artículo 90 constitucional.

El Ejecutivo federal estima que la facultad de mantener relaciones entre la Unión y los Estados, no lo autoriza para entablarlas con cualquiera de las corporaciones o individuos que se digan representantes de los poderes locales, sino que debe hacerlo solamente cuando abrigue el convencimiento de que esas presuntas autoridades son legítimas y reconocen como origen el sufragio libre del pueblo soberano.

La fuente de todo poder público es la voluntad del pueblo. 

El artículo 39 de la Carta Magna consigna de una manera explícita que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.

Las entidades federativas están obligadas, por disposición constitucional, a mantener siempre en su régimen interior la forma de Gobierno republicano, representativo, democrático y popular, cuidando muy especialmente de que todo poder público dimane del pueblo. 

El Gobierno de la Unión, por su parte, tiene el deber ineludible de cuidar de que los poderes del Estado se constituyan siempre en la forma prescrita por la Constitución y, por esto, el Ejecutivo federal, antes de entablar y sostener relaciones oficiales con uno de los que se dicen poderes públicos de una Entidad federativa, puede y debe investigar si tiene una investidura legítima, esto es, si esos poderes son republicanos, representativos, democráticos y populares, como lo exige la Constitución.

Si la soberanía nacional reside en el pueblo; si todo poder público debe dimanar del pueblo; si el pueblo ha constituido una república representativa, democrática, federal; si los Estados de la República deben mantener siempre un régimen interior esa misma forma de gobierno; todo acto del Poder público que tenga por objeto impedir, cohibir, alterar o burlar la libre, la espontánea y legítima manifestación de la voluntad del pueblo para designar a sus propios mandatarios, es y debe reputarse contrario a terminantes preceptos constitucionales.

Cuando se denuncian hechos que indican fundadamente que se ha tratado de impedir que los poderes públicos dimanen del pueblo, que tengan su origen en su voluntad soberana expresada libremente; cuando en la constitución de los poderes se ha tratado de menoscabar los principios fundamentales que inspiran nuestra forma de Gobierno, entre los cuales descuella la calidad de democrático, o sea la participación que debe tomar el pueblo, por medio de los actos electorales, en la organización política del país, se impone que el Ejecutivo de la Unión depure escrupulosamente esos hechos, para que la democracia reine, aliente el espíritu público y se tranquilice la conciencia nacional.

Cuando el desarrollo de la función electoral deja de ser una pugna respetuosa y libre; cuando el ciudadano, factor principal de las contiendas democráticas, queda relegado a último término; cuando las actividades oficiales, con un criterio de partidarismo agudo, controlan casi en lo absoluto el desarrollo de las elecciones y convierten el Gobierno en un verdadero partido político, es inconcuso que esas elecciones violan flagrantemente los artículos 39,40,41 y 115 de la Constitución federal.

No se oculta lo grave que sería para nuestras instituciones que quedara sentado el precedente de que un grupo de ciudadanos que, por medio de la violencia y cometiendo toda clase de atropellos y fraudes, se declarara erigido en Legislatura de algún Estado, tuviera forzosamente que ser reconocido por el Ejecutivo federal. 

El Ejecutivo de la República no cree estar supeditado en el ejercicio de su alta función de mantener las relaciones del Centro con los gobiernos locales, a fin de realizar la forma federativa de Gobierno, a las opiniones de un grupo de individuos interesados en sostenerse por todos los medios lícitos o ilícitos, como representantes legítimos del pueblo; sino que estima de su deber vigilar por que rijan los Estados, Gobiernos que emanen del pueblo, y tiene la obligación ineludible de investigar, antes de mantener relaciones oficiales, con alguno de los múltiples presuntos poderes, si el individuo o los grupos de individuos que los integran, realmente han sido electos por la voluntad del pueblo soberano, o si reconocen como origen, no el sufragio popular, sino la imposición por medio de la violencia y del fraude.

El Ejecutivo, al cumplir con esta obligación legal, no declara la validez o nulidad de las elecciones; se limita a decidir si deben o no establecerse relaciones entre la Federación y los que se titulan poderes locales. 

El ejercicio de esta facultad no lesiona la soberanía de los Estados, porque el Presidente no interviene en una cuestión del régimen interior de éstos, no revisa los votos emitidos, no califica las decisiones de los colegios electorales, y nada resuelve sobre las elecciones mismas. 

Estudia el proceso electoral únicamente para decidir si el Ejecutivo inicia o no relaciones con los que se dicen poderes locales, y al tomar su decisión, tiene como criterio invariable que todo poder dimana del pueblo y se establece para su beneficio, según lo dispone el artículo 39 de nuestra Carta Magna.

En estas consideraciones fundó su criterio el Ejecutivo al resolver los conflictos de hecho y de derecho que se suscitaron en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, México, Oaxaca y Puebla, al instalarse presuntas legislaturas múltiples, como resultado de las elecciones para la renovación de poderes.

Con motivo de la elección de poderes locales en los Estados de Durango, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala, se recibieron numerosas quejas de los candidatos y de los partidos políticos en contra de las autoridades locales, pero no llegaron a instalarse dobles presuntas legislaturas. 

En estos casos el Ejecutivo federal reconoció a las que obtuvieron de quien correspondía, conforme a las leyes locales, la declaración de que habían sido legalmente electas, pues no se le planteó el problema de decidir entre dos o más presuntos poderes, aquel con quien debía entablar relaciones oficiales.

El mismo Ejecutivo federal se ha visto precisado a resolver con su intervención algunas situaciones de hecho creadas en los Estados por conflictos no motivados por elecciones, sino surgidos entre poderes locales o elementos integrantes de un mismo Poder.

Una mayoría de diputados al Congreso local del Estado de Nuevo León, se reunió en el Hotel Iturbide, de la ciudad de Monterrey, y comunicó a la Secretaría de Gobernación haberse constituido en Congreso, inaugurando un periodo de sesiones extraordinarias, para ocuparse de asuntos relativos al mejoramiento de aquella Entidad federativa, procediendo a desaforar y consignar a los tribunales al gobernador constitucional, general Porfirio González, por diversos delitos que señalaban. 

Por su parte, el gobernador constitucional manifestó al Ejecutivo no reconocer validez ninguna a los actos del llamado Congreso, en virtud de que no había sido convocado a período de sesiones extraordinarias por la Comisión Permanente, de conformidad con lo establecido por la Constitución del Estado. 

De esta manera se planteó un conflicto entre el Poder Ejecutivo del Estado y una mayoría de diputados diciéndose Congreso.

El ejecutivo federal, teniendo en cuenta que el Congreso local había clausurado su segundo período improrrogable de sesiones ordinarias; que en su oportunidad había elegido legalmente la Comisión Permanente, que fue reconocida por la Federación y por los poderes del Estado; que conforme a la Constitución local la Comisión Permanente es la única que puede convocar a período extraordinario de sesiones y que ésta no hizo la convocatoria, resolvió que los diputados no tenían derecho a constituirse en Congreso y, por lo tanto, no reconocía validez legal alguna a los actos que habían ejecutado, tomándose facultades del Poder Legislativo.

En el Estado de Campeche se suscitó cuestión acerca de si la licencia concedida al gobernador constitucional y el nombramiento de substituto por la Comisión Permanente, eran legales, pues algunos diputados que pretendían constituirse en Congreso a pesar de no haber sido convocados por la Comisión Permanente, afirmaban que ésta no había estado debidamente integrada al conceder la licencia y al hacer el nombramiento respectivo. 

La Secretaría de Gobernación estudió el asunto, teniendo en cuenta los preceptos constitucionales de la Entidad federativa, y el Ejecutivo federal reconoció la validez de la licencia y el nombramiento de gobernador substituto.

La Legislatura del Estado de Nayarit reformó los artículos de la Constitución local, relativos a la fecha en que la Legislatura debe inaugurar su período de sesiones, anticipándolo un mes. 

Como los diputados propietarios no se presentaron en la fecha señalada en la reforma, los suplentes instalaron la Legislatura, participando que iniciaban su segundo período ordinario de sesiones.

Los diputados propietarios, por su parte, instalaron el día que designaba la Constitución, antes de ser reformada, otra Legislatura, fuera del recinto oficial, y lo comunicaron a la Secretaría de Gobernación. 

Con este motivo se planteó un conflicto entre las dos llamadas legislaturas; conflicto que fue resuelto por el Ejecutivo federal, reconociendo al Congreso integrado por los diputados suplentes, pues tuvo en consideración que la reforma constitucional de que se ha hablado, se hizo con los requisitos de ley.

Durante el período ordinario de sesiones, ocho diputados propietarios y dos suplentes de la Legislatura del Estado de Colima, se constituyeron como Congreso, y en sesión extraordinaria, desaforaron al gobernador constitucional, por aparecer presunto responsable del delito de rebelión, y nombraron como interino al C. Simón García, quien tomó posesión de su cargo.

El gobernador constitucional depuesto y otro grupo de diputados propietarios y suplentes, que venían funcionando en el recinto oficial, desconocieron los actos ejecutados por la mayoría de propietarios constituida en Legislatura y continuaron ejerciendo funciones de Poder Legislativo. 

De esta manera, en el Estado de Colima quedaron funcionando simultáneamente dos Legislaturas y dos gobernadores.

El Ejecutivo federal se vio, pues, en el caso de resolver esta situación anormal y anticonstitucional, por lo que, habiendo recabado los informes correspondientes y estudiado el conflicto a la luz de la legislación del Estado y federal, reconoció como legítimo al Congreso integrado por los ocho diputados propietarios y dos suplentes, en virtud de haber tenido quórum legal, y como gobernador interino al C. Simón García, ordenando al mismo tiempo a las autoridades militares prestaran el apoyo necesario a dichos poderes para el desempeño de sus funciones.

No debe omitir el Ejecutivo informar a este H. Congreso acerca del conflicto que surgió en el Estado de Nayarit durante el mes de abril próximo pasado. 

La Legislatura de esa Entidad federativa, erigida en Gran Jurado, desaforó al gobernador substituto, C. Miguel Díaz, por considerarlo presunto responsable de delitos oficiales, consistentes en la violación de varios artículos de la Constitución local, y nombró para substituirlo al coronel y diputado Ismael Romero G.

El pueblo nayarita recibió con profundo disgusto esa declaración, por creerla completamente injustificada y se suscitó un conflicto de hecho entre el pueblo y el Congreso.

El Ejecutivo federal, consecuente con su programa de respeto al régimen interior de los Estados y a la soberanía del pueblo, estimó de su deber, dada la naturaleza del conflicto, abstenerse de tomar participación en él y acordó que las fuerzas federales salieran del Estado.

No fue necesario llevar a la práctica esta disposición, porque el coronel Romero G. y sus partidarios abandonaron el territorio del Estado y el Congreso, integrado con los suplentes respectivos, derogó el decreto que había desaforado al gobernador Díaz, quién volvió a tomar posesión de su cargo, cesando de esta manera el conflicto.

Durante el período comprendido del 1 de agosto de 1924 al 31 de julio del corriente año, se verificaron elecciones para renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, o solamente del Legislativo, en los Estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Con excepción de los conflictos políticos que acaban de enumerarse, las elecciones se verificaron sin incidentes que ameriten especial mención.

El gobernador provisional del Estado de Morelos expidió la convocatoria para las elecciones y promulgó la Ley Electoral correspondiente, a fin de reintegrar el Estado al orden constitucional, desaparecido desde hace mucho tiempo.

Las elecciones de poderes municipales se han efectuado en casi todo el país con la natural excitación en el ánimo de los electores; y los incidentes a que han dado lugar, han sido resueltos por las legislaturas locales, de conformidad con la ley.

Los diversos ramos de la Administración pública en los Territorios de la Baja California y de Quintana Roo, han sido atendidos con la debida eficacia, procurando que la acción bienhechora del Gobierno federal se deje sentir en aquellas apartadas regiones, por la ayuda que preste para la resolución de los problemas administrativos que allí han surgido.

El Ejecutivo se vio en el caso de ministrar un subsidio para que en el Distrito Sur de la Baja California y en el Territorio de Quintana Roo pudieran quedar satisfechas las más apremiantes necesidades de la administración, y se estudia la manera de que, para el debido aprovechamiento de las riquezas naturales de esas regiones, en un futuro próximo, puedan sus gobiernos contar con los elementos necesarios para su decoroso sostenimiento. 

Todos los credos religiosos son igualmente respetables para el Gobierno, y a todos otorga por igual sus garantías. 

Pero al mismo tiempo exige de las personas que los profesan el estricto acatamiento a las leyes y el m s amplio respeto a la tranquilidad y al orden públicos.

Por eso, cuando los católicos, apostólicos mexicanos, arbitrariamente se apoderaron del templo de la Soledad, de esta capital, que tenía bajo su cuidado el Clero católico, apostólico, romano, para el ejercicio de su ministerio, atacando, de esta manera, la libertad de cultos y disponiendo de bienes pertenecientes a la nación, sin llenar los requisitos de ley, el Ejecutivo que tiene la obligación ineludible de hacer guardar las leyes y mantener el respeto a las instituciones, no pudo tolerar el atentado.

Mas como, por otra parte, el Clero católico, apostólico, romano, manifestó abiertamente su rebeldía a los mandamientos constitucionales y su menosprecio ala autoridad, excitando a los creyentes a tomarse justicia por su mano, provocando un motín, y expresó, por boca de alguno de sus miembros prominentes, que no reconocía la propiedad de la nación, representada por el Gobierno federal, sobre los templos, ni el derecho que la autoridad civil tiene para reglamentar el ejercicio de los actos del cultos público, el Ejecutivo federal, firmemente decidido a mantener a cualquier precio el imperio de la Constitución y el debido acatamiento a las autoridades, en uso de la facultad que le otorga el artículo 130 constitucional y de acuerdo con lo preceptuado en el 27 de la misma ley, retiró del culto el templo de la Soledad.

Poco después la llamada Liga de Defensa Religiosa lanzó un manifiesto, encaminado a excitar el sentimiento religioso. 

El manifiesto abunda en expresiones violentas e irrespetuosas para la Carta Fundamental de la República y para las autoridades legítimas, y sus autores demuestran a las claras el propósito de constituir una agrupación religiosa, con programa de acción política y tendencias francamente subversivas. 

El artículo 130 de la Ley Fundamental prohíbe la existencia y funcionamiento de agrupaciones políticas de esa naturaleza, por lo que la Secretaría de Gobernación, cumpliendo un acuerdo del Ejecutivo, giró a los ciudadanos gobernadores de los Estados, la circular de 24 de marzo último, recomendándoles que dictaran las medidas oportunas para evitar que, dentro de la jurisdicción, se cometiera la infracción constitucional de que se viene hablando; y dos días después, la misma Secretaría giró una circular telegráfica a los mencionados funcionarios, encareciéndoles que hicieran cumplir lo dispuesto por el citado artículo 130, que ordena que sólo los mexicanos por nacimiento pueden ejercer en la República el ministerio de cualquier culto, y que prohíbe que los ministros de los cultos hagan en reunión, pública o privada, constituida en junta, o en los actos de culto o de propaganda, crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno.

El primer brote subversivo de la excitativa a la acción hecha a los católicos en el manifiesto de la Liga de Defensa Religiosa, fue el sangriento motín de Aguascalientes, de 28 de marzo retropróximo.

Los escandalosos hechos de Aguascalientes revelaron, de una manera indubitable, que la casa cural y el templo de San Marcos, que debían de estar destinados exclusivamente al culto de la iglesia católica, fueron aprovechados para actos de propaganda política y para organizar manifestaciones religiosas contra las instituciones y las autoridades, hasta degenerar en el tumulto.

Como esa conducta ilegal de los encargados del templo, desnaturalizaba por completo el objeto a que éste debía estar dedicado, violaba las leyes fundamentales del país y constituía una grave amenaza para la tranquilidad pública, el Ejecutivo dispuso que fuera retirado del servicio del culto.

Cuando los miembros de una iglesia, de manera respetuosa y en forma legal, solicitan el auxilio de las autoridades para la defensa de sus derechos religiosos, sus solicitudes son atendidas; y así, por orden del propio Ejecutivo, fueron mandados entregar al obispo católico de Tabasco el templo parroquial y otra capilla que se encontraba en poder de elementos que se habían apoderado de ellos sin derecho; y se han girado órdenes para reintegrar al público católico romano otros templos que habían sido substraídos arbitrariamente de ese objeto.

El Ejecutivo tiene obligación de respetar las leyes y de hacerlas cumplir, y no tolerará que las que reglamentan el ejercicio de los cultos se infrinjan, so pretexto de que quienes lo hacen obran impulsados por los dictados de su conciencia. 

En materia de cultos, su línea de conducta ha sido y será: respetar todos los credos religiosos; pero exigir invariablemente respeto a las leyes y a las autoridades.

A consecuencia de las condiciones mundiales creadas por la gran guerra europea, una poderosa corriente inmigratoria se ha dirigido hacia el continente americano, y en particular hacia los Estados Unidos de Norteamérica; pero a causa de las severísimas leyes de inmigración con que ese país se ha resguardado, la mayoría de los emigrantes no pueden penetrar en él por vías marítimas, y resuelven venir a México, no con ánimo de establecerse aportando su contingente de energías, sino para fijar aquí su base de operaciones, a fin de internarse en el país vecino del Norte, burlando sus leyes y consumiendo en el intento sus escasos recursos pecuniarios; de tal manera que, si fracasan en su empresa vienen a convertirse por su indigencia y por su poco respeto a las leyes, en una carga y en una amenaza para la sociedad. 

Importa, pues, defenderse de esa corriente inmigratoria, que sólo dificultades y perjuicios origina a la República.

Por otra parte, el Ejecutivo estima igualmente necesario evitar, hasta donde sea posible, la inmigración de individuos que vienen a hacer una competencia ruinosa a nuestros trabajadores y a invadir todos los ramos de actividad, suplantando a nuestros nacionales, que tienen que abandonar el territorio y se dirigen a los Estados Unidos en busca de trabajo.

La nación debe, igualmente, protegerse contra los inmigrantes que por su falta de recursos y de iniciativa, por la poca moralidad de sus costumbres o por su temperamento y educación, pueden constituirse en cargas para la sociedad, en peligro para las costumbres o son factores que por inadaptables a nuestro medio, serán siempre un tropiezo para el desenvolvimiento general del país.

Inspirados en las consideraciones que preceden, se han dictado enérgicas medidas en materia de inmigración.

Se ha exigido que los inmigrantes, además de otros requisitos que deben cumplir, exhiban la suma de $ 200.00 cada uno, y los fondos necesarios para llegar al punto de su destino dentro del territorio nacional. 

Se ha establecido el sistema de tarjetas de identificación, que se extienden generalmente a los turistas, de las que se lleva un registro especial y se tiene en estudio un nuevo sistema de tarjetas de esa clase, que indefectiblemente dará mejores resultados que el actual.

En materia de emigración se ha procurado evitar que nuestros braceros sean víctimas de inicua explotación en suelo extranjero y, al efecto, se les da a conocer, por medio de las autoridades del lugar de su residencia y de la prensa los peligros a que se exponen si van a trabajar al extranjero sin la garantía de un contrato de trabajo debidamente formulado y sin llenar los requisitos exigidos por las leyes de migración del país a que se dirigen, y se han establecido dos agencias, radicadas en Torreón y en Saltillo, encargadas de instruir a nuestros nacionales emigrantes de todos los requisitos que deben cumplir para llegar sin tropiezo al lugar del extranjero donde desean trabajar, devolviendo al lugar de su residencia a los que no pueden llenar esos requisitos.

Se ha dispuesto que los Ferrocarriles Nacionales no vendan a nuestros trabajadores boletos de pasaje más allá de las poblaciones indicadas, con lo que se evita que los emigrantes inútilmente hagan gastos para llegar a la frontera y desaparece el penoso espectáculo que anteriormente presentaban nuestras poblaciones fronterizas con la aglomeración de gente sin trabajo y sin recursos, viéndose el Gobierno frecuentemente obligado a hacer fuertes gastos para que muchos compatriotas regresaran al lugar de su procedencia.

Otra de las preocupaciones del Gobierno ha sido procurar la moralización de las poblaciones fronterizas, convertidas desde hace mucho tiempo, en centro de todos los vicios y albergue de toda clase de elementos no deseables. 

Con tal fin, se han girado órdenes terminantes a los inspectores de migración; disposiciones que, puestas en práctica, han dado magníficos resultados.

Se ha procurado obrar de acuerdo con las autoridades de los países vecinos y aún con las de algunos lejanos al nuestro, para evitar que se infrinjan las leyes de Migración. 

A ese efecto, se aceptó la invitación a la Conferencia Internacional celebrada en el Paso, Texas, el mes de mayo último, habiendo asistido a esa Conferencia un grupo de delgados del Gobierno mexicano. 

Se aceptó también la invitación que hizo el Gobierno Italiano para el segundo Congreso Internacional de Emigración e Inmigración, que se reunirá el año próximo venidero y se nombró un delegado que represente a nuestro Gobierno.

El Ejecutivo se ha visto en la necesidad de hacer uso de la facultad que le concede el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, para proteger la moral y el orden público y ha decretado la expulsión de 120 extranjeros, considerados como perniciosos.

Amplios informes se han tomado, en cada caso, antes de adoptar medida tan rigurosa, a fin de proceder con toda justificación.

Los extranjeros delincuentes han sido consignados a las autoridades judiciales competentes, para que reciban el castigo de sus faltas, y nunca la expulsión se ha aplicado como pena, sino como medida meramente administrativa de defensa social.

Las deficiencias de nuestra Ley de Migración han hecho que con más frecuencia de la que el Ejecutivo deseara, se aplique el artículo 33 constitucional, pues gracias a ellas han podido entrar en el país extranjeros perniciosos, que después es necesario expulsar.

La Secretaría de Gobernación ha redoblado su vigilancia a fin de que la Beneficencia Privada del Distrito Federal, llene los altos fines que se propusieron los benefactores, y aún cuando la deficiente ley que rige el funcionamiento de las instituciones benéficas no permite el amplio desarrollo del programa que se ha trazado dicha Secretaría, las medidas adoptadas han dado los mejores resultados.

Actualmente funcionan con personalidad jurídica 45 instituciones de Beneficencia Privada, con un capital de $ 42.302,805.43, que comparado con el que tenían esas instituciones el 31 de diciembre de 1924, resulta aumentado en $ 1.002,522.14.

En virtud del decreto respectivo que concedió personalidad jurídica a La Casa de Salud del Periodista, fue incorporada a los establecimientos de Beneficencia, con el carácter de fundación.

De los 45 establecimientos de Beneficencia, 7 están sostenidos por asociaciones extranjeras y los 38 restantes por instituciones mexicanas. 

La Beneficencia Privada sostiene hospitales, casas de salud, colegios, asilos, fondos de socorro, fondo mutualista de obreros, fondo para casas de renta barata, fondo para investigaciones científicas, consultorio médico gratuito, casa de hospedaje, panteones y montepíos.

