ACUERDO NACIONAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
(Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de Mayo de 1992)
I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo al que aspiramos
los mexicanos entraña fortalecer la soberanía y la presencia de nuestro país en
el mundo, una economía nacional en crecimiento y con estabilidad, y una
organización social fincada en la democracia, la libertad y la justicia. Estos
son objetivos que exigen una educación de alta calidad, con carácter nacional,
y con capacidad institucional que asegure niveles educativos suficientes para
toda la población. Asimismo, precisan la reafirmación y el acrecentamiento del
compromiso del Estado mexicano con la educación pública. Este documento
contiene el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que
suscriben el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las entidades
federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación.
La estrategia de modernización
del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren los cambios en el
orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida nacional, este
trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los
niveles de gobierno entre sí y supone, en general, una participación más
intensa de la sociedad en el campo de la educación. En esta articulación
moderna del Estado y la sociedad, los vínculos entre escuela y comunidad
adquieren una importancia especial. De acuerdo con el legado de nuestro
liberalismo social, la educación debe concebirse como pilar del desarrollo
integral del país. El liberalismo social ofrece las pautas de una educación
pública de calidad, que prepare a los mexicanos para el desarrollo, la libertad
y la justicia.
Es indispensable, entonces,
consolidar un sistema educativo nacional con responsabilidades afines a nuestro
federalismo, con contenidos educativos pertinentes a la formación de mejores
ciudadanos. La modernización hace necesario transformar la estructura,
consolidar la planta física y fortalecer las fuentes de financiamiento de la
acción educativa. Es indispensable propiciar las condiciones para un
acercamiento provechoso entre los gobiernos locales, la escuela y la vida
comunitaria que la rodea.
En esta tarea, habrán de
desempeñar un papel esencial tanto los maestros y su organización gremial, como
los padres de familia.
El Gobierno Federal, los
gobiernos estatales, el magisterio nacional y la sociedad se proponen
transformar el sistema de educación básica -preescolar, primaria y secundaria- con el propósito de asegurar a
los niños y jóvenes una educación que los forme como ciudadanos de una
comunidad democrática, que les proporcione conocimientos y capacidad para
elevar la productividad nacional, que ensanche las oportunidades de movilidad
social y promoción económica de los individuos, y que, en general, eleve los
niveles de calidad de vida de los educandos y de la sociedad en su conjunto.
Este Acuerdo Nacional se
concentra en la educación básica. Esta comprende los ciclos fundamentales en la
instrucción y formación de los educandos, preparatorios para acceder a ciclos
medios y superiores. En ellos se imparte el conjunto de conocimientos
esenciales que todo ciudadano debe recibir. A las consideraciones, medidas y
programas que contiene este Acuerdo se ha añadido la educación normal porque es
la que capacita y forma el personal docente de los ciclos de educación básica.
La evidencia histórica y las experiencias recientes demuestran que la
correlación entre una educación básica de calidad y la posibilidad de
desarrollo es muy fuerte. La educación básica impulsa la capacidad productiva
de una sociedad y mejora sus instituciones económicas, sociales, políticas y
científicas, puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social, a
promover una más equitativa distribución del ingreso, a fomentar hábitos más
racionales de consumo, a enaltecer el respeto a los derechos humanos, en
particular el aprecio a la posición de la mujer y de los niños en la comunidad,
y a facilitar la adaptación social al cambio tecnológico. Además, una buena
educación básica genera niveles más altos de empleo bien remunerado, una mayor
productividad agrícola industrial, y mejores condiciones generales de
alimentación y de salud, y actitudes cívicas más positivas y solidarias.
El Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica recoge el compromiso del Gobierno Federal,
de los gobiernos estatales de la República y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, de unirse
en un gran esfuerzo que extienda la cobertura de los servicios educativos y
eleve la calidad de la educación a través de una estrategia que atiende a la
herencia educativa del México del siglo veinte, que pondera con realismo los
retos actuales de la educación, que compromete recursos presupuestales
crecientes para la educación pública, y que se propone la reorganización del
sistema educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos,
y la revaloración de la función magisterial.
II. ANTECEDENTES
La educación es ámbito decisivo
para el futuro de la Nación. La acción educativa del gobierno y de la sociedad
es una de nuestras grandes prioridades. Existe un claro consenso acerca de la
necesidad de transformar el sistema educativo. Ese reclamo social, extendido
tanto en la geografía del país como entre los sectores de la sociedad, es por
una educación de calidad. La aspiración es esencial, además, para cumplir
cabalmente con el Artículo Tercero Constitucional cuyo mandato es por una
cobertura suficiente, una mejoría constante en la calidad de la educación a
partir de la obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y gratuito de la
que imparte el Estado, su dimensión nacional y su sustento en el progreso
científico.
La vocación educativa de México
ha significado una preocupación nacional, permanente y prioritaria desde la
creación, en 1921, de la Secretaría de Educación Pública. Detrás de las
demandas enarboladas en 1910 por democracia, igualdad y justicia, estuvo
siempre el anhelo de oportunidades educativas. La estrategia en los primeros
años de vida de la Secretaría de Educación Pública fue multiplicar escuelas,
obtener un amplio concurso colectivo en las tareas educativas prioritarias,
articular el esfuerzo de los estados y los municipios; en una palabra diseñar
una educación pública nacional.