Después de tomar amplios y fundados informes, el Ejecutivo decretó la extinción del Colegio Luz Saviñón, revocando su personalidad jurídica y disponiendo, de acuerdo con la ley, que sus bienes se aplicasen a la institución Sociedad Protectora del Niño. 

El patronato del colegio pidió amparo, que fue negado por el juez de distrito; pero se interpuso el recurso de revisión y el asunto está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia.

Los diferentes departamentos de la Secretaría han funcionado activa y eficazmente. 

Los datos que en seguida se expresan, dan idea de la labor que han desarrollado.

Por conducto del Departamento de Justicia se remitieron al Congreso 37 iniciativas de ley, se publicaron 549 decretos sobre distintos ramos de la Administración y 6 reglamentos.

Con el objeto de contribuir a la mejor orientación de la opinión pública, el Departamento de Prensa transmitió a la de los Estados, a los gobernadores de los mismos y a los jefes de operaciones militares, boletines diarios que contienen los m s importantes acontecimientos sociales, económicos y políticos.

Por medio de boletines especiales dio a conocer importantes artículos de periódicos y revistas extranjeras que, por su trascendencia, pueden interesar al país.

Se siguió publicando el Boletín Compilador de leyes hasta el número 25, y en lo sucesivo la compilación se hará por tomos anuales, que contendrán todas las leyes, decretos, circulares y acuerdos administrativos, por riguroso orden cronológico de su publicación y por secretarías de Estado.

La publicación del Diario Oficial se hizo con toda oportunidad.

En el Archivo General de la Nación, en la Sección de Historia, se continuaron los índices del extenso ramo de Inquisición.

Quedó concluida la revisión del tercero y último tomo, que llevar por título Correspondencia y Diario Militar de Don Agustín de Iturbide, 1817 a 1821.

En el Departamento de Depósito de Propiedad Artística y Literaria, han ingresado 1,511 obras.

El Ejecutivo dictó, por conducto de la Secretaría de Gobernación, las medidas adecuadas, dentro de su esfera constitucional, para garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los individuos, sin perder de vista el aspecto social de esos derechos, a fin de que pudieran armonizar los intereses individuales y los de la colectividad, encauzándose la vida nacional por derroteros que consoliden la tranquilidad y el bienestar general. 


SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Durante la Administración de mi digno antecesor en el Poder Ejecutivo, fue posible iniciar y concluir la organización de los distintos servicios encomendados a esta Secretaría, y así, tanto en el ramo Diplomático como en el Consular, se expidieron las leyes orgánicas y los reglamentos de dichos servicios, previa aprobación de las primeras por el H. Congreso de la Unión. 

Me es satisfactorio informar, en consecuencia, que nuestros servicios en el exterior han quedado definitivamente organizados y su funcionamiento normal responde cada vez más a las necesidades relativas.

La organización de nuestros servicios en el extranjero se complementó con la de la Secretaría en esta ciudad, y la labor aquí realizada, no sólo abarcó al personal e intensificación de sus actividades, sino a la adaptación eficiente del edificio de Relaciones Exteriores, que fue inaugurado el 20 de noviembre del año pasado, con la recepción ofrecida por el Ejecutivo de la Unión a los otros poderes públicos y al H. Cuerpo Diplomático acreditado en la República.

Como complemento al Reglamento de la Ley Orgánica Consular se ha adoptado, después de conveniente estudio, el Reglamento interior para el funcionamiento de nuestros consulados, en el cual, además de medidas de organización, se establecen las recompensas y las penas a que se hagan merecedores los empleados consulares.

Se ha concluido el Escalafón Consular, cuya publicación se hará en estos días. 

Se han hecho las modificaciones sugeridas por la experiencia y las necesidades del servicio, en las jurisdicciones consulares, clausurándose algunas oficinas honorarias por inútiles y transformándose otras honorarias en consulados de carrera, por requerirlo así el buen servicio.

La publicación del Boletín Comercial, cada diez días, se ha mejorado constantemente, tanto en la parte gráfica como en la importancia del material, llegando ya a constituir un órgano de eficaz colaboración e información para el comercio, al mismo tiempo que un estímulo para el personal consular mediante la publicación de informes y estudios, y una prueba valiosa de la mejor preparación y eficiencia del servicio en aquellos asuntos que interesan fundamentalmente al comercio nacional y de exportación, pues la labor comercial ha dado ya resultados comprobados para el fomento del comercio con las naciones amigas, apoyando excursiones de hombres de negocios, que, principalmente de Estados Unidos y de Alemania, han visitado el país, aumentando considerablemente el intercambio comercial, en cuya labor han cooperado de manera decidida, tanto las otras dependencias federales, como las autoridades locales de varios Estados de la Federación.

La labor del servicio consular ha abarcado también las actividades culturales y sociales, dando a conocer en el extranjero muy variadas manifestaciones de la vida nacional.

Entre las gestiones con mayor atención se realizan actualmente, merecen mencionarse las relaciones con la introducción de nuestras frutas citadas en Estados Unidos y en Cuba, esperándose para llegar a arreglos convenientes con los gobiernos de los países mencionados, para asegurar un mercado adecuado a esos productos.

El servicio consular coopera de manera especial con las autoridades sanitarias mexicanas para combatir las epidemias, especialmente la epizootia de la fiebre aftosa en la frontera con el vecino país del Norte.

Se han establecido en diversas ciudades de varios países extranjeros, cámaras mexicanas de comercio; y diversas compañías navieras se muestran interesadas en tratar con nuestra Secretaría de Comunicaciones sobre la posibilidad de establecer nuevas líneas de navegación con México.

Nuestros cónsules han rendido importantes informes, ya espontáneos, o bien a solicitud de otras dependencias del Gobierno, sobre estudios especiales de instituciones, reglamentos de servicios públicos, trabajo, pequeñas industrias, agricultura, tráfico, etcétera.

Aun cuando la Ley Orgánica del Servicio Consular incluye entre su personal a los agregados comerciales, habiéndose experimentado la conveniencia de que estos funcionarios tuvieran una dependencia -que facilite sus funciones más eficazmente- de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, el Ejecutivo de mi cargo dictó un acuerdo a la Secretaría mencionada y a la de Relaciones, reglamentando el funcionamiento de los agregados comerciales, haciéndoles depender de la Secretaría de Industria; pero adscribiéndolos a nuestras representaciones diplomáticas y adoptando una organización de cooperación y trabajo entre nuestras representaciones diplomáticas y consulares, y los agregados comerciales que les han sido adscriptos, y el Gobierno espera que este procedimiento beneficiará el mejor servicio de los referidos funcionarios, dándoles cohesión y reglamentado eficientemente sus labores, otorgando así a las dos secretarías interesadas toda amplitud de coordinar el mejor conocimiento en el extranjero de nuestro comercio interior y exterior, especialmente éste, que se trata de ampliar en todas sus posibilidades prácticas.

Se ha procurado evitar, en lo compatible, la emigración de braceros mexicanos y, al mismo tiempo, nuestros cónsules hacen todos los esfuerzos posibles para la protección de nuestros connacionales que están en el extranjero, no sólo mediante apropiadas gestiones ante las autoridades, sino estimulando las asociaciones mexicanas, como la Cruz Azul y las comisiones honoríficas, para disminuir así la precaria situación que en muchos casos tienen nuestros conciudadanos. 

Se han celebrado convenciones en los Estados Unidos de tales organizaciones y los acuerdos y métodos de acción adoptados están dando buenos resultados, no sólo en cuanto al funcionamiento propio de no sólo en cuanto al funcionamiento propio de dichas sociedades, sino para el fomento de establecimiento escolares, de bibliotecas y de centros de beneficencia.

Los ingresos habidos en las oficinas diplomáticas y consulares del primero de julio de 1924 al treinta de junio de 1925, ascendieron a la suma de $ 18.524,027.30. 

La recaudación del periodo inmediato anterior, es decir, de 1 de julio de 1923 al 30 de junio de 1924, fue de $ 16.416,299.88.

Resultando un aumento en el presente año de $ 2.107,727.48 que demuestra no sólo la mejoría del comercio en este sentido, sino la mejor recaudación de los derechos consulares.

El Departamento de Publicidad, encargado de impulsar y orientar el esfuerzo de nuestros servicios consular y diplomático para crear en el extranjero un concepto justo sobre nuestro país, ha estado alimentando, por los medios a su alcance, la información necesaria que permita, con profusa divulgación, llevar a todas partes la verdad sobre México.

A la vez, por un eficaz intercambio de datos y noticias ha sido posible enterarse de qué lugares son los que más necesitan una amplia información, desvaneciendo conceptos erróneos, que por ignorancia o malicia se propalan en el extranjero.

Con un sistema de concentración de informaciones oficiales, se ha logrado, durante el año a que se contrae este informe, enviar 230,000 paquetes con libros, folletos, periódicos, etcétera.

Además, con el objeto de distribuirlas en el público, bibliotecas, sociedades científicas y literarias, universidades, etcétera, principalmente del extranjero, se han realizado públicamente especiales de carácter histórico, bibliográfico e informativo sobre la riqueza de México y su desarrollo, haciendo resaltar las oportunidades industriales y mercantiles, así como las leyes que garantizas su explotación.

Para lograr un contacto diario con nuestro servicio exterior, se han enviado 300,000 palabras por cable y dos series de boletines, unos especiales y otros de carácter periódico.

Se ha iniciado, con ayuda de la Secretaría de Educación y de los centros filantrópicos y mutualistas organizados por mexicanos en el extranjero, una amplia publicidad entre nuestros numerosos compatriotas, principalmente en los Estados Unidos, para sostener látante en ellos la idea de la Patria. 

Estos esfuerzos, en los que se aprovechan las más variadas formas, han dado un resultado perceptible, por lo que serán intensificados conforme las condiciones del Erario lo vayan permitiendo.

Las diversas publicaciones de la Secretaría han continuado haciéndose con toda regularidad y entre ellas, al Archivo Histórico Diplomático Mexicano, lleva publicados ya quince importantes tomos. 

La labor, en este sentido, ha sido ampliada por acuerdo del Ejecutivo de mi cargo, a la publicación de una serie de monografías bibliográficas mexicanas, que servirán para dar a conocer en el extranjero la importancia y fuentes de consulta sobre nuestra producción cultural. 

Igualmente se preparan las ediciones de obras que, conteniendo las informaciones más salientes del país, puedan servir de base para un conocimiento adecuado de México en el extranjero.

Fueron expedidas 264 cartas de naturalización mexicana y 1,442 permisos a extranjeros para adquirir bienes raíces de acuerdo con lo prescrito por la fracción I del artículo 27 constitucional.

Sobre este particular el Ejecutivo de mi cargo ha creído conveniente restringir la concesión de permisos de adquirir extranjeros, de acuerdo con la disposición constitucional mencionada, a aquellos casos que según nuestras leyes vigentes no pueden ser lesionados sus derechos con motivo de la resolución del programa agrario especialmente, hasta en tanto que éste no sea resuelto en definitiva, pues si se continuara permitiendo adquirir propiedades rústicas que más tarde pudieran resultar afectadas por la aplicación de la legislación revolucionaria, tendríamos constantemente reclamaciones de carácter diplomático; ya que la eliminación de éstas es un elemento que conviene para la conservación de las buenas relaciones que México sostiene con países extranjeros. 

Esta resolución, siendo menos rigurosa que las disposiciones existentes en otras naciones, ha previsto los casos de excepción a que primero aludo y aquellos otros como la adquisición por herencia, dación en pago., etcétera, para dejar a salvo los derechos de extranjeros en tales circunstancias. 

El Ejecutivo espera, por otra parte, que muy pronto estos problemas queden definitivamente resueltos para bien del país y no verse así en la necesidad de continuar aplicando tal medida, que por el momento tiende no sólo a conservar la buena armonía de nuestras relaciones, sino a salvaguardar los mayores intereses de la colectividad nacional.

La legislación vigente sobre sociedades mexicanas en cierta forma está en pugna con la Constitución de la República, y de allí que haya surgido la necesidad de formular un proyecto de ley reglamentaría de la fracción I del artículo 27 constitucional, que se someterá al H. 

Congreso de la Unión para su discusión y aprobación. 

Conforme dicha fracción, sólo los mexicanos y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales. 

El mismo derecho puede conceder el Estado a los extranjeros, excepto en las zonas prohibidas, en los términos que la misma disposición establece.

Una sociedad constituía conforme a nuestras leyes y que tenga su domicilio en la República, aunque esté formada por extranjeros, es mexicana, dado que la Ley de Extranjería vigente establece que las sociedades formen una persona moral distinta de los miembros que las constituyen, y en consecuencia, tienen el derecho de que se trata, de donde resulta que los extranjeros, de hecho, pueden por tal medio adquirir el dominio de tierras y aguas u obtener concesiones de explotación, contra el precepto constitucional de referencia, que de esta manera queda burlado.

Para impedir tal situación estima el Ejecutivo que las sociedades mexicanas, para ejercer el derecho que les concede la Constitución, deben estar dirigidas y administradas por mexicanos y con capital mexicano, al menos en su mayor parte.

El proyecto de ley que será sometido a vuestra soberanía, y que cuya promulgación no sólo es urgente sino que tiende a satisfacer ese fin, incluye en sus artículos los requisitos que deben reunir las sociedades mexicanas y las sanciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

De esta manera evitaremos la repetición de los casos que hasta ahora se vienen presentando de que dos o más extranjeros organizando una sociedad mexicana, pueden adquirir y poseer, aún en la zona prohibida, haciendo así negatoria la justa previsión en que se basaron nuestros legisladores al expedir la disposición constitucional relativa.

Comisión internacional de límites:

La Sección Mexicana de Límites ha constituido sus trabajos en cooperación y armonía con la Sección Americana. 

Se han hecho estudios para la eliminación de bancos, especialmente en el Valle de Juárez correspondiente al de El Paso, y los ingenieros consultores de ambas secciones han hecho el estudio y rendido su informe a fines de julio último, estudio en el que se proponen diversos trabajos que se consideran necesarios para la mejor regularización del Río Bravo en la parte mencionada. 

No obstante estar terminados los preliminares técnicos, algunas consideraciones de carácter legal han motivado el aplazamiento de la eliminación de bancos en esta zona.

La Junta de Aguas Internacionales no ha celebrado sesiones durante los meses del presente año, en virtud de estar ocupada en el cumplimiento de los acuerdos tomados durante el año próximo pasado.

El Ejecutivo de mi cargo, una vez que la citada Junta de Aguas Internacionales y la primera Zona de Irrigación dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, presentaron el estudio completo de la zona mexicana del Río Colorado, giró instrucciones a nuestra Embajada en Washington para que se solicitara del Gobierno de los Estados Unidos la conformidad para someter a la consideración de ambos Gobiernos la resolución de esa importante cuestión, que significa para nuestro país la resolución de un serio problema en el Distrito Norte de Baja California y en una parte del Estado de Sonora. 

El Gobierno americano declinó de momento tratar el asunto, por serle necesario, previamente, estudiar la zona americana, y aplazó para una posterior oportunidad tratar esta cuestión, que México ha deseado reanudar, partiendo de la situación en que quedaron la pláticas iniciadas durante el Gobierno del señor presidente Madero, en 1912. 

México esperará, en consecuencia, que el Gobierno americano esté en posibilidad de tratar esta situación, para afrontarla.

Coincidiendo con esto, el mismo Gobierno americano propuso estudiar el problema del Río Bravo en toda su extensión. 

Siendo a juicio de México necesaria y altamente conveniente la consideración de este asunto, no sólo para eliminar las dificultades que se han presentado en sus diversos aspectos en los límites del Bravo, sino para establecer mejores bases para resolverlas en el futuro y tratar, además, al estudio de la equitativa distribución de las aguas internacionales, aceptó en principios la discusión del asunto; pero no encontrándonos suficientemente preparados para abordar la resolución de este caso, se comunicó a los Estados Unidos que con la urgencia posible se comisionaría personal suficiente que haga los estudios correspondientes, y se espera que durante el año entrante estaremos en posibilidad de integrar la comisión que estudie esta importante cuestión, y al efecto, la Secretaría de Agricultura y Fomento, en cooperación con la Junta de Aguas Internacionales, está haciendo los estudios que servirán de base a México para tratar sobre el Río Bravo.

El Gobierno de los Estados Unidos manifestó sus deseos de reanudar las negociaciones para la resolución del caso del Chamizal. 

Al efecto presentó, previa la aquiescencia nuestra, un proyecto de tratado, que envolviendo la resolución del Río Bravo, indirectamente incluía al Chamizal. 

México, dispuesto como está y vivamente interesado en la resolución del viejo asunto del Chamizal, ha expuesto al Gobierno americano su punto de vista, señalando en primer lugar que refiriéndose la cuestión a la Validez que México sostiene del laudo arbitral y el desconocimiento del mismo sostenido por los Estados Unidos, debe particularmente resolverse ese punto fundamental, recurriendo a las normas internacionales admitidas, para dirimir la controversia, sin prejuicio de que el asunto general concerniente a los límites del Bravo se estudie y resuelva por medio del arreglo ya propalado y cuya realización sólo depende de la preparación necesaria que México está obteniendo, mediante los estudios correspondientes. 

En consecuencia, continuando las negociaciones sobre el Chamizal, me será honroso informar en su oportunidad a la H. Representación Nacional el curso de este negocio.

Se han dado las autorizaciones necesarias por ambos Gobiernos para la constitución de unas cercas internacionales sobre la línea divisoria en la región llamada de San Elisario, expensándose los gastos por partes iguales entre ambos países.

Se ha dado opinión favorable por la Secretaría de Relaciones a la de Comunicaciones y Obras Públicas para la construcción de dos puentes internacionales sobre el Río Bravo.

Se ha iniciado y está muy adelantada la redacción y publicación de la memoria relativa al trazo de la línea divisoria que fija los límites con la República de Guatemala, publicación que se hace de acuerdo con el tratado respectivo y que se había omitido hasta el presente.

Tratados, conferencias y congresos internacionales:

Durante el período que comprende este informe se han celebrado los siguientes tratados:

El 25 de septiembre de 1924 se firmó en esta ciudad la Convención entre México y Francia, que establece la Comisión Mixta especial que habrá de conocer de las reclamaciones por daños de la revolución de los ciudadanos y protegidos franceses. 

Sometida a la aprobación del H. Senado de la República, este Alto Cuerpo le dio su aprobación el 26 de noviembre del año pasado, habiéndose efectuado el canje de ratificaciones en esta ciudad el 29 de diciembre del mismo año.

Los Gobiernos mexicanos y francés convinieron en nombrar como presidente de esta Comisión al distinguido internacionalista brasileño doctor Rodrigo Octavio y la Comisión fue solemnemente instalada en esta ciudad el 14 de marzo del año actual, siendo designados representantes a esta Comisión por México el licenciado don Fernando González Roa y el señor Ernest Legarde por Francia. 

Como agente mexicano ha sido nombrado el licenciado don Aquiles Elorduy.

El 8 de octubre del año próximo pasado fue firmado entre México y Japón el Trabajo de Comercio y Navegación que mereció la aprobación del H. Senado el 28 de noviembre anterior, y el canje de ratificaciones se efectuó aquí el 4 de marzo del año actual.

Aparte de las estipulaciones comunes a estos tratados, en el celebrado con Japón se parte del respeto absoluto a las legislaciones de ambos países, y se estipula además la renuncia para reclamaciones que pudieran provenir en lo futuro de revoluciones o disturbios interiores y se ha proscrito de este Convenio la cláusula caduca de la nación más favorecida. 

Se establece, además, que la representación diplomática sólo procede en aquellos casos en que, agotados todos los trámites y recursos establecidos por las leyes del país, las resoluciones finales se traduzcan en injusticias, es decir concretando la representación diplomática a los casos consagrados por el Derecho Internacional exclusivamente.

El 16 de marzo del presente año fue firmada la Convención de Reclamaciones con la República de Alemania, y ser sometida en su oportunidad a la aprobación del H. Senado. 

Tanto en esta Convención como en la francesa se ha cuidado de introducir convenientes modificaciones sugeridas por la experiencia y consagrando principios de acuerdo con nuestra Carta Fundamental, como la relativa a la base que deber tomarse para la fijación del monto de las indemnizaciones.

El 25 de mayo que acaba de pasar fue firmado en la Habana, Cuba, un Tratado de Extradición entre México y aquel país, cuya aprobación constitucional ser solicitada en el cual período de sesiones del H. Senado.

Se han ratificado las siguientes convenciones: La Internacional del Opio; sobre Propiedad Literaria, Artística y Científica con España; la que establece la Oficina Internacional de Química Analítica; la Unificación de la presentación de los resultados de análisis de materias destinadas a la alimentación del hombre y de los animales; la Postal Universal, firmada en Estocolmo, Suecia.

Por designación de anteriores congresos, México ha invitado al II Congreso Postal Panamericano, que deber reunirse el 15 de octubre del año entrante y a las naciones de la América Latina al VII Congreso Médico Latinoamericano, en la fecha pendiente de señalar por el Departamento de Salubridad, por haberse pospuesto su reunión.

Se han recibido por México invitaciones para veintisiete congresos y conferencias internacionales, habiéndose invitado representantes a la mayor parte de ellos y declinándose la invitación a otros. 

Entre esto figuran algunos convocados por la Liga de las Naciones, y especialmente la Conferencia sobre Tráfico de Armamentos, invitación que fue declinada, por consideraciones ya conocidas de esta H. Representación Nacional, provenientes de la actitud que México ha asumido respecto a la Liga de las Naciones.

Con fecha 1 de noviembre entró en vigor el convenio principal de la Unión Postal Americana, por el cual se conceden franquicias postales a las correspondencias diplomática y consular. 

En noviembre pasado se efectuó una conferencia entre funcionarios postales mexicanos y americanos en San Antonio, Texas, habiéndose tomado allí acuerdos importantes.

Conferencias entre México y los Estados Unidos en El Paso, Texas:

En el mes de mayo que acaba de pasar, se efectuó en El Paso, Texas, una conferencia entre delegados mexicanos y americanos, para estudiar y formular las bases de un convenio que tienda a evitar el contrabando, el tráfico ilícito de narcóticos, para resolver las cuestiones de migración en la frontera, para adoptar medidas comunes sobre la pesca en aguas limítrofes de ambos países y para señalar los nuevos delitos que como consecuencia de estos acuerdos, deben incluirse en el tratado de extradición. 

La conferencia, reunida a iniciativa del Gobierno americano, desarrolló muy provechosamente sus trabajos y formuló el proyecto de convenio que está siendo negociado diplomáticamente entre las dos cancillerías y cuya firma se efectuará en breve, pues fundamentalmente ambos gobiernos han aprobado el texto del convenio, salvo modificaciones ligeras que están en tramitación. 

La delegación mexicana, integrada por representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones, y bajo la presidencia del subsecretario de Gobernación, actuó con diligencia y eficiencia y contribuyó para el fomento de la buena amistad entre México y los Estado Unidos, y el convenio formulado favorecer mucho los intereses de ambos países el ponerse en vigor.

Se han concedido once extradiciones de delincuentes extranjeros y hemos obtenido, a nuestra vez, cinco extradiciones de mexicanos prófugos de la justicia. 

Algunas extradiciones, de acuerdo con la ley, han sido negadas por México.

Desde el año de 1861 había sido concedido por el jefe político de Baja California un permiso al Gobierno americano, para usar como estación carbonífera, la bahía de Pichilingüe. 

Este permiso, contrario a todas nuestras leyes, había sido mantenido por los diversos gobiernos. 

En julio del año próximo pasado se giraron órdenes a nuestra Embajada en Washington para que, exponiendo la situación al Gobierno americano, se solicitara del mismo fuera retirada la estación, por ser su permiso contrario a nuestra Constitución. 

El Gobierno americano, apreciando justamente la actitud de México, dio órdenes para retirar la estación mencionada y, al efecto, el 1 de abril del año en curso, fue definitivamente abandonada, quedando a salvo así una situación creada en pugna con nuestra Constitución. 

Comisiones mixtas:

Han continuado funcionando las comisiones mixtas de reclamaciones entre México y los Estados Unidos, tanto la especial, como la general, de acuerdo con los convenios y reglamentos respectivos.

Están en estudio las convenciones con España e Italia.

La comisión francesa, como ya he informado antes, entró en receso después de su instalación, para preparar sus trabajos y se reunir por segunda vez en enero entrante.

Agregados obreros:

El Ejecutivo de mi cargo creyó conveniente crear las plazas de agregados obreros a nuestras representaciones diplomáticas. 

El objeto de estos funcionarios será el de estudiar cuidadosamente el desarrollo social de los países donde estén comisionados, para rendir informes oportunos al Gobierno, especialmente sobre legislación de trabajo, previsión social y, en general, sobre el movimiento obrero y, al mismo tiempo, establecer relaciones entre esos elementos y los similares de México, debiendo, principalmente, actuar ante las organizaciones que los gobiernos tienen para atender esta importante cuestión. 

El deseo del Gobierno ha sido, en el presente caso, no sólo tener una fuente de información adecuada para su provecho propio, sino, al mismo tiempo, dar a conocer a las organizaciones obreras del país, lo que en esta materia se está haciendo en otras partes, de tal manera, que esta labor sirva de orientación en la organización del trabajo en consonancia con lo que en otros lugares se esté haciendo. 

De este modo, el Gobierno espera poder atender más eficientemente a las necesidades del país, teniendo fuentes de información que le permitan auxiliar los trabajos que aquí han de efectuarse.

Hay en la actualidad agregados obreros en los principales países europeos y en la América del Sur.

Movimiento diplomático:

Se han efectuado nombramientos y cambios en nuestras representaciones diplomáticas, conforme al detalle que consta en la memoria respectiva. 

Fue nombrado embajador en Washington don Manuel C. Téllez.

Se han recibido, durante el año que ayer terminó, a los representantes diplomáticos de diversos países, habiendo quedado acreditados los excelentísimos señores embajadores de los Estados Unidos y del Brasil y a los excelentísimos enviados extraordinarios y ministros plenipotenciario de China, Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, Cuba, Alemania, Italia, Paraguay, Uruguay y Hungría; unos de los representantes aludidos han venido a reemplazar a los respectivos antecesores, y otros, como el de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas y el de Hungría, por primera vez después de reanudadas las relaciones con sus correspondientes países.

Misiones diplomáticas especiales:

Con motivo de la celebración del centenario de la batalla de Ayacucho, y aceptando la invitación que la República del Perú hiciera a México, se designó una Embajada Especial para asistir a la conmemoración de aquella importante fecha histórica de América, y al frente de dicha embajada figuró el licenciado don Antonio Caso, quien juntamente con nuestro ministro allá, licenciado Leopoldo Ortiz, y un secretario, cumplieron su misión debidamente.

El día 20 de mayo anterior, la República de Cuba efectuó la transmisión del Poder público y, habiéndose extendido invitación para que México se encontrara representado en esta ocasión, el Ejecutivo designó al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Aarón Sáenz, para que con el personal necesario llevará nuestra representación. 

El envió de esta embajada -que correspondió a la que Cuba no enviara en ocasión semejante- tuvo oportunidad no sólo de cumplir con su misión, sino constatar la buena armonía y el sentimiento amistoso que liga a los pueblos de México y Cuba, y tocó la distinción a la embajada mexicana, con tal motivo, de llevar el decanato de las numerosas misiones diplomáticas que se asociaron a Cuba en momento tan importante para su vida política.

En agosto anterior, la República de Bolivia celebró el primer centenario de su independencia y, aceptando la invitación relativa, México se hizo representar por una embajada especial, a cuyo frente figuró nuestro actual en Chile, ingeniero do Eduardo Hay. 
México tiene que agradecer, a su vez, las señaladas manifestaciones de amistad que recibiera con motivo de la transmisión del mando supremo de la nación, el 1 de diciembre próximo pasado, cuando tuve el honor de asumir la Presidencia de la República. 

En esta ocasión se recibieron misiones especiales de los países amigos, como las embajadas de Cuba, Perú, Argentina, Estados Unidos, España, Francia, Japón y Brasil; con carácter de enviados extraordinarios y plenipotenciarios, los representantes de Uruguay, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Colombia y Salvador y como delegado especial el de Costa Rica.

En esta oportunidad México pudo comprobar, una vez más, las buenas relaciones que mantiene con esos países amigos, quienes se asociaron en momento tan solemne al regocijo del pueblo mexicano, que pudo realizar un acto trascendental en su vida política, como la transmisión pacífica del Poder.

Nuestras relaciones internacionales:

Nuestras relaciones con los demás países han marchado dentro de la mayor cordialidad. 

Con las repúblicas hermanas del Continente cada día surgen nuevos motivos de acercamiento y solidaridad, y nuestra norma de conducta para ellas se caracteriza por una estrecha amistad y una intensa cooperación, en la medida de nuestras posibilidades.

En el mes de septiembre del año próximo pasado un movimiento militar derrocó el orden constitucional de la República de Chile. 

México, consecuente con la línea de conducta adoptada, no sólo por un sentimiento de solidaridad, sino por experiencia propia y como una demostración del espíritu público que norma nuestra orientación política, desconoció al Gobierno así constituido y se dieron instrucciones a nuestro representantes diplomático para que ofreciera al señor presidente de Chile, don Arturo Alessandri, toda la simpatía de México y cualquiera ayuda compatible con la amistad continental, que pudiera ser agradable al Gobierno constitucional; además, y una vez consumado el golpe de Estado, se retiró a nuestro ministro en Santiago. 

Felizmente para el pueblo chileno y para honor de aquel país, tras breves meses de experimentación política, la opinión pública reaccionó de tal manera, que fue impuesto el regreso del señor presidente Alessandri, y México, con viva complacencia, restableció inmediatamente sus relaciones y quedó de nuevo acreditado en Santiago de Chile nuestro representante diplomático.

Declaraciones del secretario de Estado, señor Kellogg:

El 12 de junio próximo pasado, la prensa de los Estados Unidos y la de México dieron amplia publicidad a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, señor Frank B. Kellogg, relativas a las relaciones y a la situación entre su país y el nuestro. 

Tales declaraciones, suficientemente conocidas de la opinión pública, como lo fue también el incidente que provocaron, determinaron al Ejecutivo de mi cargo a hacer las rectificaciones consiguientes, por entrañar las primeras puntos erróneos, en nuestro concepto.

Siendo ampliamente conocido este incidente, no considero necesario extenderme más, pudiendo, sin embargo, informar a la H. Representación Nacional, que seguramente aclarada la situación, dentro del espíritu amistoso que norma nuestra relaciones y convencida la opinión pública de que la actitud del Gobierno mexicano reposaba en la sinceridad que caracteriza nuestro trato con la vecina República del Norte, todo indica que para bien de las relaciones entre México y los Estados Unidos, marchamos sobre un entendimiento cordial y franco y que seguiremos aportando nuestro contingente para mantener solidaridad tan conveniente para el fomento de una amistad basada en la mutua consideración y respeto. 

Nuestra relaciones con Inglaterra:

Es bien conocida del H. Congreso de la Unión, la situación internacional que en los últimos años ha prevalecido entre México e Inglaterra. 

En el anterior Informe del Ejecutivo se dio cuenta a la H. Representación Nacional, del estado que guardaban nuestras relaciones con el referido país y se detallaba también el último incidente. 

Posteriormente el Gobierno de la República consideró oportuno, en el mes de noviembre próximo pasado, clausurar nuestros consulados en Inglaterra, por las razones que a su tiempo se hicieron del dominio público.

De entonces acá la situación ha cambiado considerablemente. 

Como el comercio y las demás actividades se perjudicaban mucho, por falta de funcionarios diplomáticos y consulares, varios particulares ingleses se acercaron a la Secretaría de Relaciones, para conocer si era posible llegar a un arreglo, y aun afirmaron que tenían la certidumbre de hacer llegar a Inglaterra los puntos de vista de México. 

Por tanto, se dieron instrucciones a nuestra Embajada en Washington para que en forma personal inquiriera del embajador británico allí acreditado, cuál era el carácter y representación de las personas susodichas. 

Sobre el particular, el Gobierno se atuvo invariablemente a su actitud pública bien definida, en el sentido de aceptar todo arreglo decoroso para la dignidad del país, que partiera de la base del completo respeto a su soberanía, y que cuidara de no subordinar la reanudación de relaciones a condición alguna. 

Además. 

México siempre ha estado dispuesto a discutir cualquier asunto sobre la base de aceptar todas aquellas obligaciones que le pudieran sobrevenir de acuerdo con los principios del Derecho Internacional y, por tanto, a entablar negociaciones con los países interesados en la resolución de cualquier asunto pendiente, siempre que la reanudación de aquéllas se verificara sin condición alguna, pues lo contrario, no sólo resultaría en mengua de nuestra soberanía, sino en desacuerdo con las normas de la amistad internacional.

En tal estado las cosas, hubo un cambio personal de impresiones entre los embajadores mexicano y británico en Washington, en el que nuestro representante reiteró la actitud de México, de estar dispuesto a tratar sobre la reanudación de relaciones, sin condición alguna.

Seguramente, como consecuencia de lo anterior, a principios de agosto pasado, el Gobierno de Su Majestad Británica instruyó al señor Norman King, su cónsul general en esta ciudad, para solicitar una audiencia oficial con el objeto de presentar al Gobierno mexicano una declaración del británico, en la que se patentizaba el deseo de llegar a un pronto acuerdo amistoso sobre la reanudación de relaciones diplomáticas, sin más formalidad. 

El Ejecutivo de mi cargo no tuvo inconveniente en aceptar desde luego tal deseo, y, al efecto, confirmó su actitud de estar preparado para reanudar las relaciones formales, y al mismo tiempo su conocida creencias de que un intercambio directo de impresiones entre los dos gobiernos bastaría para llegar a un entendimiento sincero, sin perjuicio de que, posteriormente a tal reanudación, el Gobierno mexicano estuviera dispuesto a oír todos aquellos asuntos que el británico pudiera presentarle, y de los cuales resultaren a México obligaciones conforme al Derecho Internacional.

Aclarada así la situación, ambos gobiernos decidieron reanudar sus relaciones formales, y, al efecto, el 28 del mismo agosto, simultáneamente en esta ciudad y en Londres, se han hecho declaraciones oficiales que restablecen las relaciones entre los dos gobiernos, después de un cambio satisfactorio de impresiones relativo a las diferencias pendientes entre los dos países, y fueron acreditados al mismo tiempo sus respectivos encargados de Negocios, siendo el de México, el consejero de Legación, licenciado Alfonso Rosenzweig Díaz, y el británico, el señor Norman King, mientras se acreditan los ministros plenipotenciarios correspondientes.

Ha quedado igualmente restablecido el servicio consular.

Posteriormente a la reanudación anunciada, ambos gobiernos han convenido en someter a negociaciones diplomáticas, por los conductos normales, es decir, por los representantes respectivos y ante las secretarías de Relaciones correspondientes, todos aquellos asuntos que puedan estar pendientes -fuera de las reclamaciones por daños provenientes de la revolución, que serán objeto de una comisión mixta, conforme a la invitación formulada por México a los países interesados en 1921- para ser estudiados y resueltos de conformidad con el Derecho Internacional, y estableciendo que los que no puedan ser arreglados en las negociaciones diplomáticas, se someterán a arbitraje, que es la mejor manera de resolver pacíficamente y en mutua conciliación los conflictos entre Estados soberanos.

Me es honroso comunicar así la solución de uno de los problemas internacionales que por mayor tiempo se había mantenido sin arreglo; y que al quedar restablecida la normalidad de nuestra relaciones con Inglaterra, hemos podido hacerlo guardando toda la consideración que reclama la dignidad de nuestro país, dejando a salvo los derechos de nuestra soberanía; y debe ser motivo de leal y sincero regocijo que ambos gobiernos, celosos de sus respectivos intereses, hayan encontrado la forma de solucionar una situación que sin reales motivos de zozobra interrumpió, sin embargo, las tradicionales relaciones amistosas entre México e Inglaterra, y restablecida la normalidad sobre bases de mutuo decoro y respeto, dejarla asegurada para el futuro, para bien de los dos pueblos interesados. 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Hace hoy un año que mi ilustre antecesor en la Presidencia de la República, en la parte relativa a su Mensaje al H. Congreso de la Unión , después de referirse a la bancarrota hacendaria producida por la gestión de don Adolfo de la Huerta y de cuantificarla en un déficit acumulado de $ 41.378,985.03, y en un déficit medio mensual de cerca de tres millones de pesos, cifras que recientes revisiones cuidadosas han elevado, respectivamente, a $ 42.383,583.87 y a $4.709,287.09; después de exponer los medios usados para conjurar los peligros de tan desastrosa situación, tales como el caso inmediato de cerca de dos mil empleados supernumerarios y comisionados especiales -todos ellos innecesarios y generosamente pagados- la reducción razonable de los sueldos y gastos autorizados por el Presupuesto de Egresos, la reorganización eficiente de las oficinas recaudadoras y de los servicios públicos productivos, etcétera; después de dar cuenta de la notable reducción que progresivamente venía produciéndose, por efecto de la aplicación de tales remedios, en el excedente de los gastos sobre los ingresos y de que, diciembre de 1923, volvió a subir dicho, de modo tan brusco -por la criminal asonar, que encabezó el mismo De la Huerta- que llevo el déficit acumulado con que se cerraron las cuentas de ese ejercicio fiscal a $ 58.683.046.01; después de informar sobre el modo cómo fueron corregidos, para el año de 1924, los presupuestos desequilibrados de 1923, disminuyendo el personal y los gastos en cerca de cien millones de pesos y aumentando algunas contribuciones y creando fuentes adicionales de recaudación, hasta nivelar prácticamente -por supuesto, sobre la única base posible de una hipotética normalidad- los egresos autorizados y los ingresos probables; después de mencionar los trabajos del la Comisión que se encargó de valorizar el costo de represión de la asonada militar y de determinar la cifra representativa de dicho costo, para el primer semestre de 1924, en $ 39.378,938.97, que rectificaciones posteriores, al elevarla a $ 43.239,607.55, han confirmado la presunción de que el total restablecimiento de la normalidad económica -rota por efecto de tal asonada- costar a la sola Hacienda pública federal una suma no menor de sesenta millones de pesos; después de declarar que se logró hacer frente a los crecidos gastos de la campaña militar sin recurrir a medios violentos ni a contribuciones especiales de guerra, sino mediante la cooperación espontánea, voluntaria o tolerada de otras Entidades políticas, de instituciones privadas y de causantes, abastecedores y empleados públicos, aportaciones extraordinarias de dinero que montaron a la suma de $ 38.374,202.74 y que estaban ya totalmente amortizadas el 31 de agosto de 1924; después de señalar las causas que determinaron la penosa suspensión del servicio de la Deuda Exterior y de referirse a las convenciones Catastral y Bancaria y a los hechos más salientes de la labor administrativa desarrollada en esta dependencia del Ejecutivo, tales como la reorganización autónoma de la Beneficencia Pública del Distrito federal y la creación del jurado de Penas Fiscales; después de todo eso -decía- y ante la imposibilidad absoluta de siquiera haber intentado, durante el tiempo a que se contraía su Mensaje, la necesaria reforma fiscal de la Federación aludió al nuevo impuesto que grava los sueldos, salarios y emolumentos y las utilidades de sociedades y empresas, como el posible núcleo de formación, por su excelencia técnica, del futuro sistema de tributación y terminó con esta declaración final:

Mientras tanto, este Ejecutivo espera, fundadamente, que persistiendo con toda constancia en el sendero de economías que ha seguido hasta ahora, pronto se lograr volver a poner a flote la Hacienda pública federal para mayor bien del desarrollo económico del país y de su crédito en el extranjero. 

He tenido que hacer la breve recordación que antecede porque de los doce meses que abarca este Mensaje -del 1 de septiembre de 1924 al 31 de agosto del año en curso-, los tres primeros corresponden al pasado período presidencial y, de los nueve meses restantes, el primero de ellos fue regido por los presupuestos de 1924 y los otros por los presupuestos ahora vigentes, además de que los resultados de la labor hacendaria desenvuelta en la totalidad de ese lapso de nueve meses, proceden de que el Ejecutivo de mi cargo ha persistido enérgicamente en la política de honradez, economía, orden y orientación revolucionaria, provocada por los males que ocasionó la política opuesta del señor De la Huerta y que fue posible iniciar cuando éste renunció a la cartera de Hacienda y la Administración pública se libertó de su influencia. 

Estado de la Hacienda pública federal el 31 de diciembre de 1924:

Con el triunfo del Gobierno sobre la asonada delahuertista y el restablecimiento de la legalidad en todo el país, la Hacienda pública marchó tan rápidamente hacia su normalidad administrativa y financiera que, no obstante los obstáculos que la efervescencia política de la campaña militar oponían a todo intento de reorganización, y a pesar de los enormes gastos extraordinarios erogados durante dicha campaña y la substracción total o parcial de numerosas fuentes de recaudación, el último día del ejercicio fiscal de 1924 se significó por estos dos hechos; que la Tesorería General de la Nación - por primera vez en un lapso de varios años- clausuró sus labores sin dejar un solo documento pendiente de data y que las cuentas del Erario federal arrojaron una reducción de $ 17.056,076.56, en el déficit de $ 58.683,046.01, heredados del nefasto año de 1923. 

El presente ejercicio fiscal se inauguró, pues, con un déficit acumulado de $ 41.626,969.45.

Los presupuestos de 1925:

La subsistencia de un fuerte déficit y el propósito del Gobierno de reanudar en el plazo más breve posible, el servicio de la Deuda Exterior sobre bases que garanticen, en el futuro, contra penosa suspensión, es decir, después de satisfacer necesidades nacionales inaplazables como, por ejemplo, llenar el déficit mencionado, establecer el Banco Único de Emisión y siquiera iniciar la construcción de la red nacional de caminos y obras de irrigación que mejoren las condiciones económicas y fiscales del país; el déficit que subsistía aún -repito- y el deseo de una pronta y satisfactoria reanudación de los pagos suspendidos de la Deuda, impulsaron al Ejecutivo de mi cargo a desplegar nuevos esfuerzos encaminados a la reducción y el aumento máximos posibles, respectivamente, de los egresos autorizados y de los Ingresos probable, aparte de que, el propio tiempo, se intentaba negociar con el Comité Internacional de Banqueros la nivelación, con la capacidad financiera real del gobierno, de las obligaciones derivadas del convenio que se firmo en New York el 16 de junio de 1925.

Tales fueron las consideraciones que sirvieron de guía en la formación de los presupuestos para el ejercicio fiscal de 1925.

El Presupuesto de Egresos:

El H. Congreso de la Unión, por derecho de 26 de diciembre de 1924, se sirvió refrendar el Poder Ejecutivo las facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, hasta el 31 de agosto último.

En uso de tales facultades, pero reducido el campo de las economías y amplificada correspondientemente la proporción de éstas -ya que la H Cámara de Diputados había votado los Presupuestos de Egresos de los poderes Legislativo y Judicial, aumentando, respectivamente, sus montos, en relación con los autorizados para 1924, en $ 1.749,073,05 y $569,543.00- este Ejecutivo formó su propio presupuesto, procurando introducir en el personal y los gastos de todas sus dependencias, respecto de los consignados en el presupuesto de 1924, las reducciones máxima compatibles con la conservación de los servicios de los servicios públicos relativos, además, fue suprimido el Departamento de Aprovisionamiento Generales, considerando que nunca había llegado a poder desempeñar las funciones que tenía asignada y que resultaba dispendioso e inútil, ya que, tanto las Secretarías de Estados como los Departamentos del Ejecutivo -por la falta de eficiencia de aquél- disponían de órganos adecuados para la provisión de las materiales y artículos que consumen.

Se logró limitar, por los medios indicados, la suma de las asignaciones autorizadas para los sueldos haberes y gastos del Poder Ejecutivo, a $ 207.694,004.30.

Las asignaciones concedidas para el ramo de Deuda Pública tuvieron un aparente aumento de $ 10.204,411.84, sobre las correspondientes del presupuesto de 1924, y digo aparente porque en los $ 84.169,672.95 que importan, están comprendidos $ 20.000,000.00, destinados a pagar la Deuda flotante y los saldos provenientes de años anteriores y los adeudos a que pudiera hacer lugar, conforme al decreto de 31 de mayo de 1901 y disposiciones relativas.

El presupuesto original de egresos para el presente ejercicio fiscal importó, pues:

Por concepto de personal y gastos $ 207.694,004.30

Por concepto de Deuda Pública $ 84.169,672.95

Total $ 291.863,677.25

Como por otra parte, en el curso de los ejercicios fiscales de 1924 y 1925 se ha venido corrigiendo los Presupuestos de Egresos originalmente adoptados, ampliando, adicionando, reduciendo o cancelando algunas de sus partidas, resulta, finalmente, las asignaciones totales para sueldos, haberes y gastos de 1924, de $ 251.111,820.94 y las de 1925, de $ 216.672,465.93; la diferencia entre estas cantidades o se $ 34.439,355.01 -cuya mitad, aproximadamente, corresponde a la sola Secretaría de Guerra y Marina- representa, pues el monto de las economías efectivas realizadas, por los conceptos de personal y gastos, en el presente ejercicio fiscal.

La Ley de Ingresos:

Las principales modificaciones introducidas en la Ley de Ingresos de 1924 para formar -conservando su estructura general- la de 1925, tendieron a simplificarla mediante la clasificación más técnica de los ingresos federales en los cuatro grupos de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamiento y la supresión de gabelas improductivas y estorbosas; a aumentar en lo posible y sin perjuicio de la economía nacional, los recursos del Erario y, sobre todo, a preparar la futura reforma fiscal por medio de la creación de nuevos elementos correctores del defectuoso régimen imperante y de la vigorización del germen, ya incubado, de dicha reforma: el impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos y sobre utilidades de sociedades y empresas o, en menos palabras, el impuesto sobre la renta.