En el lapso de siete décadas
prácticamente se generalizó el ingreso a la educación primaria, se realizaron
verdaderas cruzadas de alfabetización que llevaron las primeras letras a casi
todos los rincones del país, se construyeron decenas de miles de escuelas, se
crearon los libros de texto gratuito, se amplió la educación secundaria y
fueron establecidos centros de educación básica para adultos. También en ese
periodo se multiplicó el número de facultades y centros de investigación de la
Universidad Nacional Autónoma de México, se abrieron universidades en todas las
entidades de la República, y se inició el desarrollo de la educación
tecnológica con la fundación del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo y
ancho del país han proliferado museos, salas de conciertos, galerías, teatros,
casas de cultura, bibliotecas públicas e instalaciones deportivas.
Cada generación ha impreso a la
tarea educativa el sello justo de su tiempo. De ahí que, con razón, hablemos de
una auténtica hazaña educativa en el siglo veinte mexicano. Desde 1921, la
educación pública ha sido fundamental en la construcción del país que hoy es
México.Las cifras de esta hazaña son impresionantes. De 1921 a la fecha se ha
logrado un avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio pasó de un
grado a más de seis, el índice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por
ciento, uno de cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños
tienen acceso a la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la
primaria es de alrededor del 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados
tienen acceso a la enseñanza secundaria. Se ha establecido una compleja red de
modalidades y planteles en todos los niveles.
En educación primaria están
inscritos más de 14 millones de niños, y en secundaria más de 4 millones.
Tan sólo en los diecinueve años
de vigencia de la actual Ley Federal de Educación, el número de alumnos paso de
13.7 a casi 26 millones; el de maestros de 419 mil a poco más de un millón 100
mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 mil.
En esta hazaña educativa
corresponde un mérito sobresaliente al magisterio nacional. Los maestros
mexicanos del siglo veinte han dejado constancia de su dedicación, sus
conocimientos y la nobleza de su labor. El maestro ha sido y deberá seguir
siendo el protagonista de la obra educativa del México moderno.
III. LOS RETOS ACTUALES DE LA
EDUCACIÓN
El gran esfuerzo educativo
mexicano ha mostrado que es capaz de contender con los problemas de cobertura
de la educación básica, incluso ante una demanda enormemente acrecentada por la
dinámica demográfica. Sin embargo, con miras al nuevo milenio y ante los
desafíos del mundo en que vivirán nuestros hijos, es preciso reconocer la
limitaciones que está mostrando hoy el sistema educativo nacional.
No obstante los avances, el reto
de la cobertura educativa subsiste. Los resultados del XI Censo General de
Población y Vivienda, relativos al año de 1990, permiten apreciar limitaciones
muy serias de la cobertura educacional en lo que se refiere a alfabetización,
acceso a la primaria, retención y promedio de años de estudio, y esto acentuado
con disparidades regionales muy marcadas.
La calidad de la educación básica
es deficiente en que, por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado
de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores
necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en
condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al
desarrollo del país.
Muchas de las grandes tareas
educativas de las generaciones de este siglo implicaron una concentración -y
hasta una centralización- de esfuerzos. Hoy, el esquema fuertemente concentrado
no corresponde con los imperativos de modernización. Debe cambiar, por lo
tanto, para atender con eficacia las nuevas exigencias del desarrollo nacional.
El sistema educativo en su conjunto muestra signos inequívocos de
centralización y cargas burocráticas excesivas. Se ha distanciado
crecientemente la autoridad de la escuela con el consiguiente deterioro de la
gestión escolar, y se ha hecho más densa la red de procedimientos y trámites.
La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no está siendo cabalmente
compartida por la escuela, los padres de familia y la comunidad.
En la práctica, prevalece una
cierta ambigüedad en las atribuciones educativas que conciernen a los niveles
de Gobierno Federal, estatal y municipal. En muchos sentidos, hemos llegado al
agotamiento de un esquema de organización del sistema educativo trazado hace ya
70 años.
Sin embargo, sería erróneo
atribuir la totalidad de los problemas del sistema educativo a la
centralización. No debemos ignorar que, por razones muy diversas, durante
varios años y hasta antes del inicio de la actual Administración, las
condiciones financieras del país causaron una prolongada escasez de recursos
que limitó el quehacer educativo y erosionó los incentivos y la capacidad de
motivar al magisterio nacional.
Para atender los retos
educativos, es importante distinguir dos campos de acción: por una parte, aquel
que, pese a ser ajeno al sistema educativo, incide fuertemente en su desempeño,
y es el que comprende factores inherentes al desarrollo general del país que
suelen contribuir a la eficacia del proceso educativo y que, a la vez, son
influidos por él. Entre ellos destacan el nivel y el crecimiento del ingreso
per capita, la distribución del ingreso nacional, el acceso a servicios básicos
como salud, vivienda, energía eléctrica, agua potable, y la calidad de la
alimentación de niños y jóvenes. Por ello, toda la política económica y social
del Estado mexicano tiene que estar llamada a colaborar decisivamente en el
mejoramiento de la educación publica. El otro campo incluye los factores
propiamente del sistema educativo, que son a los que se refiere este Acuerdo
Nacional.
Las tareas educativas que debemos
acometer demandan, en primer término, el sostenimiento de la política que, en
años recientes, ha significado la
asignación de recursos crecientes al sector de educación. Durante los primeros
cuatro años de la presente administración, el gasto en educación del Gobierno
Federal se habrá incrementado en más del 70 por ciento, en términos reales.
Algo semejante ha ocurrido con el gasto de los gobiernos estatales. La
expansión del gasto público en la educación habrá de proseguir durante muchos
años, hasta que se logre contar con el sistema educativo que demanda el
desarrollo nacional. En este sentido, una política fundamental para lograr la
modernización de la educación básica es el compromiso de los gobiernos federal
y estatales de continuar incrementando, a tasas considerablemente superiores a
las del crecimiento del producto interno bruto, su gasto en educación.
Si bien el aumento en los
recursos es una condición necesaria para elevar la calidad del sistema
educativo, no es, por sí mismo, condición suficiente. En efecto, una mayor disponibilidad
de recursos significa la ampliación de la cobertura educativa, pero no implica
necesariamente el mejoramiento en la calidad de la educación; incluso, su
efecto en la cobertura puede ser insatisfactorio si los recursos se vierten a
través de un sistema que los utilice inadecuadamente. Por ello, es
indispensable que el aumento de recursos previstos para los próximos años, vaya
acompañado de la aplicación de estrategias que tengan efectos favorables en los
otros puntos neurálgicos del sistema educativo.
Entre estos, hay dos que con base
en la experiencia de México y otros países, revisten una enorme importancia
para la calidad educativa, y que por tanto deben recibir atención prioritaria.
Ellos son: los contenidos y materiales educativos, y la motivación y
preparación del magisterio.
También es de gran importancia
rectificar la tendencia manifiesta en los últimos años a reducir el número de
días efectivos de clases en el año escolar. Como primer paso, a partir del
próximo ciclo escolar se procurará un incremento equivalente por lo menos al
diez por ciento en los días escolares efectivos, lo que puede lograrse evitando
días sin clase distintos a los que fija el calendario escolar oficial.
Pero más recursos, más días
efectivos de clase, programas idóneos, mejores libros de texto y maestros
adecuadamente estimulados, podrían tener efectos imperceptibles en la cobertura
y calidad educativa, si no se dan a través de un sistema que supere los
obstáculos e ineficiencias del centralismo y la burocracia excesiva que aquejan
al sistema educativo nacional. Por eso es importante que la otra línea
fundamental de la estrategia sea la reorganización del sistemaeducativo.
Por lo anterior, este Acuerdo
Nacional entraña, en primer lugar, el compromiso de reconocer en la educación
uno de los campos decisivos para el porvenir de la Nación, así como reiterar la
vigencia del concepto de educación nacional, labrado en el curso de nuestra
historia, y del ejercicio de las facultades y atribuciones que competen a la
Secretaría de Educación Pública para hacerlo efectivo.
Dicho compromiso se expresa en
continuar otorgándole a la educación la más alta prioridad en la asignación del
gasto público. Se asume también el compromiso de atender, con sustento en una
creciente canalización de recursos públicos, tres líneas fundamentales de
estrategia para impartir una educación con cobertura suficiente y con calidad
adecuada: la reorganización del sistema educativo, la reformulación de
contenidos y materiales educativos, y la revaloración social de la función
magisterial.
Este Acuerdo Nacional está
inspirado por el propósito fundamental de elevar la calidad de la educación
pública, pero los programas y acciones que aquí se formulan tendrán también el
efecto de promover y mejorar la calidad de la educación que, con apego a las
disposiciones vigentes, imparten los particulares. En efecto, del Acuerdo se
derivarán planes y programas de estudio tendientes a una mayor calidad y, a
través de mejores escuelas públicas, se establecerán referentes de una mayor
jerarquía y competitividad educativa para la escuela privada.
IV. LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Para llevar a cabo la
reorganización del sistema educativo es indispensable consolidar un auténtico
federalismo educativo y promover una nueva participación social en beneficio de
la educación. Federalismo educativo Desde el Constituyente de 1824, y en
afinidad con los postulados del liberalismo, el régimen federal ha sido la
organización política natural de nuestro país para lograr, en la rica
diversidad de sus regiones, la unidad nacional. Esta organización fue
ratificada y enriquecida por la Constitución Política de 1917. En el siglo
veinte el sistema federalista ha sido el medio para conjuntar objetivos,
aglutinar fuerzas y cohesionar labores. En razón de estas virtudes políticas,
recurrimos al federalismo para articular el esfuerzo y la responsabilidad de
cada entidad federativa, de cada municipio y del Gobierno Federal, en nuestro
propósito de alcanzar una educación básica de calidad.
Al igual que en tantos otros
aspectos del proceso de modernización que recientemente hemos emprendido los
mexicanos, gobierno y sociedad buscamos afianzar la plena vigencia del espíritu
y la norma constitucional. La Constitución dispone que el Congreso de la Unión,
con el fin de unificar y coordinar la
educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a
distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los
Municipios. En cumplimiento de ese precepto constitucional, el Congreso de la
Unión expidió, entre otras, la Ley Federal de Educación. En este marco jurídico
expresamente se señala que la prestación de servicios educativos es una de las
actividades de la función educativa en la que hay concurrencia de la Federación
de los Estados y los Municipios. Consecuentemente se dispone que la Federación
podrá celebrar con los estados y los municipios convenios para coordinar o
unificar dichos servicios. Este Acuerdo Nacional; fortalece la observancia del
régimen legal existente ajustándose a la concurrencia de atribuciones
previstas.
A fin de corregir el centralismo
y burocratismo del sistema educativo, con fundamento en lo dispuesto por la
Constitución General de la República y por la Ley Federal de Educación, el
Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República
celebran en esta misma fecha convenios para concretar sus respectivas
responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica
y de educación normal. De conformidad con dichos convenios y a partir de ahora,
corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los
establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública ha
venido prestando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los
servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de
maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de
educación especial. En
consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal
recibe, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter
técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles,
con los que la Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el estado
respectivo, hasta esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como
los recursos financieros utilizados en su operación.