Con los propósitos de capacitarlo mejor para que llene la finalidad social que con él se persigue y de hacerlo más productivo, se dio mayor extensión al impuesto sobre la renta y fueron aumentadas sus tarifas. 

Las dos cédulas, en efecto, de que constaba el impuesto de 1924, quedaron subdivididas en estas siete:

Primera: del ejercicio del comercio;

Segunda: de las explotaciones industriales;

Tercera: de las explotaciones agrícolas;

Cuarta: de la colocación de dinero, valores, créditos, depósitos y cauciones;

Quinta: de participaciones obtenidas en explotaciones del subsuelo o en concesiones del Poder público;

Sexta: del trabajo a sueldo o salario, y

Séptima: del ejercicio de profesiones liberales, literarias o artísticas o de cualquier otra ocupación lucrativa no comprendida en las cédulas anteriores.

Los renglones de la Ley de Ingresos que se refieren al impuesto sobre la renta, fueron desarrollados por la Ley de 18 de marzo próximo pasado, marcando los lineamientos generales de la imposición de acuerdo con los cuatro postulados doctrinales relativos: la exención del mínimum de existencias; la discriminación en la naturaleza de las rentas; la progresividad y la reducción de cargas de familia.

El Reglamento del 22 de abril del mismo año detalla dichos principios y regula los procedimientos para hacer efectiva la recaudación. 

De este modo, el impuesto sobre la renta sirve ahora sólo como fuente más abundante de recaudación fiscal -su producto en los primeros siete meses de este año ha sido casi tres veces y media mayor que el de todo el año pasado-, sino también, puesto que alcanza hasta a las más grandes fortunas y exime a los desheredados, como impuesto directo complementario de la contribución indirecta que hasta la fecha ha constituido, casi exclusivamente, el sistema federal de tributación. 

Pero el Ejecutivo federal va más lejos aún y le asigna una alta función redentora, acompañando la expansión progresiva del impuesto sobre la renta, con la supresión, ya comenzada, de impuestos equivalentes del Timbre y transportando así las cargas que han gravitado más pesadamente sobre los pobres, a las recias espaldas de los ricos. 

La expansión, en suma, del impuesto sobre la renta; el aumento de sus tarifas y de las cuotas de otros gravámenes: la adición de algunos renglones en la nueva Ley de Ingresos; el mejoramiento de los organismos burocráticos de recaudación fiscal, y el restablecimiento de las condiciones normales del país -ante el monto de los ingresos del año anómalo de 1924, que paso de doscientos ochenta millones de pesos y , por supuesto, sobre la base de la inalterabilidad del orden- fueron elementos suficientes de previsión, no sólo de equilibrio de los presupuestos de 1925, sino hasta de excedencia de los ingresos probables sobre los egresos autorizados.

La rehabilitación hacendaria:

Los hechos han confirmado plenamente la previsión anterior. 

Durante todo este ejercicio fiscal, en efecto, han venido pagándose corrientemente los vencimientos de las autorizaciones presupuestales -con la sola excepción de los que corresponden a las obligaciones derivadas de la Deuda Exterior, de la Agraria y de la contraída con los antiguos Bancos de Emisión- y se han acumulado, sucesivamente, en las cajas de la Tesorería General, reservas cuyo monto supera al de los vencimientos insolutos.

Esto indicó, desde luego, la posibilidad de satisfacción de dos de las condiciones preliminares del plan financiero del Gobierno -que ha sancionado la opinión pública- para la reanudación, sobre bases firmes, del servicio de la Deuda Exterior: eliminar el déficit de los presupuestos y, al menos, comenzar la construcción de la red nacional de caminos y de las obras de irrigación más necesarias para el desarrollo agrícola del país.

Descubierta tal posibilidad, este Ejecutivo no ha tenido inconveniente en comprometerse a suplir el faltante para completar hasta un millón de pesos cada mes del producto, inferior a cuatrocientos mil pesos, del nuevo impuesto sobre el consumo de la gasolina, destinado especialmente a la construcción de caminos por decreto de 30 de marzo, y de cuya administración -libertada de muchas trabas burocráticas- se encargar la Junta Nacional de Caminos, creada, por el mismo decreto, con representantes de las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y de los causantes del impuesto. 

La junta está ya constituida y pronto podrá ocupar, en la construcción de tres importantes carreteras, cerca de diez mil trabajadores. 

Se hacen ya, además los preparativos para emprender obras de irrigación, en diversos lugares de la República, a principios del año entrante.

El déficit inicial de $ 41.626,969.45, se ha reducido ya a $ 14.291,039.50, debido a que se han saldado decenas atrasadas de funcionarios y empleados públicos, adeudos a comerciantes e industriales y otras obligaciones de años anteriores, todo eso por valor de $ 26.335,929.95. 

Si se agrega esta cantidad al monto de $ 44.650,607.91 a que llegaban ayer las reservas metálicas de la Tesorería, la suma, o sea $ 70.986,537.86 representa el importe total de la excedencia, en esta fecha, de los ingresos efectivos sobre las autorizaciones presupuestales ejercidas. 

Deduciendo, finalmente, de la excedencia total de las entradas sobre las salidas el valor de los vencimientos, hasta ahora, de las autorizaciones no ejercidas del presupuesto y el de los recursos extraños a la Ley de ingresos, que en junto alcanzan la cifra de $ 45.536,477.52, la diferencia de $ 25.450,060.34 expresa el superávit acumulada durante los primeros ocho meses de este ejercicio fiscal, como halagador resultado hacendario sin precedente en la historia de la Administración Pública mexicana de la política de orden y economía que se ha impuesto el Ejecutivo de mi cargo. 

El Banco Único de Emisión:

Acabo de referirme a dos posibilidades en vías de realización. 

Voy ahora a hablar del tercer propósito -que vive ya la vida de la realidad- previo a la reconquista del crédito de México en el extranjero mediante la segura reanudación del servicio de la Deuda Exterior.

Fue una necesidad apremiante la reorganización de la Comisión Monetaria, porque, como dependencia de la Secretaría de Hacienda, se había contaminado de todos los vicios y corruptelas engendradas por la acción política malsana que imperó, en otro tiempo, en aquel ramo de la Administración. 

Se procedió, pues, a satisfacer tan ingente necesidad y se procuró, además, hacer esto en forma de constituir una fuente de enseñanzas que pudieran ser aprovechadas, llegando el caso, para cimentar con firmeza y erigir con solidez el futuro Banco de Emisión. 

De allí que el decreto de 24 de diciembre de 1924 haya tendido a independizar administrativamente la Comisión Monetaria constituyéndola en sociedad anónima, y que le haya asignado dos órdenes de funciones: las bancarias de depósito y descuento, y las que antes desempeñaba en conexión con el Gobierno federal, como sucesora de la antigua Comisión de Cambios y Moneda.

Debo hacer mención especial, en este respecto, de que la Secretaría de Hacienda, desde la fecha de reorganización de la Comisión Monetaria, abandonó la vieja práctica de disponer, como aprovechamientos del Erario, de los productos de la acuñación de la plata. 

Estos han venido depositándose religiosamente en las cajas de dicha institución, para formar el fondo regulador de la circulación monetaria establecido por la Ley de 25 de mayo de 1905.

Desde que, con motivo de su reorganización, fue renovado el personal directivo de la Comisión Monetaria y comenzó ésta a actuar de acuerdo con su nuevo estatuto, se evidenció la factibilidad de funcionamiento administrativo de una institución semejante fuera de la perniciosa influencia de la política y, durante toda su vida, ofreció un campo de experimentación excelente sobre el cual han sido elaborados la Ley Constitutiva, la Escritura Social y los Estatutos del Banco de Emisión.

La labor acabada de mencionar fue empeñosamente ejecutada por una comisión que integraron los señores don Elías S.A. de Lima, Licenciado don Manuel Gómez Morin y licenciado don Fernando de la Fuente, bajo la dirección inmediata del secretario de ramo, ingeniero don Alberto J. Pani y de conformidad con las instrucciones dadas por este Ejecutivo.

Las características principales que da al Banco su Ley Constitutiva, son:

Ser organizado bajo la forma de Sociedad Anónima.

Se llamará Banco de México.

Su capital ser de $100.000,000.00 (cien millones de pesos) oro, representado por acciones precisamente nominativas de cien pesos cada una y divididas en dos series: la Serie A, que tendrá íntegramente pagado el cincuenta y uno por ciento del capital social, sólo podrá ser subscrita por el Gobierno de la República y será intransmisible; y la Serie B, que podrá ser subscripta por el Gobierno federal o por el público.

Se ocupará esencialmente en emitir billetes y regular la circulación monetaria en el República, los cambios sobre el exterior y la tasa del interés; descontar documentos de carácter genuinamente bancarios y efectuar las operaciones bancarias que requiera el servicio de la Tesorería y, subsidiariamente, todas aquellas que en general competen a los bancos de depósito y descuento.

Su administración, por último, estará a cargo de un Consejo integrado por cinco representantes de la Serie A y cuatro de la B, y ser vigilada por dos comisarios.

Los modos de aportación del capital social y de formación del Consejo Directivo, juntamente con el derecho que la ley concede al secretario de Hacienda de votar ciertas resoluciones del Consejo, realizar el control constitucional del Gobierno sobre el Banco.

El problema de armonizar este control con la condición ineludible de buen éxito en toda institución bancaria, es decir, la de independencia administrativa de ésta con el fin de libertarla de posibles abusos del Poder Público o intromisiones perjudiciales de la política, fue motivo de muy hondas meditaciones. 

La ley resuelve dicho problema, respecto del Consejo Directivo -que ser el que nombre el gerente, a los subgerentes y al cajero principal-, por los siguientes medios:

Primero, aplicando parcialmente el principio de recusación recíproca de los representantes respectivos de cada serie de acciones, esto es, dando a los tenedores de cada serie la facultad de recusar hasta el número total, menos uno, de los consejeros nombrados por la otra;

Segundo, prescribiendo que en ningún caso podrán ser consejeros ni comisarios los funcionarios y empleados públicos y las personas que desempeñen un puesto de elección popular durante todo el tiempo que deba durar su encargo;

Tercero, dejando al secretario de Hacienda - quien, según la prohibición anterior, no podrá formar parte del Consejo Directivo-la sola facultad de vetar resoluciones de dicho Consejo, siempre que puedan afectar al equilibrio económico de la República, tales como: las que se refieren a la emisión de billetes, a la inversión en valores extranjeros, a depósitos constituidos en el exterior y a operaciones relacionadas con la regulación de la circulación monetaria o con la Deuda Pública;

Cuarto, conociendo exclusivamente a los tenedores de acciones de la serie B el derecho de designar a los dos comisarios, y

Quinto, ordenando que mientras el público no subscriba acciones de la serie B, el Gobierno federal nombrar los consejeros que a esta serie corresponden, eligiendo un consejero de cada una de las ternas que deberán proponerle las instituciones bancarias y las confederaciones de Cámaras de Comercio y de Cámaras Industriales, y, como las Cámaras Agrícolas no están todavía confederadas, designando una persona que por sus conocimientos esté capacitada para representar los intereses Agrícolas de la República.

También fue motivo de serios estudios la investigación de las condiciones m s seguras de funcionamiento del Banco en todas las operaciones que éste deba efectuar y, particularmente, las que se relacionan con la emisión de billetes. 

Reciente aún la dura experiencia de las múltiples emisiones fiduciarias de la revolución, la ley tenía que extremar sus precauciones en ese punto y, al efecto, limita al doble de la existencia oro en caja -después de deducir la garantía metálica de los depósitos- la emisión máxima permisible, prescribiendo que los billetes serán emitidos solamente en cambio de monedas de oro, nacionales o extranjeras, de lingotes de oro a razón de setenta y cinco centigramos de oro puro por peso, de giros de primer orden, pagaderos a la vista y en oro, sobre el exterior, y en las operaciones de redescuento con los otros bancos. 

Siendo voluntaria la circulación de los billetes, obliga al Gobierno federal, a los Gobiernos de los Estados y a los ayuntamientos a recibirlos ilimitadamente en pago de impuestos y de todos sus créditos; hace imprescriptibles los billetes, ordenando que se canjeen por oro en la matriz del Banco y las sucursales; declara que la falta de pago de un billete producir acción ejecutiva previo requerimiento ante notario y salvo el caso de que el pago se niegue por falsedad del billete; declara también que la falta injustificada de pago de un billete pondrá al Banco en estado de quiebra, y que, en caso de liquidación será excluida de la masa la cantidad necesaria para cubrir el valor de los billetes en circulación y, finalmente -como si todas las seguridades acabadas de enunciar no fueron suficientes-, si en la liquidación del Banco no hubiere bastantes para pagar el importe de los billetes en circulación, la ley establece esta otra garantía, que no pueden tener los billetes emitidos por bancos privados: la responsabilidad, por la diferencia, del Gobierno federal.

La ley, en suma, dicta minuciosamente las normas por las cuales han de regirse los diversos grupos de operaciones que autoriza, imponiendo, en cada caso, los límites compatibles con la estabilidad permanente de la institución.

Como, por una parte, la pesada rigidez de la circulación monetaria estrictamente metálica ha venido poniendo cada vez más trabas al desenvolvimiento comercial e industrial del país y las vanas promesas que durante más de ocho años ha estado haciendo el Gobierno de derribar esas trabas y facilitar la movilización de los capitales por medio del billete, han agotado a tal punto la paciencia del público, que la realización del proyectado Banco de Emisión, a últimas fechas, se ha convertido en necesidad nacional inaplazable y en imperiosa demanda popular y como, por otra parte, las reservas acumuladas en la Tesorería, con el activo saneado de la Comisión Monetaria, son ya suficientes para exhibir la totalidad de las acciones de la serie A y el diez por ciento de las de serie B, la Ley Constitutiva del Banco de México, S. A. -que he reseñado en las líneas que anteceden-, fue firmada por este Ejecutivo el día 25 del mes pasado y publicada en el Diario Oficial el día de ayer.

Ante la patriótica actitud asumida por los obreros organizados de la República, ofrecido todo apoyo de su confianza a la nueva institución bancaria, el Ejecutivo de mi cargo no ha podido menos de reservar uno de los puestos del Consejo Directivo del Banco de México para que sea honrado en el representante de tan valioso elemento en el progreso general del país. 

Y cierro esta parte de mi mensaje dándome la satisfacción de comunicaros -y, por vuestro muy respetable conducto, a la nación entera- que hoy, día primero de septiembre de mil novecientos veinticinco, a las diez horas de la mañana, fue inaugurado el Banco de México, S. 

A., con cuyo acto queda satisfecha otra de las condiciones de seguridad para la reanudación del servicio de la Deuda Exterior y, por tanto, del restablecimiento del crédito de México en el extranjero, cumpliendo uno de los números más salientes del programa revolucionario que nuestro pueblo escribió, con su sangre generosa, en la Constitución de 1917, y recorrido un largo tramo del sendero que conduce a la autonomía económica nacional. 

La Deuda Pública:

La Deuda Pública Federal importa la cantidad de $ 1,153.581,860.00, formada por estos grupos:

I. Deudas no incluidas en el Convenido de 16 de junio de 1922:

Por capitales $ 166.225,451.00

Por intereses  $ 5.219,634.00

Suma $ 171.445,085.00

II. Deudas incluidas en el Convenio de 16 de junio de 1922:

Por capitales $ 490.141,261.00

Por intereses $ 491.995,514.00

Suma $ 982.136,775.00

El primer grupo está constituido por las deudas siguientes: la del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec (bonos de liquidación), la Deuda a los Bancos, los Bonos de Liquidación de Empleados Federales, las reclamaciones aprobadas por daños procedentes de la revolución, el Fondo Piadoso de las Californias, el papel infalsificable no retirado, los certificados por billetes de Veracruz y Ejercito Constitucional, los pagarés al Ferrocarril Sudpacífico, y, finalmente, la Deuda Agraria, que comenzará a ser titulada al emitirse, en diciembre próximo, la primera serie de bonos. 

Aquí cabe informar que ya fue reformada la ley que creó la Deuda Agraria, con el fin, principalmente, de extender a los bonos - que carecían de toda garantía- la que se concedió, desde un principio, a los cupones de intereses.

Por lo que respecta al segundo grupo, los capitales a que se refiere el Convenio de 16 de junio de 1922 no incluyen los de las deudas de la ciudad de México, de la Caja de Préstamos, de los Estados, ni de los Ferrocarriles, por estar a cargo del Gobierno federal, exclusivamente, el servicio de intereses, en los términos del Convenio. 

En los intereses antes calculados no se incluyen los devengados por bonos y pagarés que, correspondiendo a los títulos de las deudas de la ciudad de México, de la Caja de Préstamos y de los Ferrocarriles, no se han acogido al ya citado Convenido, por ser este requisito necesario para que aquellos intereses queden comprendidos dentro de la deuda federal. 

Los intereses sí incluidos montan a $267.565,557.00, suma por la cual el Gobierno, conforme al Convenio, se ha constituido en acreedor de las referidas Entidades.

Para el servicio del Convenio, existe en poder del Comité Internacional de Banqueros -como diferencia entre los fondos requeridos para los títulos presentados y los treinta millones remitidos en 1923- un sobrante que debe destinarse a la compra de certificados Scrip, y que importa por ahora $ 1.148,115.00 y, como remesa hecha a cuenta del pago de 1924, Dólares 700,000.00. 

$ 1.400,000.00

__________________

Suma 

$ 2.548,115.00

_________________

Esta aún en vigor el decreto de 30 de junio de 1924, que suspendió temporalmente el servicio de la Deuda Exterior. 

Para su derogación y el restablecimiento de dicho servicio sobre bases de absoluta seguridad, se han dado ya, como he dicho antes, estos tres pasos trascendentales: la transformación del déficit crónico de los presupuestos en un superávit capaz de hacer desaparecer, en los meses que restan del año, el déficit acumulado original; el comienzo de obras materiales que mejoren la capacidad económica del país y la financiera del Gobierno, y la creación del Banco de México. 

Solamente queda, pues, para renunciar los pagos de la Deuda Exterior en condiciones de poder eliminar para lo futuro los riesgos de otra lamentable suspensión, que terminen satisfactoriamente las negociaciones que el Ejecutivo federal ha iniciado, sobre un terreno práctico y equitativo, con el Comité Internacional de Banqueros.

La Legislatura Bancaria:

La Ley de Instituciones de Crédito, de 19 de marzo de 1897, era deficiente, porque sólo regulaba las instituciones de crédito propiamente dichas, esto es, los Bancos de emisión, los hipotecarios y los refaccionarios y, además, inadecuada por encontrarse en perpetuo conflicto con las modernas condiciones de la actividad bancaria y con los decretos de 26 de marzo de 1924 sobre Bancos hipotecarios y refaccionarios y demás disposiciones recientemente, dictadas. 

Se prosiguió, pues, la reforma iniciada el año pasado, expidiendo la nueva Ley de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios y decreto que creó la Comisión Nacional Bancaria.

La primera de la leyes acabadas de mencionar -promulgada el 7 de enero del año en curso- unifica y moderniza todas las disposiciones vigentes sobre la materia y extiende su influencia a los establecimientos bancarios que, aunque no emitan títulos de crédito, desempeñan un activa función económica.

La Comisión Nacional Bancaria:

De acuerdo con el decreto del 29 de diciembre de 1924, se instituyó la Comisión Nacional Bancaria, integrándola con cinco miembros de reconocidos en la materia, de los cuales, tres representan los intereses agrícolas, comerciales e industriales del país. 

Las respectivas confederaciones de Cámaras, al efecto, propusieron ternas de candidatos al Ejecutivo federal.

Para poner de relieve la importancia de esta Comisión, basta recordar que entre sus facultades y obligaciones se cuentan, por ejemplo: la de vigilar por el exacto cumplimiento de las disposiciones bancarias vigentes, la de proponer a la Secretaría de Hacienda los medios que estime convenientes para el mayor desarrollo de las operaciones bancarias, la de practicar la inspección de los Bancos y determinar la manera cómo deber hacerse y publicarse los balances de los mismos, la de cooperar con las comisiones liquidadoras de los Bancos que se hayan presentado en estado de suspensión de pagos o de quiebra, la de vigilar las remesas de los Bancos al exterior del país, sus depósitos y sus inversiones en el extranjero, y la de obtener, recopilar y publicar anualmente la estadística bancaria y todos los datos que puedan ser de utilidad para el conocimiento de la situación bancaria general de la República.

La Comisión Nacional Bancaria nació el 12 de enero del año en curso y, en los pocos meses que ha vivido, ha prestado muy apreciables servicios al Gobierno, al público y a los Bancos.

La reorganización administrativa:

Como manifestaciones más salientes de la tendencia de mejorar el organismo administrativo encargado de desempeñar las múltiples funciones que la Ley de Secretarías de Estado asigna a la de Hacienda y Crédito Público, apenas mencionaré, de paso, los trabajos de la Comisión que formuló el proyecto de la ley de deslinda las facultades del Departamento de Contraloría y de la Tesorería General de la Nación, y me referiré brevemente a las reformas llevadas a cabo en el Ramo de Aduanas y en la Dirección General del Catastro.

Por decreto del 12 del mes pasado, se hizo a la Dirección General de Aduanas la devolución de la autonomía que le otorgaba la Ley de 19 de febrero de 1900. 

La razón capital de esta medida radica en que dicha oficina, en su calidad de directriz del servicio aduanero, necesita, para su eficacia, unificar los procedimientos y hacer el mejoramiento y la depuración del personal.

Desde hace mucho tiempo se ha venido tropezando con graves dificultades para la adecuada aplicación de las leyes aduanales debido a que, por los muchos años que han permanecido en vigor y por las numerosas modificaciones parciales que han sufrido, no presenta caracteres de homogeneidad ni se ajustan a los adelantos que la materia ha alcanzado en los tiempos modernos. 

Por tal razón, este Ejecutivo ha encomendado a una Comisión Técnica Especial la reforma integral de la Ordenanza General de Aduanas.

Por decreto de fecha 22 de abril de 1925, se reorganizó la Comisión de Aranceles, con el fin de hacer más eficientes sus labores en pro del desarrollo industrial y comercial del país. 

La comisión quedó integrada por dos delegados de la Secretaría de Hacienda y dos de la de Industria, con voz y voto, y solamente con vos informativa, un delegado de cada una de las Secretarías de Agricultura y de Comunicaciones u otro de cada una de las Confederaciones de Cámaras de Comercio y de Industria.

Las peticiones que llegan a la Secretaría de Hacienda o a la Industria a fin de que sean modificadas las cuotas arancelarias, son giradas, para su estudio, a la Comisión de Aranceles. 