La transferencia referida no
implica de modo alguno la desatención de la educación pública por parte del
Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal vigilará en toda la República el
cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional, así como de la Ley Federal de
Educación y sus disposiciones reglamentarias; asegurará el carácter nacional de
la educación y, en general, ejercerá las demás atribuciones que le confieren
los ordenamientos aplicables. Es importante destacar que el carácter nacional
de la educación se asegura principalmente a través de una normatividad que sea
observada y aplicada de manera efectiva en todo el territorio del país. En tal
virtud, el Ejecutivo Federal promoverá y programará la extensión y las
modalidades del sistema educativo nacional, formulará para toda la República
los planes y programas para la educación preescolar, primaria, secundaria y
normal, autorizará el uso de material educativo para los niveles de educación
citados, mantendrá actualizados y elaborará los libros de texto gratuitos para
la educación primaria, propiciará el desarrollo educativo armónico entre las
entidades federativas, concertará con éstas las acciones necesarias para
reducir y superar disparidades y dará
atención prioritaria a aquellas regiones con importantes rezagos
educativos, establecerá procedimientos de evaluación del sistema educativo
nacional, promoverá los servicios educativos que faciliten a los educadores su
formación y constante perfeccionamiento, y fomentará permanentemente la
investigación que permita la innovación educativa.
La autoridad educativa nacional
se fortalecerá ejerciendo la función compensatoria entre estados y regiones que
nuestros ordenamientos y tradiciones asignan al Gobierno Federal. Así, dicha
autoridad velará por que se destinen recursos relativamente mayores a aquellas
entidades con limitaciones y carencias más acusadas. De igual modo, la
autoridad nacional seguirá diseñando y ejecutando programas especiales que
permitan elevar los niveles educativos en las zonas desfavorecidas o en
aquéllas cuya situación educativa es crítica. Se hará un esfuerzo significativo
en programas que mejoren la eficiencia terminal de la educación primaria y
reduzcan el analfabetismo en las zonas y
entre los grupos de mayor atraso educativo. A fin de ejercer mejor su función
compensatoria, el Gobierno Federal conservará la dirección y operación de los
programas más estrechamente vinculados a ella.
El Ejecutivo Federal se
compromete a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal se
encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de
educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe,
de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con los
compromisos que adquiere en este Acuerdo Nacional. Asimismo, convendrá con
aquellos gobiernos estatales que hasta ahora han aportado recursos modestos a
la
educación, en que incrementen su
gasto educativo a fin de que guarden una situación más equitativa respecto a
los estados que, teniendo un nivel similar de desarrollo, ya dedican una
proporción más significativa de sus presupuestos a la educación.
Cada gobierno estatal, por
conducto de su dependencia u organismo competente, sustituirá al titular de la
Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los
trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al
sistema educativo estatal. Asimismo, los gobiernos estatales, por conducto de
su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para respetar
íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores antes
mencionados. Los gobiernos estatales garantizan que los citados derechos
laborales serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda
obligado con la responsabilidad solidaria en los términos de ley. De igual
modo, las prestaciones derivadas del régimen de seguridad social de los trabajadores
que se incorporen a los sistemas educativos estatales, permanecerán vigentes y
no sufrirán modificación alguna en perjuicio de ellos.
Los gobiernos de los estados
reconocen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el titular
de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de base que prestan
sus servicios en los establecimientos y unidades administrativas que se
incorporan al sistema educativo estatal.
Al convenirse la transferencia
aludida, el Gobierno Federal no se desprende de ninguna de las
responsabilidades que, conforme a la Ley, están a su cargo. Por el contrario,
mediante este Acuerdo Nacional se facilita el cabal cumplimiento de dichas
responsabilidades y quedan establecidas las condiciones para cumplir con otras,
así como para ejercer de mejor manera sus facultades exclusivas. En observancia
del artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de
Educación Pública continuará a
cargo de la dirección y operación de los planteles de educación básica y de formación
de maestro en el Distrito Federal. Corresponde, por tanto, a dicha Secretaría
ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este Acuerdo.
En lo que concierne a los
estados, no adquieren nuevas funciones que actualmente no tengan conforme a la
Ley. La transferencia convenida propiciará que realicen actividades de la
función educativa que la Ley señala como concurrentes y que hasta ahora, en
algunos casos, no han realizado por falta de una delimitación precisa de
responsabilidades. Asimismo, será responsabilidad del Gobierno Estatal proponer
a la Secretaría de Educación Pública el diseño de los contenidos regionales y
su adecuada inclusión en los planes de estudio. Los aspectos regionales de los
contenidos educativos deberán asegurar que los estudiantes adquieran un mejor
conocimiento de la historia y geografía, la diversidad ecológica, las
costumbres y tradiciones del estado correspondiente.
Al igual que en el caso del
Gobierno Federal, todas las responsabilidades que el Acuerdo Nacional y los
respectivos convenios asignan a cargo de los estados, tienen fundamento en
artículos de la Ley.
Al aprovechar nuestra
organización federalista para una plena concurrencia de los niveles de gobierno
en el esfuerzo educativo, se fijan condiciones para una participación más
dinámica y comprometida de los municipios base de la organización política de
la Nación. Con ello se logrará animar un más amplio concurso comunitario en la
escuela, ejercer un control social más eficaz sobre la calidad de la educación,
y responder consensualmente a los problemas y necesidades mas inmediatos de la
escuela. De ahí que, en los términos de este Acuerdo Nacional, se conviene en
involucrar a los municipios en las tareas educativas del futuro y en promover
la creación de concejos municipales de educación, a fin de que exista un órgano
que apoye y fomente de manera eficaz la educación en cada localidad. Los
gobiernos estatales harán lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los
municipios estén directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a
las escuelas sirviéndose de los recursos que, al efecto, reciban del gobierno
estatal y atendiendo a las recomendaciones de dichos concejos municipales.
La nueva participación social. Un
federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social
generarán un nuevo sistema que impulsará decisivamente la calidad de la
educación. La magnitud y la trascendencia de la obra educativa que reclama el
futuro de México entraña la participación de cuantos intervienen en los
procesos educativos: los maestros, los alumnos, los padres de familia, los
directivos escolares y las autoridades de las distintas esferas de
gobierno.Existe amplia constancia de que es aconsejable propiciar un mayor
equilibrio en la participación de los diversos actores del quehacer educativo.
Cada comunidad, y la sociedad en su conjunto, deben participar en forma activa
y creadora en lo que concierne a la educación y, particularmente, en el sistema
educativo del país. Para lograr este propósito, es indispensable fortalecer la
capacidad de organización y la
participación en la base del sistema -la escuela misma-, de los maestros, los
padres de familia y los alumnos.
Articular una vinculación más
estrecha entre el sistema educativo y la comunidad ofrece indudables ventajas.
En primer lugar, la participación de la comunidad en las tareas educativas
permitirá desplegar la energía social para un decidido enriquecimiento de la
educación. En segundo lugar, eliminará la intermediación burocrática entre todos
los actores del proceso educativo; esto es,
redundará en una comunicación más
directa y fluida entre alumno, maestro, escuela y comunidad.
En los términos que fija la Ley
Federal de Educación, y salvaguardando los contenidos y los aspectos
técnicos del proceso educativo,
es conveniente estimular la participación individual y colectiva de los padres
de familia. Así podremos lograr mejores resultados educativos, una mejor
comprensión y un respaldo más efectivo de los padres hacia la labor del maestro
y la escuela, la detección y solución de problemas especiales derivados de la
asistencia, aprendizajes atípicos, problemas de salud, etcétera.
Al contribuir más los padres de
familia en el aprendizaje de sus hijos y en algunos asuntos no técnicos de la
vida escolar, se tiende una red social de interés, motivación y participación
propositiva en torno al proceso educativo de los hijos. Esa red redundará en un
mejor aprovechamiento escolar de los alumnos y en el fortalecimiento del
carácter integral de la educación.
Por último, al impulsar la
participación social en el quehacer educativo se propicia una mayor atención de
la comunidad en el correcto funcionamiento de la escuela, sus instalaciones, su
mobiliario, el material didáctico de que disponen sus maestros, y el
cumplimiento de los planes y programas de estudio. De hecho, una mayor cercanía
de la comunidad con la escuela fomenta formas de apoyo horizontal entre las
familias que coadyuva a reducir los índices de reprobación y deserción de los
niños de la propia comunidad, del barrio o del poblado. En este sentido, una
más amplia participación social en la educación generará niveles más altos de
información acerca del quehacer educativo, avivará el interés familiar y
comunitario por el desempeño escolar, y se traducirá en una verdadera
contraloría social -no coercitiva, sino persuasiva y propositiva- de la
educación.
En consecuencia, mediante este
Acuerdo Nacional se comprometen las voluntades de los signatarios así como de
sus representados, para fortalecer los ámbitos y niveles de participación de la
comunidad en las labores cotidianas de educación y en la reorganización del
sistema escolar. Este sistema habrá de poseer una estructura que parta de la
escuela, el espacio de interacción cotidiana del maestro, el alumno y los
padres de familia, y se extienda a la comunidad municipal primero, hacia la
entidad federativa después, y por último, al conjunto de la Federación. La
nueva estructura organizativa implica el cumplimiento de responsabilidades, el
uso de recursos, la ccon los niveles de gobierno emanados del régimen federal,
y la creación de figuras colegiadas
-consejos escolares, municipales y estatales- en la que estén
representados el maestro, los padres de familia, la comunidad y la autoridad.
Implica también funciones de gestión ante otras autoridades, colaboración y
apoyo. En ningún caso, dichos cuerpos colegiados duplicarán o invadirán las
atribuciones que correspondan a los consejos técnicos, que por Ley deben
existir en las escuelas y que serán fortalecidos a partir de este Acuerdo.
V. REFORMULACIÓN DE LOS
CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOSLos planes y programas de estudio de los
ciclos que corresponden a la educación básica, tienen ya casi veinte años de
haber entrado en vigor y, durante ese lapso, han sido sometidos sólo a reformas
esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y programas fueron resultado de un
esfuerzo muy meritorio y, en muchos aspectos, ciertamente exitoso. Sin embargo,
hoy muestran deficiencias que han sido señaladas por maestros, padres de
familia, miembros de la comunidad científica, la Secretaría de Educación
Pública, así como por los estudios y propuestas del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Para atender la exigencia
generalizada de mayor calidad, es preciso definir con claridad lo que, en el
mundo de hoy y ante los retos del porvenir, constituye una educación básica de
calidad, a fin de formular una política educativa y determinar las acciones del
gobierno y la sociedad que permitan alcanzar nuestros objetivos. En este
sentido, existe un amplio consenso acerca de que es aconsejable concentrar el
plan de estudios de la educación primaria en aquéllos conocimientos
verdaderamente esenciales.