Conocida la opinión de los delegados de voz informativa, los cuatro representantes de las Secretarías de Hacienda y de Industria deciden, en juntas privadas, si es o no de concederse lo solicitado.

Los delegados de las Secretarías de Hacienda y de Industria estudian, además, las modificaciones procedentes a la Tarifa, de acuerdo con la política arancelaria adoptada.

Todos los acuerdos un unánimes de los representantes de Hacienda e Industria, se transforman en proyectos de decretos que se someten, por conducto del Secretario de Hacienda, a la aprobación de este Ejecutivo.

La Dirección General de Catastro ha continuado implantando métodos modernos que hacen más baratas y rápidas las operaciones relativas, sin menoscabo de su debida precisión. 

Como consecuencia de las reformas introducidas en los procedimientos, se ha logrado que, en menos de un año, la formación catastral del Distrito Federal abarque una extensión casi igual a la comprendida durante todo el tiempo pasado de veinticuatro años. 

Así mismo, el número de predios descritos en las recientes operaciones catastrales, es equivalente al que se describió desde la implantación del Catastro.

La importancia de los trabajos de que se trata puede apreciarse en el municipio de Tacubaya, donde se está formando un patrón predial, basado en la planificación del Catastro, que ha producido un aumento de cincuenta por ciento en la recaudación. 

Además, por virtud de los mismos trabajos llevados a cabo en un año escaso, se descubrieron alrededor de dos mil quinientos predios que aún no están empadronados en las oficinas recaudadoras respectivas.

Es de presumirse que la formación del Catastro dentro de la jurisdicción del Distrito Federal quede completamente terminada el año próximo, y se han dado ya los primeros pasos para que sus beneficios traspasen los límites de dicha jurisdicción.

La Ley de Pensiones de Retiro:

La Ley de Pensiones Civiles de Retiro, que establece un sistema de funcionamiento similar al generalmente adoptado por las naciones más cultas y mejor administradas, no considera ya la pensión como una mera gracia que otorga el Estado, sino como una de las condiciones aceptadas por la administración y los empleados que la sirven, siendo sus características principales que la fuete de fondos para el pago de pensiones se forme, en parte, con el descuento reducido que se hace a los empleados sobre el importe de sus sueldos, en proporción a su edad, y el reconocimiento de la obligación del Estado de contribuir a la seguridad y bienestar de sus servidores cuando éstos pierden su aptitud para el trabajo, destinado al fondo de pensiones una suma proporcional. 

Consecuencia del sistema de corporación de los empleados al fondo de pensiones, es la supresión de muchas taxativas y restricciones para los pensionados que han sido hasta ahora tradicionales, así como la transmisión de la pensión a sus deudos, si aquéllos fallecen, considerándose la pensión como una contratación de un seguro.

Las pensiones concedidas con anterioridad seguirán pagándose con cargo al Erario y las nuevas serán con cargo al fondo de pensiones.

El Ejecutivo espera que luego que el nuevo sistema que llegue a funcionar normalmente, las erogaciones del Erario por concepto de pensiones sean cada vez menores, pues las de nueva concesión serán cubiertas del fondo y las actuales irán extinguiéndose gradualmente hasta desaparecer.

El fondo estará administrado por una junta especial en cuya formación tendrán parte muy principal el Ejecutivo, el Gobierno del Distrito y los empleados, funcionando dicha junta con autonomía; las resoluciones de esa misma quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de Hacienda cuando lo soliciten los empleados a quienes afecten.

Con el fin de beneficiar directamente a los servidores de la nación, se establece, por último, que las cantidades sobrantes del fondo sean empleadas en facilitarles la adquisición de terrenos o casas y aun el establecimiento de pequeñas empresas agrícolas o industriales y en la construcción de casas higiénicas para arrendarlas a los propios empleados en condiciones favorables.

Es satisfactorio para el Ejecutivo iniciar por medio de esta ley, el establecimiento del Servicio Civil, entre cuyas bases el retiro por edad avanzada y las consiguientes pensiones.

La Convención fiscal nacional:

Los constituyentes de 1857 -siguiendo el ejemplo de los que forjaron la federación norteamericana consagrando el principio de autonomía de las entidades políticas que la forman, para crear sus propios regímenes de impuestos- atribuyeron exclusivamente a la Federación ciertos gravámenes y permitieron que los poderes de la Unión y los poderes de los Estados concurrieran sobre los mismos valores para el establecimiento de sus tributos. 

Los contribuyentes de 1917, por desgracia, continuaron la misma vía, olvidando otros muchos factores que juegan en la realidad de la vida política y económica, hoy mucho más complicada que en las postrimerías del siglo XVIII o a mediados del siglo pasado. 

Al correr de los tiempos, en efecto, la autonomía referida -tolerando que la Federación y cada uno de los Estados establezcan independientemente sus sistemas de tributación, sin plan alguno, sin coordinación, sin armonía-, ha originado las interferencias entre dichos sistemas, las invasiones injustificadas, las acumulaciones sin proporción, la irregularidad en los gravámenes, en una palabra, la anarquía fiscal.

El problema de la concurrencia ha preocupado a los estadistas de muchos países -incluso los Estados Unidos- que buscando nuevas bases para el desarrollo de los sistemas de tributación, han llegado a reconocer que hay ciertos impuestos cuyo manejo, por su naturaleza especial, convienen mejor a la jurisdicción dotada de m s amplia competencia - en nuestro caso es el Gobierno Federal-; que hay otros que deben corresponder a las jurisdicciones fiscales cuyo círculo es más restringido -los Estados- y, por último, que otros impuestos conviene atribuirlos a la primera jurisdicción referida pero repartiendo su producto entre ella y las otras. 

El Ejecutivo de mi cargo ha juzgado, pues, conveniente una reforma constitucional para llegar a la separación racional de los campos de imposición y, como el fin de preparar el consentimiento de los Estados, necesario para tal reforma, convocó a una Convención Fiscal integrada por representantes de los Gobiernos locales y de la Secretaría de Hacienda y que, en agosto próximo pasado, se ocupó, con grandes dosis de sensatez y patriotismo, del estudio de los varios regímenes de impuestos existentes en la República, para poder desentrañar las nuevas bases de nuestra futura organización fiscal.

La Convención inició sus labores con el nombramiento de dos comisiones: la primera, para formular un plan de arbitrios y, la otra, para examinar el problema de la concurrencia.

La primera de dichas comisiones propuso la unificación de todos los impuestos, de acuerdo con un método uniforme. 

Sugirió, al efecto, que el impuesto territorial de la República se basara sobre unidades tipos y gravara la rentabilidad potencial media de la tierra, pesando este gravamen, solamente, sobre la tierra, desnuda de mejoras y sobre el incremento no ganado. 

Por lo que respecta a los impuestos que gravan el comercio y la industria, la Comisión sostuvo también su propósito de unificación por medio de un impuesto sobre la cifra de los negocios -que ha de substituir a los de compra-venta, de patente, de capitales- erigidos sobre la base de un mejor acuerdo entre los Estados, para evitar las guerras económicas y de tarifas. 

Por lo que hace al impuesto sobre sucesiones y donaciones, el criterio de la comisión fue también el de llegar a un Impuesto Federal sobre bases definidas, de modo que se grave cada porción hereditaria y no el capital líquido y que se establezcan cuotas inversamente proporcionales a los grados de parentesco: éstas serán más bajas para los menores, las mujeres y los ancianos, en vista de que el impuesto debe ser proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes. 

Se decidió, igualmente, que los impuestos especiales no se voten por los Estados sino previo acuerdo entre los que graven los mismos productos y entre ellos y la Federación y por último, que se tienda a suprimir el impuesto sobre operaciones jurídicas en toda la República.

La Comisión encargada del estudio de la concurrencia en los impuestos, llegó también a conclusiones de gran trascendencia que fueron aprobadas, como las anteriores, por la Asamblea.

Decidió, en primer lugar, que es indispensable, para llevar a efecto las resoluciones tomadas por la Convención, que se reúna en la capital de la República, cada cuatro años o antes, si es necesario a juicio del Ejecutivo Federal o de los Estados, una Convención Fiscal Nacional, que se ocupar de proponer los impuestos que deben causarse en toda la República, de uniformar los sistemas y de establecer las competencias de las distintas autoridades fiscales, en la inteligencia de que sus resoluciones serán obligatorias para toda la nación, cuando hayan sido aprobadas por el Congreso y por la mayoría de las Legislaturas de los Estados; y que si aquél o éstas no le confieren su aprobación expresa, en el período de sesiones ordinario siguiente a la celebración de dicha Convención, se considerándose que tácitamente dieron su voto aprobatorio. 

Esto, naturalmente, implica una reforma constitucional que desde luego propuso la Convención y que se extiende también a la fracción III del artículo 117, con el fin de que los Estados y los municipios puedan recaudar sus estampillas impresas por la Federación, la cual les dará la parte que les corresponda en impuestos federales.

En segundo término, la Comisión referida propuso un plan de arbitrios para delimitar los campos de imposición entre la Federación y los Estados, de acuerdo con las bases siguientes:

Corresponderán exclusivamente a las autoridades locales los impuestos sobre la propiedad territorial y sobre actos no comerciales; el impuesto sobre sucesiones y donaciones será establecido por las autoridades locales, concediendo una participación en el producto de dicho impuesto a la Federación; ésta ampliar el Impuesto sobre la Renta con dos cédulas, una sobre explotaciones agrícolas y otra sobre propiedad edificada, cuyo producto ser para las autoridades locales.

Pertenecerán a la Federación los impuestos sobre el comercio interior y sobre la industria, pero los Estados recibirán una participación en los productos de ellos. 

Los impuestos especiales deberán establecerse con el acuerdo de la Federación y de las Entidades federativas interesadas. 

Los ingresos federales deberán invertirse estrictamente en gastos y obras federales, mientras que los ingresos locales se usarán en gastos del Estado y los municipales en las atenciones de la ciudad.

El último punto propuesto y aprobado se refiere a la manera de ejecutar los acuerdos de la Convención Nacional Fiscal, para lo cual se crear una Comisión permanente dentro del Departamento Técnico Fiscal de la Secretaría de Hacienda, que se dedicar al estudio del mejor método para la realización de las decisiones tomadas y para preparar los trabajos de las convenciones fiscales posteriores.

Conclusión:

Para terminar la parte de mi mensaje que se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definiendo, sintéticamente, la forma en que dicha dependencia del Ejecutivo Federal ha tratado de secundar la política revolucionaria que, para el mayor bien del país, se ha empeñado en desenvolver el Gobierno que presido, bastar condensar, en las breves líneas que siguen, las conclusiones que naturalmente se desprenden de la larga exposición anterior.

Las actividades desplegadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han tenido, en suma, a unificar el régimen fiscal y darle, al propio tiempo, caracteres de simplicidad y de estabilidad; a hacer que los impuestos dejen de ser meras fuentes arbitrarias de recursos para el Fisco y se convierta en auxiliar de la economía nacional, haciendo coincidir el plan de impuestos con un plan general de desarrollo económico de la República; a corregir en lo posible la injusticia fundamental del sistema vigente, introduciendo impuestos más proporcionados a la capacidad contributiva de cada individuo; a reducir las cargas fiscales mediante la selección de fuentes gravables y la ampliación de los objetos sometidos a tributo, es decir, a extender el campo de la tributación, reduciendo proporcionalmente el peso que gravita sobre cada uno de los sujetos en él comprendidos; a fomentar la creación o, al contrario,, poner obstáculos al arraigo de costumbres e instituciones convenientes o perjudiciales, respectivamente, para el bienestar general; a mejorar el funcionamiento de la administración, que no sólo depende del mayor o menor cuidado que se tenga respecto a la moralidad de cada uno de sus miembros, sino también, y muy principalmente, del sistema mismo de la organización y, por último, a acrecentar el producto de las rentas públicas, a fin de acometer con sólido fundamento, muchas empresas de urgente realización y que sólo pueden ser objeto de la actividad gubernamental y para que sea posible que el Estado cumpla seriamente sus compromisos internos y externos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una palabra, se ha esforzado por orientarse hacia el punto de convergencia que este Ejecutivo ha señalado a todas sus actividades políticas y administrativa: asegurar, definitivamente, la paz y la prosperidad de la patria mexicana. 

SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA

Esta secretaría ha seguido, con ligeras variantes, su curso normal.

Siendo de urgente necesidad para el Ejército, tener sus leyes y reglamentos, de acuerdo con el período evolutivo en que nos encontramos, ha sido constituida por altos jefes del Ejército una comisión para el estudio y formación de los proyectos respectivos.

En la actualidad el arma de Infantería consta de 50 batallones, y se está prestando atención especial al mejoramiento de la instrucción militar y de las cualidades físicas y morales de los soldados.

También el arma de Caballería ha sido objeto de gran atención por parte de la Secretaría, habiéndose procedido a su reorganización.

Actualmente cuenta el arma con 81 regimientos.

Los elementos de Artillería que existen actualmente, son dos regimientos de artillería de campaña y un regimiento de Artillería de montaña.

Al arma de Avión se le ha concedido toda la importancia que merece; el programa de su desarrollo se estudia cuidadosamente, y se llevar a la práctica en cuanto lo permitan las condiciones económicas del país.

La Marina nacional ha sido también motivo de atención y reorganizada en todos sus servicios.

Se tiene en estudio un programa de construcciones navales, llamado a completar el importante servicio de costas, y que se desarrollar y llevar a cabo conforme lo vayan permitiendo las condiciones del Erario.

Se ha procedido a la organización definitiva de la Policía judicial militar, así como de todos los tribunales en general, cuya radicación y jurisdicción también han merecido especial estudio.

El servicio sanitario del Ejército ha sido objeto de atención, habiéndose establecido nuevas corporaciones en las diversas jefaturas de operaciones para la mayor eficiencia de este servicio.

Respecto al Colegio Militar se tiene en estudio un proyecto de mejoramiento que pronto se llevará a la práctica.

El Presupuesto de Egresos del ramo de Guerra para el año actual, es de $ 83.508,352.95, suma con la que se han atendido todas las necesidades del Ejército, inclusive compras de ganado y útiles de gimnasia y deportes.

Las diferentes jefaturas de operaciones militares de la República, han puesto todo su empeño y buena voluntad, para conservar el orden y la tranquilidad imperante en el país, pudiendo decirse que ese noble esfuerzo, ha sido coronado con un completo éxito; y en la actualidad están diligentemente desarrollando una labor intensa en el mejoramiento de todos los órdenes militares, prestando su atención, no solamente a la disciplina e instrucción de las fuerzas a sus órdenes, sino también a la construcción de campos de concentración y a la de cuarteles.

La Secretaría de Guerra y Marina, así como los jefes de operaciones, de corporaciones y de departamentos, han puesto de su parte todo género de esfuerzos para lograr en un corto plazo, una verdadera organización y un alto nivel de instrucción y moralidad, que dará como resultado inmediato que se tenga en el Ejército una verdadera institución que sea firme apoyo para el Gobierno y sus instituciones. 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y FOMENTO

El Ejecutivo de mi cargo ha dirigido sus mayores esfuerzos hacia la resolución integral de los problemas de la tierra, dándose cuenta perfecta de la importancia y trascendencia de ellos.

El mejoramiento de la condición general en que se encuentra la población rural del país, ha exigido atención preferente en la exacta aplicación e interpretación de las leyes agrarias, mediante la restitución y dotación de ejidos que fijan los postulados de la revolución.

Mas como no basta la sola adjudicación de tierras a los campesinos para obtener la liberación económica de éstos y su elevación moral e intelectual, el Ejecutivo de mi cargo ha reconocido la urgencia de enfrentarse resueltamente con la resolución integral del problema, organizando racionalmente el desarrollo de los cultivos y fomentando el aprovechamiento de las industrias agrícolas, para lo cual procura, dentro de sus posibilidades económicas, organizar el crédito y la cooperación agrícola. 

A este fin pretende realizar un plan general, implantando la educación objetiva y práctica a los hijos de los campesinos, dentro de un sistema gradual que tiene como base la escuela rural, esto es: la escuela que llegue a los poblados mismos donde habitan los ejidatarios, y que se adapte a sus necesidades, enseñándoles, junto con los rudimentos de la educación primaria, nociones prácticamente sobre el mejoramiento de los cultivos de la región, así como de la industria pecuaria e industrias agrícolas que puedan establecerse en sus ejidos. 

Estas escuelas, a más de llevarles los conocimientos antes indicados, despertar n en el campesino un espíritu de observación que le permita hacer adelantos como agricultor.

Los alumnos más aprovechados de estos planteles irán a las escuelas centrales de Agricultura, de las que funcionar una en cada zona agrícola del país, zonas delimitadas no solamente por condiciones de clima y producción, sino también por la distribución étnica de la población, con lo que se conseguir uniformidad de lengua, usos y costumbres entre los alumnos que a ellas concurran.

La organización de las escuelas será sobre base esencialmente económica, ya que contaron con tierras y elementos que permitan la subsistencia de sí mismas, dejando en lo futuro de estar sujetas a presupuestos y vaivenes políticos.

El objetivo principal de los planteles de que se trata será el de preparar a los hijos de los campesinos como productores, ya que personalmente trabajarán en la explotación de los campos.

Inherente a la enseñanza en estas escuelas centrales ser la del manejo de maquinaria agrícola moderna y la relativa a industrias agrícolas, así como del cuidado y explotación de los animales domésticos propios de la región respectiva.

Ya se ha iniciado el desarrollo de este plan adquiriéndose, al efecto, dos fincas rústicas: la hacienda de La Huerta, en Michoacán, y la de Santa Lucía en Durango, donde se construyen los edificios indicados para las escuelas que entrarán en servicio el 1 de enero de 1926, e igualmente ya se procede a los trabajos preliminares de adaptación para otra, en la hacienda de Roque, del Estado de Guanajuato, y se busca el lugar más apropiado en algún otro Estado de la República para la construcción de otro plantel destinado al mismo objeto.

De las escuelas centrales irán a la Escuela Nacional de Agricultura, Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Escuela Nacional Forestal, los alumnos más aprovechados para que, preparados prácticamente, puedan con mayor facilidad llegar a ser técnicos competentes.

Para dotar con el cuerpo docente necesario a estas escuelas centrales, se han pensionado diez y seis agrónomos que estudian en Estados Unidos agricultura, arboricultura, conservación de frutas, lechería y cría y explotación de ganados, vacuno y porcino.

Simultáneo al establecimiento de las escuelas centrales, se organizar, dentro de las mismas zonas, la explotación racional de las tierras ejidales, por medio de un sistema de crédito agrícola ampliamente estudiado de acuerdo con las características de nuestro medio y nuestra idiosincrasia. 

Además, se organizar n las cooperativas necesarias para la explotación de los productos ejidales en cada zona.

Tendiente a la realización del plan iniciado, en el actual ejercicio fiscal se ha señalado una partida de $ 600,000.00.

El Ejecutivo de mi cargo ha tratado de fomentar el resurgimiento del crédito agrícola y, al efecto, expidió el decreto de 31 de julio último, por el que se otorgan a particulares y sociedades mexicanos los beneficios que a los Bancos Agrícolas concede la Ley de 24 de diciembre de 1924, siempre que los interesados hagan inversiones mayores de cien mil pesos para refaccionar a los agricultores, de acuerdo con las bases que fije la Secretaría de Agricultura y Fomento.

Debo consignar con satisfacción el hecho de haberse concedido al señor Frank Y. Mc. Laughlin, autorización para invertir doce millones de pesos destinados a refaccionar a agricultores del Estado de Morelos y para la reconstrucción de la industria azucarera en aquella Entidad. 

Las bases fijadas por el Gobierno comprenden la administración de maquinaria, herramientas e implementos y refacción en numerario a los campesinos. 

Los agricultores obtendrán del Ingenio Central que se establezca, seis kilos de azúcar refinada de primera, por cada cien de caña que ellos entreguen; además, obtendrán en cada zafra el 50 por ciento de las utilidades líquidas, y al concluirse el plazo señalado para la concesión, el capital líquido existente se aplicar en proporción de 50 por ciento para el refaccionario, 45 por ciento para los ejidatarios organizados en forma cooperativa, y 5 por ciento para el Gobierno de la República. 

Este es un principio de las finalidades sostenidas por el Ejecutivo a mi cargo: El fomento de la producción agrícola en la República.

Dirección General de Agricultura y Ganadería:

El departamento de Propaganda, dependiente de la Dirección de Agricultura y Ganadería, por medio de agrónomos regionales, ha trabajado por el progreso agrícola del país, impartiendo conocimientos y prácticamente a los agricultores; introduciendo maquinaria moderna, semillas seleccionadas y plantas de cultivo; combatiendo plagas, construyendo caminos y disponiendo obras de irrigación. 

También ha conseguido el establecimiento de pequeñas industrias que mejoran la condición económica de los agricultores.

Han contribuido también al mejoramiento del agricultor las franquicias en la importación de semillas, exención de derechos aduanales y reducción de tarifas para transporte de fertilizantes.

Se han formulado reglamentos para la Ley de Plagas; se editaron instrucciones sobre cursos cortos de agricultura por correspondencia; por radio se dan conferencias sobre temas agrícolas; se edita un semanario agrícola que ha originado acercamiento positivo entre los hombres de campo y la Dirección de Agricultura. 

Se imprimieron m s de 20,000 hojas tratando sobre cursos de pequeñas industrias, 20,000 colecciones sobre el cultivo moderno del maíz, e igual número de folletos explicativos; se distribuyeron 37,300 ejemplares de la Revista Agrícola; 17,400 del Boletín; y 4,400 de temas de ganadería, pequeñas industrias, etc.

Departamento de Medicina y Salubridad Pecuaria:

En el laboratorio se hicieron 358 análisis; 4 estudios especiales 48 identificaciones de parásitos, diversos; 8,937 dosis de vacuna anticarbonosa y otras diversas, en número de 7,731 los delegados de la Sección de Puertos y Fronteras cubren los siguientes: Mexicali, B. C.; Nogales y Agua Prieta, Son; Piedra Negras, Coah; Ciudad Juárez, Chih.; Nuevo Laredo y Tampico, Tamps.; Veracruz, Ver.; Progreso, Yuc.; Tapachula, Chis, y Mazatlán n, Sin, donde la inspección sanitaria veterinaria es estricta.

Movimiento de importación y exportación.- Se importaron 186,679 cabezas de ganado y se exportaron 71,173 entre ganados equino, bovino, caprino, etc.

Se obtuvo un producto entre manteca, mantequilla, queso, leche, grasas diversas, etc., de 18.837,752 kilos.

Para combatir las enfermedades de animales se ha desarrollado activa campaña contra las enfermedades infecto contagiosas. 

Los médicos veterinarios han combatido con energía las epizootias, vacunando a 930 animales.

Departamento de Ganadería.- Se verificó un Congreso de Zootecnia y Salubridad Pecuaria, con la representación de varias naciones; se repartieron folletos instructivos sobre tópicos de ganadería; se organizaron concursos y ferias ganaderas. 