El fundamento de la educación
básica está constituido por la lectura, la escritura y las matemáticas,
habilidades que, asimiladas elemental pero firmemente, permiten seguir
aprendiendo durante toda la vida y dan al hombre los soportes racionales para
la reflexión. En un segundo plano, todo niño debe adquirir un conocimiento
suficiente de las dimensiones naturales y sociales del medio en que habrá de
vivir así como de su persona. En ello, destacan por su importancia, la salud,
la nutrición, la protección del medio ambiente y nociones sobre distintas
formas de trabajo. Asimismo, es preciso que el educando comience a comprender
los principios éticos y las aptitudes que lo preparan para una participación
creativa y constructiva en la sociedad moderna. Esto supone conocer las
características de la identidad nacional y el alcance de los derechos y
obligaciones del individuo, así como una primera información sobre la
organización política y las instituciones del país. Una educación básica
procura, también, un nivel cultural afín a nuestra civilización y a la historia
nacional, y forma la personalidad fundándola en valores como la honradez, el
respeto, la confianza y la solidaridad, que son indispensables para una
convivencia pacífica democrática y productiva.
Estos criterios normarán una
reforma integral de los contenidos y materiales educativos que habrá de
traducirse en la renovación total de programas de estudio y libros de texto
para el ciclo escolar 1993-1994. La implantación de esta reforma culminará
hasta septiembre de 1993 por diversas razones, como por ejemplo que
prácticamente la totalidad de los libros de texto gratuito para el año lectivo
1992-1993 se hallaban impresos desde inicios del presente año.
En la educación preescolar sí es
posible implantar una reforma casi completa desde el próximo año escolar. De
conformidad con los resultados de un diagnóstico pertinente, de la consulta
nacional y las opiniones del magisterio, se ha diseñado un nuevo programa cuyas
características se pueden resumir en que ofrece una mejor articulación con los
ciclos subsecuentes, toma en cuenta la idiosincrasia del niño mexicano,
considera tanto las necesidades nacionales como las particulares de cada región
y organiza mejor los contenidos para un avance gradual y sistemático en el
conocimiento, y aprovecha la participación de los padres de familia y la
comunidad en la educación. La aplicación del programa comprende acciones de
capacitación en las entidades federativas, distribución de materiales de apoyo
para los niños, maestros, directivos y padres de familia, y la puesta en marcha
de mecanismos de seguimiento y evaluación de la práctica docente y el desempleo
educativo en los jardines de niños.
En cuanto a la primaria y la
secundaria, la mejora de su calidad no puede esperar a la reforma integral.
Existe la urgencia compartida por gobierno, maestros, padres de familia y la
sociedad en su conjunto, de actuar con celeridad para obtener resultados
satisfactorios lo antes posible. No se trata de ensayar políticas apuradas o de
llevar a cabo acciones precipitadas. Se trata de emprender programas y acciones
que, con realismo y sencillez pero con claridad de objetivos, comiencen a
atender con eficacia aquellos problemas que más obstruyen la calidad de la
educación. La obtención de buenos resultados en tales programas y acciones
permitirá avanzar con rapidez y comprobar la pertinencia de la estrategia
adoptada, redundará en una creciente confianza y será ununa mayor participación
social. Los programas de aplicación inmediata se han denominado Programas
Emergentes que, en ejercicio de sus facultades normativas nacionales, serán
diseñados y coordinados por la Secretaría de Educación Pública para ser aplicados
por los gobiernos estatales. Con esto se dará un ímpetu inicial al propósito de
fortalecer el nuevo federalismo educativo.
Para la primaria, se aplicará un
Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos,
cuyos objetivos específicos son: (1) Fortalecer en los seis grados el
aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión
oral. Se hará énfasis en los usos del lenguaje y la lectura y se abandonará el
enfoque de la lingüística estructural, vigente desde principios de los años
setenta. (2) Reforzar a lo largo del ciclo el aprendizaje de las matemáticas,
subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular las
cantidades con precisión, y fortalecer el conocimiento de la geometría y la
habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos. En la enseñanza de
la materia se desechará el enfoque de la lógica matemática, también introducido
hace casi 20 años. (3) Restablecer en la primaria el estudio sistemático de la
historia, la geografía y el civismo, en lugar del área de ciencias sociales.
(4) Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
Al no ser posible en el corto
plazo la sustitución generalizada de los libros de texto ya producidos, la
estrategia para cumplir los objetivos señalados consistirá en canalizar la
mayor parte del esfuerzo hacia la información y orientación de los maestros. La
Secretaría de Educación Pública producirá y distribuirá por conducto de los
gobiernos estatales, guías de trabajo para cada una de las materias y grados a
que se refiere este Programa Emergente. El propósito de estas guías es sugerir
al maestro una selección de temas de enseñanza que subraye los contenidos
básicos, secuencias temáticas más adecuadas y, en algunos casos, la supresión
de cuestiones que se juzgan poco pertinentes o que rebasan el nivel de
desarrollo de los niños. Esta estrategia se realizará utilizando los actuales libros
de texto gratuito que se distribuirán a los niños como se ha venido haciendo,
pero que serán empleados con un manejo y una selección temática diferentes.
Junto con esa propuesta temática, se presentarán al maestro sugerencias de
actividades y estrategias didácticas que diversifiquen sus posibilidades en
relación con los temas más importantes. Estas guías no serán un conjunto de
instrucciones rígidas, uniformes y exhaustivas, pues está demostrado que ese
tipo de material es inconveniente y poco útil. Las guías pretenden orientar y
sugerir, en el marco de lineamientos claros, y cada maestro las adaptará a su
estilo de trabajo y a las condiciones de sus alumnos y de su escuela. Además,
la Secretaría de Educación Pública entregará a los maestros, por conducto de
las autoridades locales, libros y otros materiales de la más alta calidad que
amplíen su información sobre cuestiones básicas, en especial las que tienen
ahora un mayor peso o un nuevo enfoque en el plan de estudios.