La Asociación de Ganadores del Distrito Federal cedió 1,000 becerros de pura sangre que son repartidos entre campesinos pobres. 

Delegados con que se cuenta en toda la República, desarrollan Enseñanza sobre avicultura. 

En varios Estados se han organizado sociedades ganaderas y cooperativas de campesinos, que funcionan con orientaciones prácticas y modernas.

Se ha dado impulso al desarrollo de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, a base de una orientación teórico-práctica, de acuerdo con los últimos adelantos científicos. 

Esta escuela actualmente cuenta con 116 alumnos.

En la Escuela Nacional de Agricultura los estudios han sido provechosos, como lo demuestra el resultado de ex exámenes en el primer semestre del año escolar. 

Son 408 los alumnos que hacen sus estudios y entre los que se han formado 18 cooperativas de distintas especialidades de la carrera. 

Continúa activa propaganda y divulgación sobre pequeñas industrias rurales, como base para el desarrollo e industrialización de la explotación de los frutos del suelo. 

Las prácticas de agriculturas en la escuela son en forma siguiente: alumnos de 1er año, trabajan lotes de cien metros cuadrados, dedicados al cultivo de hortalizas; los de 2do. año, lotes de una hectárea rea en grupos de 5 alumnos; los de 3ero. al 7mo. año, por agrupaciones cooperativas, trabajan 160 hectárea reas hectárea reas de terreno. 

Los propios alumnos formados en cooperativas, hacen explotación de hidromieles, lechería, jabonería y otras.

El Departamento Administrativo de la organización de Agricultura, procedió a suprimir todo lo que no aportaba verdadera utilidad y, al efecto, vendió sementales, ganado de distintas razas y aves de corral que se tenían para propaganda y exhibición y que reportaban un gasto anual de $ 52,000.00 por concepto de forrajes y sueldos de empleados. 

No con este se ha suprimido la propaganda y exhibición, pues que por contrato formulado con un particular, siguen dichas exhibiciones y propaganda, sin erogación alguna por parte del Gobierno. 

Con igual espíritu de economía se otorgó contrato a particular sobre terrenos de la hacienda de San Jacinto, que con anterioridad reportaban al Gobierno un gasto de $ 23,000.00 anuales, dejando, en cambio, hoy, un ingreso para el propio Gobierno, de $ 7,800.00. 

Como resultado de los servicios ordenados y economías en la Dirección General de Agricultura, durante los meses que han transcurrido del presente año, se consiguieron economías por $ 75,000.00, y aprovechamientos diversos por $ 43,371.75.

La Junta Nacional Directiva de la Campaña contra la Langosta quedó instalada en el puerto de Veracruz el 2 de marzo del corriente año, procediendo desde luego a sus trabajos con la organización de los departamentos siguientes: Eficiencia y Control, Información y Propaganda, y Tesorería. 

Sus primeros esfuerzos se encaminaron a procurar la localización de lugares atacados por la plaga y a evitar el avance de ésta a regiones no invadidas, destacándose al efecto exploraciones y brigadas en los lugares que fue necesario, de los Estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Hasta la fecha se han registrado 344 mangas de voladora en movimiento; se tienen anotados 429 lugares de desove; 928 con voladora estacionada y 771 con mosco o saltón. 

Se han destruido 919, 041 kilos de voladora, 533,099 de saltón, 201,974 de mosco y 51,375 de hueva. 

Se emplean en el combate todos los procedimientos de exterminio conocidos: insecticidas, cebos envenenados, zanjas, etc., habiéndose generalizado por su eficacia el empleo de lanza-llamas, bombas y combustible. 

Se ha enviado una comisión a Estados Unidos para estudiar el empleo del aeroplano en el exterminio de la plaga.

El territorio invadido se ha dividido en 17 zonas, que se subdividen o suprimen, según el aumento o exterminio de la plaga. 

Las zonas están divididas en sectores y éstos en regiones; hay un jefe por cada zona, un inspector o subinspector por cada sector, y exploradores en las regiones, consiguiéndose con esto que en todo lugar invadido haya un empleado responsable de la campaña. 

En el Estado de San Luis Potosí se consiguió el exterminio de la plaga.

Se han establecido juntas de defensas de tres categorías: las centrales, que se organizan en la capital de todos los Estados y que tienen el control de todas las demás; las regionales, que se organizan en los centros agrícolas con cargo de un distrito o varias municipalidades, y las locales, que atienden, cuando menos, a una municipalidad. 

De estas juntas dependen delegados que están distribuidos en todos los lugares afectados por la plaga.

Para los lugares despoblados y alejados de los centros de población, se formaron brigadas ambulantes, que siguen la marcha del saltón hasta lograr su exterminio y enseñan a los campesinos la forma de combate y el manejo de los instrumentos para ello.

Para intensificar la campaña se han adquirido los siguientes elementos: 30 arados; 2 aparatos pulverizadores; 800 litros chapopote; 93,025 de gas oil; 62,459 de gasolina; 10,825 de petróleo; 180 hachas; 102 embudos; 25 cultivadoras; 1,454 bombas; 1,000 kilos insecticida; 10,000 metros lámina para barrera; 1,340 palas; 533 zapapicos, y otros. 

Además, se han pedido del extranjero 1,500 bombas Galimax y 100 kilómetros de barrera y 3,000 bombas de diferentes tipos.

Consideraciones generales.- En el momento actual la plaga se encuentra exclusivamente en estado de mosco y saltón, por no haber terminado su metamorfosis. 

Se dispone aún del mes entrante para proseguir la campaña con mejores resultados, porque hasta principio de septiembre terminarán los estados larvario y ninfario de la plaga, en los cuales es dable atacarla con mejor éxito. 

Las labores de información se desarrollan por medio de boletines de dos clases: uno de estadística y otro de información. 

Debo decir que desde que el Gobierno federal se hizo cargo de esta campaña, la publicidad de noticias relativas se hace a base de absoluta verdad, no ocultándose nunca la gravedad de la plaga. 

Se cuenta con aparatos cinematográficos portátiles para conferencias, como medios gráficos de propaganda.

Como resultado de la campaña emprendida contra la langosta en la época del desove, tengo la satisfacción de comunicar que para el año entrante volar tan sólo un 20 por ciento de langosta, que hubiérase levantado en las zonas invadidas, en caso de que la campaña hubiera sido de resultados negativos.

Tesorería.- Conforme al artículo 4o. de la fracción IV de la ley que creó la Junta, el manejo de fondos está sujeto a intervención de Contraloría. 

Encontrándose diseminado el personal encargado de la campaña en los diversos lugares del país invadidos por la plaga, y considerando como factor principal para el éxito de la misma el pago oportuno de sueldos y ministración de fondos para gastos de movilización, la Tesorería se sirve de los conductos más rápidos y seguros, Telégrafos Nacionales, Comisión Monetaria, exprés y correos.

Al iniciar sus actividades la Junta, se formó un presupuesto de egresos para un período de diez meses que termina en 31 de diciembre próximo, por un millón treinta mil pesos, calculando un ingreso de $ 390,000.00 por concepto del impuesto postal en el tiempo indicado y la partida de $ 600,000.00 que como subsidio para la campaña aportará la Secretaría de Agricultura. 

El movimiento de fondos a la fecha del presente informe ha sido en un total de $ 414,306.95 por razón de sueldos, adquisición de aparatos y combustibles y diversos, cantidad que se nivela con los ingresos por una existencia en 31 de julio de $ 34,643.39. 

En 16 de julio próximo pasado quedó adscripto a la Junta un delegado especial del Departamento de Contraloría General de la Nación, encargado de fiscalizar el movimiento de caudales.

Sección de tierras, colonización, aguas e irrigación:

Ramo de tierra: 

2,337 agricultores mexicanos al amparo del decreto de 2 de agosto de 1923, ha ocupado una superficie de 572,992 hectáreas en terrenos baldíos y nacionales. 

Se desecharon 345 avisos de ocupación que correspondían a una superficie de 179,443 hectáreas, por no haberse justificado si la ocupación correspondía a las prescripciones del derecho mencionado.

La enajenación de terrenos propiedad de la nación ha continuado en suspenso en términos generales, de acuerdo con lo dispuesto por decreto de 18 de diciembre de 1909: por este concepto sólo tres títulos se expidieron, amparando una superficie de 8,701 hectáreas.

Por conceptos de permuta, compensación, cesión gratuita, etcétera, se extendieron ocho títulos, correspondiendo a una superficie de 96,065 hectáreas.

Los arrendamientos decrecieron notablemente desde que entró en vigor el decreto de 2 de agosto de 1923; no obstante, se ha organizado el personal técnico necesario para integrar tres comisiones deslindadoras que desarrollarán sus trabajos principalmente en la frontera norte del país.

Colonización. 

Se ha terminado un proyecto de ley de colonización que tiende a desarrollar su objeto bajo postulados modernos que traigan como consecuencia el bienestar de nacionales que quieran dedicarse a la agricultura, y de extranjeros que estén dispuestos a incorporarse y mezclarse a la civilización mexicana, contribuyendo así al desarrollo económico de la República. 

Este estudio obedeció a que la Ley de Colonización vigente de 1883, ha dado como resultado el acaparamiento de enormes extensiones de terrenos con tendencias de colonización extranjera, resultando por consecuencia ineficaz y contraria a las orientaciones agrarias del país. 

Por igual razón se han dejado en suspenso las disposiciones de 1921 que conceden franquicias y ayuda de parte del Gobierno a los que pretende colonización en terrenos nacionales, esperándose que los beneficios pretendidos con tales franquicias serán efectivas al aplicarse en todo los resultados que la ley en proyecto señala.

Por considerarlo conveniente a los intereses generales del país, se declaró la caducidad e insubsistencia de cinco concesiones de colonización en terrenos nacionales, otorgadas a particulares.

El Gobierno del Distrito Norte del Territorio de la Baja California, actualmente coloniza 3,741 hectáreas que se han repartido entre campesinos pobres, una vez declarada la caducidad de contratos celebrados anteriormente con particulares.

Para destinarse a colonización con elementos nativos, están dispuestos trabajos de fraccionamiento en propiedades de Gobierno de la Ciénega de Chapala, Mich.; en la colonia Morelos, Son.; en la hacienda de Canutillo, Dgo., y en algunas otras entre las que se encuentra la hacienda de El Zapote.

Para colonias establecidas en terrenos de propiedad particular, se han enajenado cerca de 50,000 hectáreas entre familias mexicanas repatriadas de Estados Unidos, alemanes y menonitas.

Se ha celebrado contrato para fraccionar y colonizar la extensa hacienda de Tambaca y Anexas en el Estado de San Luis Potosí, donde se establecerán colonos alemanes en una proporción con número del 75 por ciento, correspondiendo el resto a colonos mexicanos.

Se ha continuado el deslinde de reivindicación en favor de la nación, de cauces y zonas federales en distintas corrientes y depósitos que no pueden ser ocupados al amparo del derecho de 2 de agosto por considerar la ley estos terrenos de condición inalienable e imprescriptible.

De la revisión de concesiones de tierras en grandes extensiones que trajeron el acaparamiento en perjuicio de los intereses nacionales, se nulificaron quince de éstas concedidas en terrenos baldíos en distintos Estados de la República, entre los que se consideran Chihuahua, Sonora y Durango: de esto la nación obtuvo la reversión de 4,604,573 hectáreas de terreno.

Ramo de Aguas: 

Como resultado de la clasificación y declaración de propiedad de las aguas que surcan el territorio nacional, se han pronunciado 350 declaratorias de propiedad nacional; se tramitaron 258 solicitudes para concesión de aguas y 201 para confirmación de derechos; se extendieron 21 títulos de confirmación de derechos ya establecidos; se declararon 54 desistimientos y 11 caducidades que dejan en libertad para ser aprovechados 11,574 millones de metros cúbicos de agua al año.

Pretendiendo el beneficio para agricultores en pequeño, se conceden permisos provisionales de riego aprovechándose la época de las avenidas y los sobrantes que existen en algunas corrientes que en estiaje no son aprovechadas en su totalidad: esta facilidad hace que el agricultor aproveche en tiempo oportuno el servicio de las aguas.

En el ramo de impuestos de aguas se hicieron clasificaciones por un total de 408,667.73.

Se ha hecho estudio para refundir el derecho de 1917 con circulares y decretos subsidiarios vigentes, a fin de facilitar el conocimiento y reglamentar los distintos casos que la práctica ha señalado en la aplicación de dichos reglamentos. 

Se ha reorganizado la parte de contabilidad que está en relación con la del Departamento de Impuestos Especiales de la Secretaria de Hacienda, para controlar el manejo y cobro de las cuentas respectivas.

La Procuraduría de Aguas adscripta a la Dirección de Tierras, Colonización, Aguas e Irrigación, de la Secretaría de Agricultura, tuvo intervención como representante de pequeños usuarios en 204 solicitudes de concesión, confirmación y permisos, y en 153 de dotación y restitución de aguas. 

Por gestiones de la Procuraduría, los gobiernos de los Estados han concedido exención de impuestos a los pequeños usuarios por lo que respecta a publicaciones, legalizaciones, certificaciones, etcétera, y el Gobierno federal ha reducido a diez pesos para los pequeños usuarios, el depósito de garantía.

Se practicaron 467 inspecciones a fin de conocer el régimen y aprovechamiento de las corrientes.

Irrigación: Se ha aumentado el servicio de estaciones hidrométricas, establecidas en distintas corrientes del país, llegando en la actualidad al número de 236 encargadas de practicar los aforos.

Se han estudiado 3 proyectos de irrigación y se han hecho 14 estudios de hidrología. 

Se han perforado 10 pozos artesianos, con resultados prácticos. 

Se estableció la Comisión de Investigaciones del Río Bravo del Norte, con objeto de tener los elementos necesarios para, llegado el caso, defender los derechos de México en el aprovechamiento de las aguas del mencionado río. 

Iguales trabajos de investigación y preparación se han llevado a cabo dentro de la cuenca del Bravo, por una subcomisión especial del mismo río en el Valle de Juárez, que corresponden a México, según tratado de 1906.

Se han recopilado todos los datos necesarios para el uso en irrigación de las aguas con los Estados Unidos del Norte, sobre definición de derechos que a México corresponden en las aguas del citado río.

Comisión Nacional Agraria:

De acuerdo con la protesta otorgada, de cumplir las leyes constitucionales de nuestra República, y con satisfacción de mis convicciones revolucionarias, he procurado, dentro de los procedimientos legales, satisfacer las necesidades que de tierras y aguas tienen los pueblos. 

En este sentido, la política agraria del Gobierno se ha inspirado en la necesidad que tiene México de organizar la producción a base de orden y disciplina sociales, procurando principalmente definir la situación de los pueblos restituidos o dotados y la de los terratenientes afectados; pues que el Ejecutivo de mi cargo no permitirá ni que los pueblos se salgan del camino de la ley, hostilizando los intereses legítimos de los propietarios por medios violentos, ni que los terratenientes hostilicen por la fuerza la posesión de legalmente hayan conseguido los pueblos.

El cumplimiento de la misma ley, el Ejecutivo de mi cargo ha proveído lo necesario para el pago de las indemnizaciones correspondientes por las tierras expropiadas, expidiendo al efecto disposiciones que establecen la forma de dicho pago, y si anteriormente los terratenientes, por distintas causas, no acudían a hacer efectivos sus derechos a la indemnización, es de esperarse que ahora lo hagan, venciendo sus resistencia para recibir los bonos de la Deuda Agraria, cuando se cercioren de que los bonos serán fielmente pagados.

Considerando necesario definir claramente la situación de los ejidatarios con respecto de la tierra, sin lo cual no se logra la buena explotación de ella, y para dar al campesino el arraigo necesario a su parcela y el incentivo en su trabajo, de que gozar del producto íntegro del mismo, se ha estudiado y redactado la Ley de Fraccionamiento de los Ejidos y la Creación del Patrimonio de Familia, que se someter a la consideración de las honorables Cámara legislativas en el período que hoy se inicia.

La Comisión Nacional Agraria y las comisiones locales agrarias, han desempeñado fielmente sus funciones. 

Las procuradurías de pueblos han patrocinado en 963 solicitudes de restitución y dotación; consiguieron 719 dictámenes de las comisiones locales y 544 resoluciones de los ciudadanos gobernadores de los Estados. 

Las posesiones provisionales comprenden una superficie de 629,629 hectáreas, que fueron recibidas por 76,954 familias que cuentan con 346,284 varones.

La Comisión Nacional recibió, para estudio y dictamen, 601 expedientes; dictó 1,319 acuerdos, de los cuales 519 aprueban los dictámenes presentados por los vocales. 

La Presidencia pronunció 476 resoluciones definitivas, de las que se ejecutaron 359, que dan posesión de 579,705 hectáreas entregadas a 360,718 individuos.

El Ejecutivo de mi cargo hace esfuerzos por inculcar a los campesinos y agricultores la obligación que sobre ellos pesa, de procurar el mejor y más conveniente cultivo de las tierras, para que éstas rindan no sólo beneficios individuales a quienes las trabajan, sino beneficios sociales a la colectividad, aumentando la riqueza pública y disminuyendo el costo de la vida. 

Para el efecto, el Departamento de Aprovechamiento de Ejidos ha desplegado gran actividad.

Dirección Forestal de Caza y Pesca:

Bosques.- Para conseguir la reforestación se observa absoluto control en las explotaciones forestales de terrenos de la nación y ejidales.

En distintos lugares del Distrito Federal se plantaron un millón de árboles. 

En los Estados de Chihuahua y Sinaloa y Territorios de Quintana Roo, se otorgaron concesiones de terrenos forestales en extensión de 430,000 hectáreas. 

Se declararon caducos 13 contratos que permitían la explotación de 575,532 hectáreas en terrenos forestales.

Pesquerías.- Dado el perjuicio que sufría la nación en sus recursos de pesca por franquicias que se otorgaban a concesionarios, y atendiendo a que éstos faltaron al cumplimiento de sus obligaciones, se declaró la caducidad de 11 de estos contratos.

Está en estudio y por terminarse un proyecto de contrato que, a más de defender los intereses de la nación, redundar en beneficio de los pescadores humildes, protegidos a la vez la conservación de las especies y nacionalizando la industria pesquera, que hasta hoy, con productos de aguas mexicanas, sólo se ha establecido en el extranjero. 

Se estudia, además, una reglamentación para el otorgamiento de permisos de pesca, pretendiendo evitar con ella los conflictos que constantemente se presentan entre pescadores de oficio y elementos explotadores de éstos, como ocurrió últimamente en las pesquerías de Escuinapa, Chametla y Mexcaltitlán, de los Estados de Sinaloa y Nayarit.

Para estudiar las condiciones de la pesca que prevalecen en el litoral de la Baja California, se comisionó al ciudadano subsecretario de Agricultura, quien, interiorizado detalladamente después de una jira de estudio, ha presentado informe, por el que indica las medidas que deben tomarse para corregir los defectos y deficiencias del servicio de pesca en aquella región.

Caza.- Para reglamentar el aprovechamiento de esta fuente de riqueza, se ha estudiado un proyecto de ley, que en el actual período será sometido a consideración de esta honorable Cámara.

Escuela Nacional Forestal y Vivero Central de Árboles:

Escuela Nacional Forestal.- En este plantel los exámenes del último año escolar fueron con la aprobación para un 93 por ciento de alumnos; hacen sus estudios 87 alumnos, a los que se ha dotado de libros, útiles, uniformes de diario y de gala, equipos deportivos, etc. 

En este año escolar se implantó un plan de estudios que llena las exigencias de la enseñanza moderna y en el que figuran de preferencia las materias de verdadera aplicación en la carrera forestal. 

En el año escolar de 1924 terminaron sus estudios 8 alumnos, que desde luego pasaron al Servicio Forestal.

Se terminó un libro de texto sobre Dendrografía y se continúa la preparación de otras obras forestales que servirán de texto para los alumnos. 

La Escuela reúne todas las condiciones de higiene y se ha procedido a la construcción de dormitorios para 150 alumnos.

Vivero central de árboles.- Se ha desarrollado un gran esfuerzo en la propagación de árboles, habiéndose obtenido no sólo el aumento de producción, sino también un notable mejoramiento en su calidad. 

La producción es de 1,500,000 plantas, entre frutales, de ornato y forestales, de las que se han distribuido en el Distrito Federal y Estados de la República, 200,000 de distintas especies y tamaños.

La Secretaría de Agricultura, considerando la necesidad de ampliar el terreno del Vivero, adquirió 42,249 metros de terreno más.

Se adapta lugar para instalación de bombas y motores, a fin de conseguir el agua necesaria que conserve la humedad en la superficie destinada a propagación, durante todo el año.

Dirección de estudios geográficos y climatológicos:

Se continúan los trabajos de campo para la construcción de cartas geográficas de los Estados de Chihuahua, Sinaloa y Yucatán, ligando la triangulación del paralelo 26 grados 30 minutos con las de Chihuahua y Sinaloa, para que obedezcan a un plan de conjunto relacionado con la distribución de cadenas geodésicas en el país. 

De esta manera la cadena paralela atravesará la República en su mayor anchura desde la desembocadura del río Bravo hasta la costa de Sinaloa, sobre el Océano Pacífico. 

Por primera vez se organiza una expedición para la medida de la intensidad de la pesantez por medio de aparatos modernos.

Se han aprovechado los numerosos trabajos topográficos que ejecutan diversos departamentos del Gobierno con distintos fines y con diversos precisiones, uniformando los procedimientos para aprovechar trabajos en la formación de la Carta General de la República.

Se creó el Consejo Directivo de los Levantamientos Topográficos de la República.

A la segunda asamblea general de la Unión Geodésica y Geográfica Internacional, celebrada en Madrid, España, asistió como representante de México, el ingeniero Pedro G. Sánchez, director de Estudios Geográficos y Climatológicos, presentando trabajos que merecieron elogio de la asamblea. 

Las relaciones de esta Dirección con las similares del extranjero, son de absoluta buena inteligencia y cordialidad.

El Departamento Topográfico editó la carta hidrográfica de Tampico y está por terminar la de Veracruz; ha formado cuadros con todos los datos sobre las cuencas de los ríos de la República; el Atlas Termopluvimétrico de la República y carteles de propaganda agrícola.

El Observatorio Meteorológico reinstaló las estaciones en Frontera, Villahermosa, Campeche, Payo Obispo y Chiapas, que habían suspendido sus observaciones desde principios de 1924; inauguró la estación de la isla de Cozumel; se dotó de aparatos a los observatorios en Zacatecas y Tampico; se establecieron 35 estaciones termopluviométricas y 173 cooperativas de información pluvial.

El Observatorio Astronómico ha prestado con toda regularidad los servicios diarios; ha hecho observación de los elementos absolutos de las componentes magnéticos; prepara la publicación de Catálogo Astrofotográfico y del Anuario del Observatorio Astronómico para 1927; continúa el canje con todos los observatorios del mundo.

Para obtener mayor número de datos respecto a temporales en el Mar de las Antillas y Océano Pacífico, se ha establecido un intercambio de mensajes meteorológicos diarios con la República de El Salvador, que complementa a los recibidos de Estados Unidos y la Habana.

Se adquirieron en Francia dos aparatos para estudio de la radiación solar, preparándose convenientemente dos meteorologistas bajo la dirección del jefe del Servicio Meteorológico de Polonia.

Dirección de Estudios Biológicos.- Se hicieron clasificaciones de 17,701 especies de animales, vegetales y minerales; se descubrieron 13 diferentes especies de animales y vegetales; en exploraciones en el Valle de México, islas del Pacífico y Estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y Veracruz, se colectaron 12,552 ejemplares de plantas y animales; del extranjero se recibieron 3,163 ejemplares, que representan un valor estimativo de $ 19,341.45.

La existencia de plantas vivas es de 23,985.

El Parque Zoológico de Chapultepec cuenta con 240 animales, un acuario en que se exhiben dos ejemplares de otarios o lobos marinos, y un estanque destinado a la cría de nutrias, que se prestan para industria de gran porvenir y que por primera vez se intenta en México.

De trabajos científicos realizados, se consideran monografías, conferencias, informes, notas bibliográficas, artículos para la prensa, estudios sobre alcoholismo producido por el pulque, estudio de plantas medicinales, venenosas; medicinas antiviperinas; necropsias de animales en experimentación, etc.

Se han intensificado las relaciones con instituciones similares del extranjero por medio de intercambio de ejemplares y constante correspondencia. 

Se enviaron trabajos a congresos científicos celebrados en El Cairo y en Lima.

Diversos.- Se han dictado importantes disposiciones para la protección efectiva de la Flora y Fauna del país.

Se ha invitado a los gobiernos de los Estados para que en sus respectivas Entidades parques zoológicos, jardines botánicos y museo de Historia Natural, ofreciéndose la ayuda técnica de la Dirección de Estudios Biológicos.

El Departamento de Herbario ha catalogado y dispuesto en riguroso orden, 21,387 plantas correspondientes a 7,694 especies, 1,591 géneros y 280 familias fanerógamas.

Se sigue el estudio y concentración de datos referentes a enfermedades que diezman la población infantil en toda la República.

Complementario:

Durante el periodo de tiempo que corresponde al presente informe, la Sección de Correspondencia del Departamento Administrativo de la Secretaria de Agricultura y Fomento, registró 128,927 oficios de entrada sobre asuntos del resorte de dicha Secretaría, que fueron resueltos por ella. 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

El ramo de Correos continúa desarrollándose con toda amplitud, en virtud no sólo del aumento natural que se registra en el servicio, sino del mejoramiento introducido en el transporte de la correspondencia y bultos, en los servicios de giros, reembolsos y valores declarados y en el aumento de las rutas postales. 

En el período que abarca este Informe, la red postal estuvo integrada por un promedio de 623 administraciones, 42 sucursales, 2,050 agencias y 112 oficinas a bordo de ferrocarriles; en total, 2,827 oficinas, servidas por 6,489 empleados. 

El promedio de rutas fue de 2,250, con extensión de 79,672 kilómetros y el número de cajas de apartado se elevó a 19,925.

El valor de los giros nacionales fue de $ 64,593,080.78, de $ 1,350,715.88 los internacionales girados por México, de $ 9,016,707.27 los expedidos por otros países, y de $ 213,940.00 los giros postales circulares; los reembolsos importaron $ 7,137,014.00, correspondiendo a 295,750 piezas despachadas y los valores declarados ascendieron a $ 916,329.71, correspondiente a 12,220 piezas tramitadas. 

Además, se expidieron vales postales por valor de $ 1,930,161.50.

Los productos del ramo ascendieron a $ 11,227,295.70 contra $ 9,128,614.15 de sus egresos, lo que da un superávit de $ 2,098,671.55.

Es digno de hacerse notar, pues demuestra la eficiencia del servicio, que el número total de correspondencias manejadas en el Servicio Mexicano durante este periodo asciende a 162,246,891 piezas, y sólo se presentaron 232 reclamaciones por correspondencias certificadas y 457 por ordinarias.

La fusión de algunas oficinas de Correos y de Telégrafos, a pesar de que se ha venido realizando paulatinamente para no perjudicar el servicio, significa hasta ahora una economía de $ 300,000.00 anuales por la diminución de personal y de rentas de casas.

Como el ramo de Correos es uno de los grandes auxiliares del comercio, se han dictado disposiciones con la mira de prestar un eficaz servicio en pro de la intensificación de las transacciones mercantiles. 

Al efecto, se redujeron a la mitad las cuotas para correspondencias de tercera clase; se estableció un franqueo global para impresos de propaganda comercial destinados a distribuirse en las cajas de apartado y se redujeron las cuotas de arrendamientos de dichas cajas. 

Se giraron instrucciones a todas las oficinas de la República para que se procediera a la formación de un Directorio General de todas aquellas personas o empresas dedicadas a negocios, que pronto quedará concluido.

Con el fin de coadyuvar a la extirpación de la plaga de la langosta, que ha asolado a varias regiones del país, se creó un impuesto amortizable de timbres especiales, en vigor desde el 15 de marzo último, que grava con $ 0.01 las correspondencias de primera y quinta clases, así como los servicios de certificación, reembolso y valores declarados y se recaudaron hasta el 30 de junio del presente año $ 210,000.00.

Merecen especial las modificaciones que ha sufrido el servicio internacional y los convenios postales que se han celebrado con otras naciones. 

Se regularizó el intercambio de bultos postales con gran número de países y el de correspondencias con naciones que forman parte de la Unión Postal Panamericana, aplicándose a las correspondencias dirigidas a ellos las mismas tarifas del régimen interior, a título de reciprocidad; se establecieron nuevos cambios directos con países de América, Europa y Asia, y al liquidarse las cuentas por concepto de bultos postales, el servicio mexicano obtuvo un saldo a su favor de más de $ 150,000.00.

El Gobierno mexicano ratificó la Convención Postal Universal, celebrada en Estocolmo el 28 de agosto de 1924. 

En el Congreso Postal que formuló la citada Convención, fueron aprobados varias de las iniciativas presentadas por los delegados de México, entre las cuales se mencionan como más importantes las relativas a la reducción de las tarifas postales y de los derechos de tránsito de correspondencia, y con esta última reforma el Servicio Mexicano ahorrar aproximadamente $ 50,000.00 anuales.

Se celebraron conferencias en San Antonio, Texas, entre funcionarios postales de México y Estados Unidos, que dieron como resultado práctico y efectivo el concierto de un convenio entre ambos países para evitar que se cometan fraudes por conducto del Correo, y otro convenio que estableció el intercambio de bultos con reembolsos entre México y Estados Unidos.

Se terminaron los arreglos para el cambio de bultos entre México y China, por conducto del Japón y entre España y Guatemala, utilizando el Servicio Mexicano; los arreglos para la expedición de bultos consignados a la zona del Canal de Panamá, por las vías de Manzanillo y Salina Cruz; los arreglos para la devolución, sin previa consulta, de los bultos no reclamados con España y el Japón; los arreglos para el cambio de bultos postales con Honduras Británicas. 

Se ha reanudado el servicio de giros postales con el Canadá y próximamente quedarán celebrados convenios para el cambio de giros con España y Guatemala y de bultos directos con los Países Bajos. 

Se estableció el Servicio de Correspondencia por Express con el Brasil y se acordó la franquicia de porte a la correspondencia diplomática y consular con España, Cuba y Estados Unidos.

En octubre de 1926 se va a celebrar el Segundo Congreso Postal Panamericano, en esta capital, y con tal motivo se giró, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cordial invitación a los países interesados para que envíen sus representantes respectivos y varios de ellos han contestado ya expresando su aceptación.

Se informa, finalmente, que se están llevando a cabo las gestiones conducentes a la implantación del servicio postal aéreo, tanto en el interior del país como en el extranjero por conducto de los Estados Unidos, a fin de no omitir ningún esfuerzo para mantener el Servicio Mexicano de Correos a la misma altura de eficiencia de los países más adelantados.

El Sistema Nacional de Telégrafos está actualmente integrado por 541 oficinas telegráficas, 11 telefónicas, 44 telegrafónicas y 25 estaciones radiotelegráficas; en conjunto 621 oficinas que transmitieron 6,612,994 mensajes.

El servicio de giros telegráficos causaba anteriormente el uno y medio por ciento por situación de fondos, y en marzo próximo pasado se redujo al uno por ciento; con tal motivo, el movimiento de giros se intensificó en beneficio del Erario y su importe ascendió a la suma de $ 24,000,000.00, con tendencia a elevarse aún más.

Se han terminado los arreglos con la Western Union Telegraph Company para establecer los giros telegráficos internacionales entre México, los Estados Unidos y el Canadá, servicio que quedar inaugurado el día de hoy y que reportará grandes beneficios al comercio y al público en general. 

Las oficinas telegráficas mexicanas aceptar n el pago de giros en moneda nacional a los tipos que fije decenalmente la Dirección General del Ramo y el dos por ciento de comisión que causarán se distribuir por partes iguales entre las administraciones interesadas, tanto por el servicio de salida como por el de entrada.

Los ingresos del ramo ascendieron a $ 5,107,242.90 y los egresos a $ 7,162,573.23. 

Esta última cantidad comprende las inversiones hechas en la compra de nuevos aparatos, construcción de 398 kilómetros de líneas, instalaciones diversas y adquisición de materiales y efectos varios que, conservando su valor intrínseco, disminuye el déficit aparente que se observa, el cual, por otra parte, se compensa ampliamente con el importe de los mensajes oficiales transmitidos durante este plazo de tiempo.

No obstante la considerable reducción en los gastos, el servicio telegráfico fue objeto de importantes mejoras, entre ellas la instalación en las principales poblaciones del país, de las máquinas teleimpresoras Kleinschmidt, sistema Duplex, que reciben los mensajes escritos automáticamente y permiten trabajar a una velocidad de 65 palabras por minuto.

Disfrutaron de la franquicia de prensa 123 periódicos y se acreditaron 1,041 corresponsales permanentes y 144 viajeros.

El día 8 de mayo último fue inaugurada en la ciudad de Guatemala la estación radiotelegráfica que el Gobierno mexicano obsequió a esa República hermana, y con este motivo se cambiaron cordiales mensajes de felicitación entre los jefes de Estado de ambas naciones.

Durante el periodo de tiempo a que este Informe se refiere, se otorgaron 12 concesiones para la instalación de líneas telefónicas destinadas a servicio público y privado, que en total suman una extensión de 281 kilómetros. 

Hay que señalar de una manera muy especial, dos concesiones que son de gran interés público, pues traerán como consecuencia el mejoramiento del servicio telefónico en el Distrito Federal y a la implantación de la telefonía a larga distancia entre los centros poblados de la República y posteriormente con los Estados Unidos, Canadá y Cuba. 

Ambos contratos fueron celebrados con la Compañía Telefónico y Telegráfica Mexicana, la cual principiará los trabajos en el transcurso de un año e invertir como mínimum la suma de $ 2.000,000.00 para ensanchar las líneas que tiene establecidas en el Distrito Federal y mejorar el servicio, y $ 4.000,000.00 para el establecimiento de la gran red de teléfonos a larga distancia, en el concepto de que el Gobierno percibirá en cada uno de esos servicios, el diez por ciento de las utilidades netas que obtenga la empresa.

El dragado del río Pánuco, del canal artificial del Puerto de Frontera y puerto de Salina Cruz, constituye una de las obras más importantes realizadas en el ramo de puertos; el volumen de azolve extraído asciende a cinco millones trescientos mil metros cúbicos, cifra que revela la trascendencia de estos trabajos. 

Se está construyendo un muelle en Zihuatanejo y se continúan las obras de mejoramiento de los puertos de Manzanillo y Yavaros. 

Se terminó el estudio de reparaciones al rompeolas del Noroeste del puerto de Veracruz, así como el que se refiere a obras para mejorar el de Mazatlán.

El arrendamiento de zonas federales en la República alcanzó una superficie de 601,500 metros cuadrados, produciendo al Erario $741,600.00

Se sostuvo eficazmente el alumbrado marítimo en ambos litorales, mejorándose este servicio mediante las reparaciones necesarias a las señales y la construcción de balizas. 

Con igual objeto se formuló el proyecto general de balizamiento del canal de Isla Aguada, Campeche, y el de transformación del alumbrado marítimo de Veracruz y Antón Lizardo, por el sistema más moderno de aparatos de acetileno disuelto, cuya conservación es más económica que la de los anteriores sistemas; ofreciendo, además, mayor visibilidad y eficacia, por ser aparatos completamente automáticos y dotados de válvulas solares que aseguran economía en el consumo de gas. 

Con la experiencia de esta transformación, se tiene el proyecto de modernizar todo el sistema de alumbrado marítimo de la República, a cuyo fin se han iniciado ya los estudios técnicos y económicos necesarios.

El tonelaje de la marina mercante nacional se sostuvo en regulares condiciones, ascendiendo actualmente a 57,601 toneladas brutas en tráfico de altura y cabotaje y a 129,000 en tráfico interior, fluvial y alijo, las condiciones de conservación de los buques mexicanos, son buenas, siendo objeto de las inspecciones reglamentarias. 

Atendiendo a la necesidad de organizar debidamente el servicio de practicaje en los puertos, ríos, lagos, canales y lagunas de la República, se expidió con fecha 7 de enero del año actual, la ley reglamentaria respectiva; se expidió, igualmente, el Reglamento de Franco - bordo y próximamente se someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión el proyecto de Ley de Subvención a la Marina Mercante Nacional, tanto de altura como de cabotaje.

Bajo la denominación de Líneas Nacionales de Navegación, pasaron a depender de la Secretaría de Comunicaciones y obras Públicas, los buques que formaban la Línea de Navegación de Puertos Libres Mexicanos; de los nueve vapores que integran la flota, seis, con 13,806 toneladas, se dedican al servicio de cabotaje en el Golfo, y tres, con 4,320 toneladas, en el Pacífico, lográndose que el transporte de pasajeros entre puertos nacionales se efectué, casi en su totalidad, por buques mexicanos. 

Las tarifas de fletes han sido reducidas en un veinte por ciento sobre las cuotas anteriores; las de pasaje también han sido disminuidas, siendo, en la actualidad más bajas que las de cualquier buque extranjero que toca nuestros puertos.

La red ferrocarrilera en la República alcanza actualmente una longitud de 26,100 kilómetros, extensión que se hará mayor con las obras que está llevando a cabo el Ferrocarril Sud-Pacífico para terminar su línea que, al quedar conectada con el resto de la red ferrocarrilera, establecerá una corriente directa de tráfico entre el centro y Sur del país, con los Estados de la costa occidental.

Entre los trabajos más importantes de este ramo, está la prosecución de los estudios preliminares de la línea que unirá directamente el puerto de Tampico con esta capital, y la iniciación del reconocimiento de la de Tampico a Matamoros.

Se otorgaron concesiones para construir un ferrocarril entre el puerto de Yavaros y un punto del Kansas City, México y Oriente o del Noroeste de México, en el Estado de Chihuahua, y otro en el Territorio de la Baja California, entre Mexicali y San Felipe, ambos muy necesarios para el desarrollo de aquellas regiones.

Las empresas fueron objeto de varias inspecciones, que se tradujeron en mejoramiento de sus servicios y economía en sus gastos, que habrá de significar reducción en el costo de los transportes. 

En cuanto al progreso y desarrollo de las líneas, es de mencionarse particularmente la conclusión de los trabajos de electrificación de la del Ferrocarril Mexicano, en el tramo comprendido entre Esparza y Orizaba, cuya explotación, bajo este nuevo sistema, se inició en el mes de marzo del año actual, obteniéndose mayor comodidad y economía de tiempo en el recorrido de México a Veracruz.

Dos puntos muy importantes hay que citar en lo que se refiere a ferrocarriles: que los de jurisdicción federal tuvieron $ 166.023,085.85 de ingresos, en 19,806 kilómetros explotados, cantidad que dio un superávit de $ 16.905,604.59; y el empeño especial con que se está haciendo el estudio de las reformas a la Ley y Reglamento sobre Ferrocarriles, para adoptarlos a las necesidades actuales del país. 

Con el mismo objeto se está estudiando la Clasificación Mexicana de Carga, en la que se basa la expedición de tarifas ferrocarrileras, buscando la manera de reducir éstas en beneficio de la industria, del comercio, de la agricultura y del público en general.

Por decreto de 24 de febrero del corriente año, la administración de los Ferrocarriles Nacionales pasó a depender de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con el fin de reorganizar sus servicios y nivelar sus gastos en forma que permita a los propios ferrocarriles hacer frente a sus necesidades y solventar los compromisos que tiene contraídos.

Al efecto, y por innecesarios, se suprimieron la Agencia de los Ferrocarriles en Londres, la Oficina Expedidora de Pases, la Agencia Industrial y el Departamento de Locomoción, obteniéndose con ello considerables economías, sin perjuicio de los trabajos que aquellas dependencias desempeñaban.

Para descentralizar las labores que eran al cuidado inmediato de la Dirección General y a fin de poder ejercerse más efectiva vigilancia en el manejo del sistema, se crearon los departamentos de personal, tráfico, transporte y equipo, encomendando al primero la formación de hojas de servicios, escalafones, reglamentos de trabajo. 

Solución de dificultades que surjan entre el personal y, en general, todo lo que concierne a la resolución de problemas de carácter gremial.

El Departamento de Tráfico se estableció con el objeto de intensificar el movimiento de transportes en el interior de la República y con el extranjero; para lograr este fin y para proteger e impulsar la industria nacional, se han expedido 30 nuevas tarifas generales y especiales para transporte de diversos productos y 30 suplentes para la modificación o cancelación de otras. 

Al establecerse esta oficina, quedaron suprimidas las Agencias Generales de Fletes y Pasajes.

Con la creación del Departamento de Transportes quedaron suprimidas muchas plazas en diversas divisiones del sistema, con lo cual se obtuvieron grandes economías, mayor eficiencia y mejor vigilancia en el manejo del elemento ferrocarrilero. 

Por conducto de este departamento se modificaron los horarios en diferentes divisiones con resultado satisfactorio para los Ferrocarriles y para el comercio de la República.

Bajo la jurisdicción del Departamento de Equipo quedó lo relativo a conservación e inspección de locomotoras, carros, coches, y toda clase de material rodante, así como los talleres y maquinaria y el estudio de asuntos de carácter técnico, relacionados con dichos servicios.

Es de reciente creación el Departamento de Avalúos e Inventarios, que tiene a su cargo la formación de inventarios de todas las propiedades pertenecientes a las Líneas Nacionales y su correspondiente valorización.

Se nombró una comisión que estudiara los contratos vigentes en los Ferrocarriles y formulara un Reglamento General para empleados; una vez concluido éste, se convino en dar oportunidad a los representantes de gremios para que expusiera sus puntos de vista respecto a dicho documento, señalando las modificaciones que estimaran procedentes.

Se hace notar que el Reglamento de Trabajo implantado no lesiona los derechos de los empleados, sino que, por el contrario, reconoce muchos que no establecían los contratos anteriores.

La longitud de las líneas explotadas fue de 13,165 kilómetros y los ingresos brutos ascendieron a $ 126.942,171.06.

En cuanto a las economías introducidas en los gastos del sistema, de conformidad con el plan propuesto, es de mencionarse la reducción de $ 1.527,513.68 al año, de que fueron objeto las erogaciones del Express, sin que dicha reducción afectara sus servicios, así como que, con el reajuste ordenado con las Líneas Nacionales, por concepto de sueldos y empleados, se obtendrá una economía aproximada de $ 12.000,000.00 anuales.

Dentro del Distrito Federal se atendió la conservación y mejoramiento de la red de calzadas, cuyo desarrollo alcanzó la longitud de 210 kilómetros y se reconstruyó el pavimento de las mismas en una superficie de 3,300 metros cuadrados. 

La hermosa calzada de los Insurgentes que parte en prolongación de la Avenida del mismo nombre y continúa en línea recta hasta la Villa de San Ángel, fue terminada con pavimento de macadam petrolizado y se abrió al tráfico el 2 de noviembre próximo pasado. 

Se emprendió y está por terminarse otra nueva calzada para unir la Colonia del Valle, partiendo de la Glorieta de la Calzada de los Insurgentes, con el centro de Coyoacán.

La construcción de importante camino al puerto de Acapulco se atacó con suma actividad en el segundo semestre del año próximo pasado y al principio del presente, de preferencia a partir de Acahuizotla en los tramos de Dos Caminos, Tierra Colorada, Río Papagayo y Zolapa, que con los más interesantes, quedando abierto dicho camino en una longitud de 52 kilómetros, con un gasto aproximado de $700,000.00. 

Hubo de suspenderse esta construcción temporalmente a consecuencia del plan de economía; pero se tiene el propósito de continuarla muy en breve.

La apertura del camino que comunica Petatlán con el puerto de Zihuatanejo, del Estado de Guerrero, está terminado en sus 36 kilómetros de longitud, y sólo falta la ejecución del puente sobre el río de San Jerónimo y de algunos otros de menor importancia.

Para intensificar nuestro comercio internacional con la República de Guatemala, se emprendió la construcción del puente llamado Talismán sobre el río Suchiate y fue inaugurado el 16 de julio próximo pasado.

Se atendió a la conservación de los tramos construidos en los caminos de México a Acapulco, de México a Morelia por Toluca, de México a Tampico por Pachuca, de México a Tuxpan, de Guanajuato a Dolores Hidalgo y de Aguascalientes a Calvillo y Juchipila.

El Gobierno federal ha cooperado en todo lo posible para la construcción de caminos y puentes a cargo de los gobiernos de algunos Estados y varios municipios, proporcionando la dirección técnica y elementos de trabajo. 

Son dignos de mencionarse los que partiendo de Oaxaca van a Salina Cruz, Sierra Juárez y a las Mixtecas, y el de Montemorelos a General Terán, el de Mazamitla a Nautla, el de Altotonga a Jalacingo y Perote, el de Durango a Mazatlán, el de Chilapa a Zumpango de Guerrero y los caminos de la Sierra Norte del Estado de Puebla.

Esta ya funcionando la Comisión Nacional de Caminos creada de conformidad con la ley de 30 de marzo último para administrar y aplicar los fondos que se recauden por concepto del impuesto sobre ventas de primera mano de gasolina, establecido por la propia ley, así como los productos del impuesto ad valorem sobre tabacos labrados, destinados a la construcción de caminos nacionales, y próximamente principiar sus trabajos con toda actividad seleccionando por ahora aquellos caminos de mayor importancia, tanto por los beneficios locales, como por su mayor trascendencia en general para todo el país. 

No se ha omitido esfuerzo alguno para dotar a la nación con una red de caminos que satisfaga la creciente necesidad de mejorar los medios de transportes, para el mayor desenvolvimiento de todas las actividades económicas nacionales. 