En el caso de la historia, se ha
estimado conveniente subsanar el insuficiente conocimiento de historia nacional
de los alumnos, impartiendo durante el próximo año lectivo cursos de historia
de
México para los grados 4o., 5o. y
6o. Por tanto, se ha considerado indispensable preparar y distribuir, ya para
el año escolar 1992-1993, dos nuevos libros de Historia de México, uno para el
4o. grado y otro para los grados 5o. y 6o., en virtud de que los libros de
texto de ciencias sociales hasta ahora vigentes son inadecuados para el logro
de los propósitos que se procuran. Para la redacción de estos libros se ha
obtenido la colaboración de distinguidos historiadores del país quienes, junto
con un equipo de maestros y diseñadores, trabajan en una obra de alta calidad
científica, pedagógica y editorial. Esta iniciativa exigirá la edición y
distribución gratuita de seis millones y medio de volúmenes adicionales.
En el marco de este Acuerdo, es
muy satisfactorio informar que el Presidente de la República ha instruido a la
Secretaría de Educación Pública para que declare al ciclo escolar 1992-1993,
Año para el Estudio de la Historia de México.
El Programa Emergente de
Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos confirmará la vigencia
social y educativa del libro de texto gratuito para la educación primaria.
Además, en colaboración con los gobiernos de las entidades federativas se
realizará un esfuerzo especial para mejorar la oportunidad y eficiencia con que
se distribuyen los libros de texto gratuito a las escuelas.
En lo que se refiere al ciclo de
la secundaria, y en respuesta al amplio consenso de maestros, especialistas y
padres de familia, a partir del próximo año escolar y comenzando con el primero
de secundaria, se reimplantará en todas las escuelas del país el programa por
asignaturas, sustituyendo al programa por áreas establecido hace casi dos
décadas. Se reforzará marcadamente la enseñanza de la lengua española y las
matemáticas, aumentando a cinco horas semanales la impartición de clases de
ambas materias en vez de las tres horas, hasta hace poco previstas. En la
secundaria también se restablecerá el estudio sistemático de la historia, tanto
universal como de México, la geografía y el civismo. Conviene precisar que en
respaldo a esta reforma, la industria editorial elabora ya los libros de texto,
basados en el nuevo programa diseñado para este ciclo.
VI. REVALORACIÓN DE LA FUNCIÓN
MAGISTERIAL
El protagonista de la
transformación educativa de México debe ser el maestro. Es el maestro quien
transmite los conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual y debe ser
ejemplo de superación personal. Es él quien mejor conoce las virtudes y
debilidades del sistema educativo. Sin su objetivos centrales de la
transformación educativa es revalorar la función del maestro.
El maestro debe ser uno de los
principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva
participación social en la educación. La revaloración de la función magisterial
comprende seis aspectos principales: la formación del maestro, su
actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el
aprecio social por su trabajo.
Formación del maestro La
reorganización del sistema educativo permitirá a los maestros una mayor
vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos. En virtud de
que, en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos dedicados
a la formación magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal, los gobiernos
de las entidades federativas asumirán la responsabilidad de integrar un
sistema, por cada estado, para la formación del maestro. En uso de sus
atribuciones en materia de normatividad, el Gobierno Federal expedirá los
lineamientos conducentes. De este modo, en cada entidad federativa se
establecerá un sistema estatal para la formación del maestro que articule
esfuerzos y experiencias en los ámbitos de formación inicial, actualización,
capacitación, superación e investigación. En este sentido, la integración de
este sistema fortalecerá los recursos educativos que se destinan a la formación
del magisterio, en particular, la dotación de material y equipo -hasta ahora,
sumamente escaso- y la disponibilidad de mayor atención del personal docente.
Así, habrán de mejorarse bibliotecas, laboratorios e instalaciones para
observación y prácticas.En el caso de la formación profesional inicial, se
diseñará un modelo con un tronco básico general y opciones orientadas a la
práctica preescolar, primaria y secundaria. De esta manera, el maestro tendrá
las bases pedagógicas suficientes para ser flexible y apto ante los cambios de
su mercado de trabajo y, a la vez, capaz de adquirir la profundización
necesaria en el área de su interés principal.
Asimismo, habrá una reforma
curricular a fin de evitar la enorme dispersión de los actuales planes de
estudio y, en cambio, capacitar al maestro en el dominio de los contenidos
básicos. Con ello se rientará a los maestros hacia el aprendizaje continuo e
independiente y hacia una intensa observación y práctica en el salón de clase.
En un plazo razonable, y al cabo de un proceso en el que participe el
magisterio nacional, el Gobierno Federal expedirá los lineamientos necesarios
para reformar la educación normal del país. Dicha reforma deberá comprender la
simplificación de los requisitos y la reducción de plazos de estudio para la
carrera normal.
Actualización capacitación y
superación del magisterio en ejercicioEs preciso llevar a cabo un esfuerzo
especial para motivar al maestro a lograr una actualización permanente y
dotarlo de las condiciones adecuadas que requiere su importante actividad.
En virtud de que apremia la
actualización de conocimientos del magisterio nacional, se conviene el
establecimiento de un Programa Emergente de Actualización del Maestro con miras
a fortalecer, en el corto plazo, los conocimientos de los maestros y de
coadyuvar así a que desempeñen mejor su función. El objetivo es que antes del
próximo ciclo escolar se despliegue un esfuerzo extraordinario para fortalecer
su formación. El Gobierno Federal otorgará los lineamientos, materiales, así
como el apoyo presupuestal y logístico, para que los gobiernos de los estados
emprendan programas emergentes de actualización en sus entidades federativas.