Con igual fin y atendiendo a que las leyes y disposiciones vigentes sobre el ramo son muy antiguas y están muy lejos de corresponder a las circunstancias actuales, se formuló un proyecto de Ley de Caminos y Puentes, que será sometido a la ilustrada consideración de este honorable Congreso.

Para mantener dentro del funcionamiento todo el sistema hidrográfico del Valle de México, protegiendo sus intereses y su salubridad, se ejecutaron trabajos de desazolve de los cauces y la rectificación de algunos tramos de los ríos, en una longitud de 45 kilómetros. 

Gracias a esto y no obstante las intensas precipitaciones pluviales, y no se lamentó ninguna inundación ocasionada por mal funcionamiento de ríos y canales. 

El río de Cuautitlán, principal de todo el sistema, así como el tajo de Nochistongo, que conduce sus aguas fuera del Valle, fue motivo de especial atención.

El descenso del fondo del Gran Canal del Desagüe, cada vez más apremiante para dar salida con facilidad a las aguas negras de la capital y de otras poblaciones del Distrito Federal, se continuó y se hizo un rebajo en el fondo de dicho canal en una longitud de cuatro kilómetros, para mejorar la descarga de los colectores del Saneamiento.

Se continuaron los estudios para mejorar el sistema artificial con la desviación de los ríos del Consulado, Los Remedios y Tlalnepantla, a fin de alejarlos de la zona poblada y ya se comenzaron los trabajos para el cauce nuevo de todas esas corrientes, cruce el Gran Canal hasta desembocar el Lago de Texcoco.

Para impulsar la navegación en el Canal Nacional, se construyó un embarcadero en Jamaica y se rectificó su selección transversal en toda la longitud.

Es de notarse, que en todos estos trabajos se ha logrado simplificar su administración, introduciendo economías notables en los gastos generales.

Se terminó la red de tubería en la zona Sur de Mixcoac, para el abastecimiento de agua potable.

Se mantuvieron dos comisiones de ingenieros a lo largo del Río Bravo del Norte, ejecutando las obras necesarias para la defensa contra invasiones y con esto se logró que no haya habido ningún accidente serio que lamentar, no obstante que este año se verificaron crecientes extraordinarias.

En el Bosque de Chapultepec se continuaron algunas obras de ornato y la plantación de árboles que abarcó una extensión de 80,000 metros cuadrados. 

Se terminó la Calzada de la Fundición y se instalaron 165 candelabros para la iluminación de las principales avenidas. 

Se le ha anexado el antiguo rancho de La Hormiga, pero antes de abrirlo al público se está atacando con éxito una plaga que ha aparecido en forma de larva y que causan el relativo poco tiempo la muerte de los árboles; los ya enfermos se están curando y aislando, a fin de que dicha plaga no se propague a los del Bosque.

En los principales edificios de la Federación, tanto en esta capital como en las poblaciones de los Estados, se hicieron las reparaciones y trabajos de conservación más urgentes. 

En el Castillo de Chapultepec se terminó el Monumento a los Niños Héroes, la Gruta Artificial, parte de la Escalinata Monumental y se está terminando la adaptación del ala occidental para instalar allí las oficinas del Departamento de Contraloría; en los hangares de Aviación se colocaron puertas automáticas; se terminaron el edificio de Correos y Telégrafos de Mixcoac y los patios central y Oriente de la Beneficencia Pública. 

Se procedió a la construcción de los almacenes en Campo Florido; se efectuaron obras de reparación en el Palacio Nacional, Suprema Corte de Justicia, edificios de las Secretarías de Estado y sus dependencias en esta capital, así como en las aduanas de puerto México, Tampico, Manzanillo y Mazatlán; edificios federales en Yucatán, Veracruz, Tampico, Guadalajara y otros. 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

Dentro de los postulados en que se basa la política del Gobierno de la República, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo ha debido llenar una doble misión que con sólo enunciarla revelas las dificultades que entraña: dar pábulo incesantemente a la creación de riqueza pública y velar por la más equitativa distribución de ella entre los varios elementos del organismo social.

Ambas tendencias a veces han parecido opuestas, casi excluyentes entre sí, porque los grupos a quienes toca ser factores de prosperidad, no siempre poseen una visión completa de sus responsabilidades, de las juntas demandas de la colectividad y la conveniencia de que el mejoramiento sea uniforme y a todos beneficie.

Obrerista, pero no unilateral; progresista, pero sin sacrificar los más altos principios humanos al engrandecimiento material del país, el Gobierno de la nación se cuida más del resultado futuro de sus trabajos de hoy, que de alcanzar un provecho inmediato, y sabe bien que la felicidad de los pueblos no puede nunca nutrirse de la desventura de las masas.

Departamento de industrias:

Las finalidades esenciales de este Departamento son dos: educar el pueblo para que conquiste su independencia económica y se liberte de la empleomanía mediante la explotación de un oficio y el conocimiento de una industria fácil, y procurar que los recursos naturales del país sean ampliamente aprovechados.

Así, pues, con su carácter educativo, técnico consultivo y de estimuladora de los negocios que con las industrias se relacionan, el Departamento ha reorganizado sus talleres escolares y los ha dotado de utensilios, herramientas y maquinaria, dentro de lo posible, a la altura de sus necesidades.

El Laboratorio Experimental ha hecho estudios constantes de nuestras materias primas para saber qué tecnología debe enseñarse para su elaboración, así como para resolver las consultas que suelen hacerle las personas que en la República empiezan a dedicarse a manufacturar artículos, establecer talleres o mejorar los sistemas de fabricación ya conocidos.

El Departamento presta una colaboración altamente estimuladora a los inventores nacionales que no poseen recursos para hacer sus aparatos y asegurar el derecho de patente que les corresponde, y los talleres de la nación se les ayuda en todo lo necesario si se juzga que lo proyectos tienden al bien general.

Por lo que hace a productos naturales, se procura que todas las concesiones otorgadas para su explotación, se hagan efectivas y no signifiquen únicamente un acaparamiento con fines especulativos, cuidando de definir situaciones, a fin de no perder más tiempo en la explotación, ya que ésta beneficia, tanto los intereses privados como los del Erario, creando nuevas fuentes de riqueza que han permanecido por mucho tiempo inactivas.

Cuándo se refiere al estudio y desarrollo de las plantas generadoras de energía eléctrica, ha sido motivo de prolijos estudios y en la actualidad es función de la Secretaría el control electro - técnico, por cuyo motivo la supervisión y la reglamentación de toda clase de servicios que con ese fluido se relacionan, inclusive los teléfonos públicos, están a su cargo, representando este hecho una nueva fuente de ingresos para el Erario y una vigilancia de los intereses que median en este asunto.

Departamento de Minas:

El rápido resurgimiento de la industria minera se imponía como necesidad inaplazable, tanto que el Gobierno dejaba de percibir los ingresos correspondientes a ese importante renglón de la riqueza nacional, cuánto porque la inactividad trajo como consecuencia inmediata el malestar de infinidad de obreros.

Como la paralización se debía principalmente a consideraciones que por las circunstancias de la época había sido preciso guardar a los concesionarios, una vez desaparecido el estado de cosas que las justificaba, se consideró oportuno exigir a los propietarios de fundos mineros, siempre dentro de la ley, que emprendieran trabajos desde luego o que los dejaran libres.

En un principio la nueva orientación trajo consigo algunas dificultades, pero en la actualidad se puede palpar ya el resultado que las nuevas prácticas, y se advierte que la minería nacional reacciona de modo sensible, hasta el punto de que ha producido en este año cuatro millones y medio de pesos más que en el anterior, y esto a pesar de que con motivo de la fluctuación en el precio que alcanza el cobre en el mercado de los países importadores, se restringió un tanto el rendimiento de nuestros yacimientos cupríferos.

Como una de las principales tendencias de la actual Administración, es garantizar la vida de los obreros en general, para reducir el número de los accidentes que ocurren en las minas, se ha dispuesto que sean ingenieros titulados en el ramo quienes dirijan, bajo su responsabilidad, los trabajos de explotación, como lo previene el Reglamento de la Policía y Seguridad respectivo. 

Se dictaron acuerdos a este respecto, señalando con exactitud los requisitos que deben llenar las personas responsables, y las empresas rinden mensualmente una información sobre accidentes, para que el Departamento de Minas ejerza mayor vigilancia en los centros donde ocurran desgracias con mayor frecuencia. 

Es incesante el cuidado que se toma para impedir riesgos inútiles y tener las más completas seguridades en favor del obrero.

Se expidieron en el período a que se refiere este Informe, 2,176 títulos de concesión minera, es decir, mayor cantidad en un año de la que en total representan los otorgados en catorce años previos al que cursa.

Departamento de Petróleo:

El Gobierno de la República claramente percibe la trascendencia que tiene para nosotros el desarrollo de la industria petrolera, y la Secretaría dio principio a su labor de organización en el Departamento de Petróleo, controlando desde luego las actividades de las dos agencias del ramo en el litoral del Golfo, con objeto de que su acción quedara supeditada por completo a él, y poder conseguir estos dos fines esenciales:

I. Facilitar a las compañías toda tramitación, a cuyo efecto en distintas ocasiones les ha dado oportunidad de exponer su opinión sobre reglamentos, disposiciones, etc., buscando una coordinación de ideas, pero siempre manteniendo el principio de autoridad perfectamente a salvo, y

II. Dirigir la atención de las empresas petroleras hacia regiones no exploradas aún, para descongestionar, por decirlo así, las actuales zonas de acción y buscar nuevos campos.

Durante el periodo que termina, se otorgaron diez concesiones para exploración y explotación petroleras, en diversas zonas, y se celebraron dos contratos para igual fin que afectan a terrenos de jurisdicción federal. 

Se registraron 21 títulos nuevos y se declaró la caducidad de 31. 

En la Agencia de Petróleo en Tampico se presentaron 15 denuncios de fundos que abarcan una superficie de 2,245 hectáreas y la extensión titulada comprende 365.

En la zona federal en que están comprendidas ambas márgenes del Río Pánuco, hay explotaciones petroleras que abarcan 146 kilómetros. 

Entre los concesionarios figuran los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos.

Los permisos de perforación otorgadas en el curso de este período, ascendieron a 1,490. 

Tienen carácter provisional y dejan a salvo los derechos de terceros. 

Se declararon insubsistentes 286 permisos.

Se concedieron autorizaciones para construir oleoductos, estaciones de bombeo y tanques de depósito. 

Algunas compañías petroleras recibieron permisos para mejorar sus plantas de refinación, instalar otras para depurar el gas residuo de plantas de absorción, poner en servicio instalaciones para elaborar gasolina, construir otras plantas de absorción y modificar algunas destiladoras.

El estado actual de la industria petrolera es el siguiente:

A pesar de que se ha ampliado la zona de explotación, apenas si representa la diezmilésima parte de lo que queda por explotar. 

Entre las zonas más importantes recién descubiertas y que se están trabajando, deben mencionarse las que se encuentran al Norte de las antiguas del Pánuco y las situadas al Noroeste y Sureste de la famosa Faja de Oro, en Tuxpan.

Del 1 de junio de 1924, al 31 de mayo de 1925, brotaron 288 pozos con una capacidad máxima productora en conjunto de 169,522 metros cúbicos diarios (1.066,294 barriles), y en la última de las fechas citadas, México contaba con 1,193 pozos productivos con capacidad máxima, en conjunto, de 307,794 metros cúbicos diarios (1.936,024 barriles).

En 1924 nuestra producción total fue de 22.206,406 metros cúbicos (139.678,294 barriles), y solamente nos superaron los Estados Unidos. 

De la producción total del mundo, la nuestra del año pasado representa el 14 por ciento. 

Durante los primeros cinco meses del año en curso, nuestra producción fue de 8.806,401 metros cúbicos (55.392,827 barriles).

La producción y la exportación del petróleo y sus derivados han disminuido sensiblemente, por la decadencia de los riquísimos pozos de Cacalilao, que fueron objeto de una explotación excesiva. 

En 1924 México exportó 20.619,988 metros cúbicos de petróleo crudo, combustible, gasolina, etc., y en los cinco primeros meses de este año, la exportación llega sólo a 7.904,753 metros cúbicos.

Hay en el Golfo 19 plantas que pueden tratar hasta 73,353 metros cúbicos diarios, y aprovechando el gas natural, se obtuvieron en 1924, unos 11,924 metros cúbicos de gasolina en las plantas de la zona de Tuxpan.

Hasta el 31 de mayo de 1925, había en México 4,415 kilómetros de oleoductos, con una capacidad de transportación de 297,611 metros cúbicos diarios (1.871,973 barriles), y 2,005 depósitos para almacenamiento de petróleo y sus derivados, con capacidad total de 13.323,745 metros cúbicos. 

En el año han aumentado 182 depósitos.

En 1924 México consumió 2.326,956 metros cúbicos (14.636,553 barriles) de petróleo crudo y derivados, distribuidos así: para nuestros sistemas ferrocarrileros, 828,243 metros cúbicos (5.290,649 barriles); para las industrias del país, vehículos, alumbrado, etc., 563,483 metros cúbicos (3,544,308 barriles), y para diversos usos tomaron las compañías petroleras 935,230 metros cúbicos. 

En la región noreste de la República, por las dificultades de transporte, hubo necesidad de importar petróleo crudo, kerosina, gasolina, lubricantes, etc., en cantidad que asciende a 287,566 metros cúbicos.

La industria petrolera de la República representa un capital de $779.931.125 oro nacional, correspondiendo al 23 por ciento a inversiones hechas antes de que se expidiera la Constitución de 1917. 

Los terrenos en que operan las compañías explotadoras del petróleo, tienen un valor aproximado de $386.388,000 oro nacional, y los rendimientos de la industria petrolera valen más del doble del capital invertido en la explotación.

Durante el período que abarca este Informe, el Erario percibió por cuotas de inspección, multas, trabajos técnicos del Departamento de Petróleo, regalías y rentas de terrenos petroleros, $2.043,085, y por impuestos de producción, explotación y barra, $ 54.659,610.

Por último, el Gobierno de la República acordó impulsar las exploraciones en el lago de Texcoco, interesando a los hombres de empresas, mediante concesiones liberales.

Departamento de Patentes y Marcas:

En el lapso a que se refiere este Informe, se advierte un notable desarrollo en las actividades del Departamento de Patentes. 

Recaudó derechos por valor de $ 70,515, por concepto de patentes provisionales y definitivas, modelos industriales, exámenes de novedad, registro de marcas y demás gestiones que le son propias.

En la actualidad se ocupa en estudiar detenidamente los proyectos de nuevas leyes de patentes y marcas, sus reglamentos y la convención firmada en Santiago de Chile en abril de 1923, para la protección de marcas de fábrica, comercio y agricultura; los primeros, para proponer reformas que parecen necesarias, y a la segunda, para decidir si conviene a nuestro país adherirse a tal convención.

El 26 de marzo de este año se promulgó el texto de la revisión hecha en la conferencia de Washington a la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y al arreglo para el Registro Internacional de Marcas.

La Legación de Holanda, en nombre de su Gobierno, invitó al de México para que enviara un representante a la próxima conferencia de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, que se reunir en La Haya en octubre de este año, habiendo sido aceptada dicha invitación.

Departamento de exploraciones y estudios geológicos:

En el periodo que se estudia, fue explorada la parte central del Estado de Guerrero, para definir el verdadero valor que tiene la minería en cada uno de sus distritos. 

Estudios semejantes se hicieron en Sonora, para conocer sus criaderos explotables de oro y de grafito.

Se descubrió una extensa faja petrolera que pasa de Texas a los Estados de Tamaulipas y Nuevo León y se localizó otra zona excelente en Gruillas, Tamaulipas.

El Departamento encontró aguas subterráneas en la región central del Estado de San Luis Potosí, las cuales pueden utilizarse fácilmente para el riego de esa zona, que tiene buenas tierras agrícolas sin explotar hasta ahora por escasez de agua para su riego.

El servicio de la red sismológica continuó con toda regularidad.

Departamento de Comercio:

El 20 de abril se inauguró un servicio diario de informaciones comerciales, que se transmiten por radiotelefonía, dando a conocer ofertas y demandas en las principales plazas de la República y en el extranjero, de productos mexicanos. 

Este servicio lo secundan las 22 agencias de información y propaganda distribuidas en el país y los 11 agregados comerciales a las misiones diplomáticas.

En los momentos actuales este departamento coopera con la Secretaría de Hacienda en la revisión de los aranceles, y con la de Comunicaciones, en el estudio de las tarifas de ferrocarriles, ambos problemas de gran trascendencia para el futuro bienestar del país.

Para combatir el alza excesiva de ciertos artículos de primera necesidad, se decretó con toda oportunidad la exención de derechos aduanales en favor del maíz y el frijol.

Nuestro país figurará de modo prominente en la exposición de Nueva Orleans, y ya se estudian los proyectos para el pabellón que ocuparán nuestros productos en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1927.

Departamento de Pesas y Medidas:

En el periodo anterior al de este Informe, los ingresos por revisión de pesas y medidas en la República y por otros servicios a este Departamento encomendados, representaron la suma de $633,757. 

En el lapso de tiempo que abarca este Informe, la recaudación ascendió a $ 934,725, sin que aumentaran las cuotas reglamentarias.

Se modificó la ley relativa, ordenando que las compañías que suministran energía eléctrica, paguen por la revisión de los medidores, sin cobrar ellas cuota alguna a sus clientes por tal concepto.

Esta dependencia tiene a su cargo la estación transmisora radiotelefónica de que se servirá la Secretaría en breve plazo, para difundir sus informaciones de carácter comercial, industrial, etc.

Departamento de Trabajo:

La actitud del Gobierno de la República en los conflictos que se han presentado entre el trabajo y el capital, ha sido armonizadora y constructiva, dentro de la orientación obrerista que le es propia. 

Por su mediación se han resuelto en forma satisfactoria, varios conflictos obreros, entre otros, el de las fábricas de hilados y tejidos de Atlixco; el de la Compañía Terminal de Veracruz y agrupaciones obreras del puerto; el que surgió entre la compañía minera El Boleo, de Santa Rosalía, B. C., y sus trabajadores, conflicto muy perjudicial para los diez mil habitantes de ese lugar; el que se suscitó entre el Banco Anglo - Sudamericano y la Unión Sindical de Empleados de Comercio y Oficinas Particulares; el de la Compañía de Ómnibus y Tranvías de México, S. A., y su personal; el de la American Smelting & Refining Co., y las agrupaciones obreras de Aguascalientes; el de la Unión Mexicana de Mecánicos y la empresa del Ferrocarril Mexicano; el de la Munson Stemship Line, de Progreso, Yucatán, y la Federación Obrera del Puerto, que había declarado el boycot contra sus barcos, etc.

Los movimientos de huelga y paros ascienden en el año a 158, en que fueron afectados 51,000 obreros de ambos sexos. 

Los trabajadores dejaron de percibir salarios que representan $ 1,388,746, y las empresas, por su parte, más de tres y medio millones de pesos.

Las juntas de Conciliación y Arbitraje conocieron de 10,260 conflictos, en los que se diputaban cantidades que, juntas, ascendían a $ 549,149. 

Los arreglos a que llegaron las partes contendientes, redujeron era suma a $ 286,302, cantidad que recibieron los obreros demandantes.

Cerca de 800 municipios de la República han proporcionado ya datos para determinar el costo de la vida del obrero, información necesaria con el fin de resolver con acierto los conflictos que a veces causa lo reducido de los salarios.

En varios casos se ha excedido a practicar la investigación del estado de los negocios de distintas empresas, cuando éstas lo han solicitado para que se acepte un reajuste de su personal; tales solicitudes demuestran la confianza que inspira la Administración actual por el sano obrerismo que la mueve.

El promedio mensual de accidentes del trabajo de que tiene conocimiento la Secretaría, asciende a 1,715, cerca de 20,586 al año. 

Hay un promedio de poco más de un caso mortal por día. 

En el período que se reseña, hubo 20,203 obreros lesionados, a los que se pagó, por concepto de salario durante su incapacidad, $ 611,969, o sea $30 por cada caso, aproximadamente. 

Como indemnización en casos de incapacidad permanente, las negociaciones pagaron $ 28,346, o sea un promedio de $ 341 por cada caso. 

Por accidentes mortales, las indemnizaciones ascendieron a $ 434,316, ó sea $ 1,136 por cada uno.

El Cuerpo Médico - Industrial del Departamento de Trabajo está haciendo un estudio de todos los centros industriales del país, en lo que concierne a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Estimándose como uno de los mejores medios para armonizar los intereses del elemento trabajador y los patronos, se preparan algunas convenciones mixtas de cada ramo de las industrias. 

El 6 de octubre próximo se reunir la primera, que corresponde al ramo textil.

Departamento de Seguros:

Al terminar 1924, había 75 empresas de seguros, 12 de ellas de vida y accidentes personales, 30 de incendio y riesgos, y 14 de riesgos en la propiedad mueble e inmueble. 

De estas compañías, 10 eran mexicanas, 31 inglesas, 14 norteamericanas, 10 alemanas, 3 canadienses, 2 francesas y el resto de diversas nacionalidades.

El importe total de primas cobradas en 1924, fue de $ 10,803,609. 

Lo pagado por siniestros, suma $ 4,883,822. 

El seguro en vigor el 31 de diciembre de 1924 ascendía a $897,548,578 y el monto del seguro practicado en el año, llegó a $ 1,275,180,654.

Se terminó el proyecto de Ley del Seguro Obrero por accidentes y enfermedades profesionales adquiridas durante el trabajo, y el reglamento de la misma, de acuerdo con las fracciones XIV y XV del artículo 123 constitucional, y en los momentos actuales ambos se estudian por peritos en la materia, a fin de perfeccionarlos hasta donde sea posible.

Departamento jurídico:

Su atención ha estado ocupada especialmente en el análisis de ciertas leyes y disposiciones emanadas de los gobiernos de los Estados, que contrarían la Constitución de la República y afectan los ramos que la Secretaría tiene a su cargo.

Departamento administrativo:

La reorganización de los servicios encomendados a la Secretaría, determinó un incremento considerable en las labores administrativas. 

El movimiento de correspondencia superó en el primer semestre de este año todo procedente y se elevó a más de mil piezas diarias.

El simple manejo de este número de comunicaciones requería personal en exceso numeroso, si no fuera por el grado de eficiencia y actividad que se exige del personal y la economía de tiempo que se ha adoptado como sistema en todos los trabajos.

Así se ha hecho posible que el Departamento Administrativo de la Secretaría registre un ahorro de 7 por ciento, es decir, de $118,200.00, sobre los sueldos autorizados por el presupuesto respectivo de este año, economía que se ha alcanzado en los primeros seis meses que llevan de implantados los métodos de dirección y contabilidad ahora en uso, simples en su mecanismo y analíticos en sus resultados.

En los archivos, base de toda tramitación expedita, se ha emprendido una organización que simplifica la compleja variedad de los asuntos que despacha la Secretaría.