El Programa Emergente de
Actualización combinará la educación a distancia, el aprendizaje en cursos,
sesiones colectivas de estudio e intercambio de puntos de vista, y el trabajo
individual de los maestros. Una vez elaborados los materiales correspondientes,
a partir del mes de agosto, y en forma escalonada, se impartirán cursos de
carácter intensivo destinados tanto a maestros como a directores de escuela y
supervisores. En los cursos se utilizarán las guías, los libros y otros
materiales correspondientes al Programa Emergente de Reformulación de
Contenidos y Materiales
Educativos. Así, el objetivo
general de estos cursos será transmitir un conocimiento inicial, suficiente y
sólido sobre la reformulación de contenidos y materiales para la educación
básica. A partir de esta primera fase, se proseguirá la actualización a través
de actividades de concentración, especial, mediante actividades en los propios
planteles y zonas escolares.
El núcleo de la actualización
emergente se ubicará en los consejos técnicos de cada escuela e involucrará a
los jefes de sector, los inspectores, los directores de las escuelas, los
Consejos Técnicos Estatales de la Educación y los consejos técnicos de sector y
de zona.
Los cursos en el seno de los
consejos técnicos de cada escuela serán complementados con cursos por
televisión que familiaricen a directivos y maestros con los programas
emergentes. Para ello, se pondrá en operación un sistema de transmisión por
televisión, vía satélite, con una red de varios entenares de sedes locales,
equipadas para la recepción y grabación de video y radio. Los gobiernos de los
estados, con el apoyo económico y logístico federal, habilitarán un cierto
número de planteles con antenas parabólicas y aulas con monitores para la
recepción de una nueva señal de televisión de la Secretaría de Educación
Pública.
Salario profesionalDesde el 1o.
de diciembre de 1988 y hasta antes del pasado Día del Maestro, los salarios del
magisterio habían recibido importantes incrementos que significaron para el
maestro comenzar a recuperar su poder adquisitivo. Aun tomando en consideración
que el esfuerzo del pueblo y gobierno de México ha sido enorme, es preciso
admitir que lo obtenido es todavía insuficiente para remunerar y motivar
adecuadamente a los maestros. En consecuencia, el Gobierno Federal y los
gobiernos estatales convienen en continuar esforzándose para mejorar las
percepciones del magisterio. El 15 de mayo pasado, como es habitual en esa
fecha, el Gobierno Federal acordó con el SNTE el otorgamiento de un aumento
adicional. Con ese importante incremento, se alcanza el intervalo de entre tres
y cuatro salarios mínimos, señalado por la propia organización gremial como
salario profesional. Con este nuevo esfuerzo -que hace que en la actual
Administración se haya acumulado un incremento muy sustancial- el salario de la
plaza inicial, que es el más bajo del escalafón docente y que en diciembre de
1988 equivalía a 1.5 salarios mínimos, superará el equivalente a tres salarios
mínimos, y la mayoría de los maestros estará percibiendo un equivalente
superior a 3.5 veces el salario mínimo general del país.
Vivienda De otra parte, a fin de
complementar el salario profesional y contribuir a una mejora importante en los
niveles de vida de los maestros, se integrará un programa especial de fomento a
la vivienda del magisterio en el que se aprovecharán los mecanismos
institucionales de apoyo a la construcción de vivienda y las nuevas
oportunidades de financiamiento a que dará lugar el Sistema de Ahorro para el .
Este programa ofrecerá opciones de construcción y crédito, conjuntará los
esfuerzos de los iversos organismos de vivienda de la Federación y contará con
la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de la
iniciativa privada.
La carrera magisterialA fin de
dar un impulso decidido al arraigo y motivación del maestro, y respuesta a la
demanda del SNTE, el Gobierno Federal y
los gobiernos estatales adoptarán una medida de especial trascendencia: la
creación de la carrera magisterial.
La carrera magisterial dará
respuesta a dos necesidades de la actividad docente: estimular la calidad de la
educación y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material y
de la condición social del maestro. De esta forma, se acuerda el
establecimiento de un mecanismo de promoción horizontal para el personal
docente frente a grupo que enseña en los ciclos de la educación básica.
Su propósito consiste en que esos
maestros puedan acceder, dentro de la misma función, a niveles salariales
superiores con base en su preparación académica, la atención a los cursos de
actualización, su desempeño profesional, y su antigüedad en el servicio y en
los niveles de la propia carrera magisterial.
El nuevo aprecio social hacia el
maestroUn sistema educativo de calidad sólo se consolidará creando una nueva
institucionalidad que enaltezca el ejercicio y la vocación magisterial. A su
vez, una educación de calidad contribuye a valorar mejor la tarea del maestro.
El Gobierno Federal y los gobiernos estatales procurarán el reconocimiento
nacional al maestro mexicano, instituyendo honores, premios, distinciones y
estímulos económicos a su figura y su labor. El Gobierno Federal, los gobiernos
de las entidades federativas, las autoridades municipales y la sociedad en su
conjunto seguirán realizando un gran esfuerzo para garantizar que el maestro
mexicano disponga de las condiciones materiales que exige el eficaz desempeño
de su actividad. El fortalecimiento del federalismo educativo permitirá la
adopción de mecanismos complementarios para estimular y premiar al
maestro.Asistimos a un momento decisivo de nuestra historia en el que el cambio
es el signo del tiempo. Los mexicanos hemos decidido modernizar nuestro país.
La transformación educativa se inscribe en esa estrategia. Con ella daremos
respuesta a las necesidades del futuro con el ritmo que demanda el mundo
contemporáneo, y aseguraremos una modernización que fortalezca nuestra
identidad nacional en el marco de una creciente prosperidad general.
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